Las encuestas se han convertido en uno de los instrumentos de mayor utilización en el desarrollo de los procesos electorales federales y locales. Desde hace varios lustros, no hay analista, medio de comunicación, menos aún, estrategas de campaña o políticos, que no usen cotidianamente alguna encuesta o sondeo de opinión, exhibiendo, manipulando u ocultando las predicciones de posibles resultados en las contiendas para los distintos cargos de elección popular.
Al menos durante las campañas, los resultados de encuestas aparecen todos los días y se convierten en uno de los temas de mayor centralidad en la deliberación política cotidiana, donde la tradicional pregunta ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy?, y los resultados de su medición, se han convertido en el hilo conductor de la argumentación y la base para que, desde el día uno de la campaña, en muchos casos, la candidatura puntera se declare ganadora buscando construir una verdad, casi irrefutable.
Como ciudadanía, somos objeto de la avalancha diaria de resultados de encuestas que nos dicen qué piensan las personas consultadas sobre las candidaturas y partidos en competencia. El hecho concreto es que también se han convertido en una de las principales herramientas de estrategia electoral, a grado tal que Morena, como partido en el gobierno y fuerza mayoritaria en el país, tiene su propia área de encuestas, mientras que los demás partidos tienen casas encuestadoras que les trabajan casi en forma exclusiva.
La legislación vigente en México establece obligaciones específicas a las casas encuestadoras buscando que se ciñan a un principio de máxima publicidad para que el electorado pueda valorar la calidad de los instrumentos que se publican y disponga de elementos que le permitan razonar el voto que emitirá en las urnas. De cada levantamiento, se debe entregar el estudio completo al Instituto Nacional Electoral detallando la metodología utilizada, indicar fechas de aplicación, cuestionario usado, margen de error, mecanismo de tratamiento de preguntas no contestadas, además de señalar costos e indicar quién solicitó el estudio.
En este contexto, no debe soslayarse que la publicación constante de encuestas que indican ventajas importantes de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez dio motivo a que el PRD solicitara una investigación sobre encuestas de las empresas RUBRUM, Fredy Oliviery, Guruchuirer y META24, misma que fue desechada por áreas técnicas del INE en las que no participan las consejerías. Dicho desechamiento fue impugnado y el miércoles pasado, el Tribunal revocó la decisión señalando que no hubo una revisión exhaustiva en cuanto al objeto principal de la queja, el cual consistió en evidenciar la difusión de encuestas y sondeos de opinión que, según el partido impugnante, no cumplen con la normativa aplicable. Además, ordenó realizar todas las diligencias de investigación para esclarecer sobre su posible irregularidad.
Más allá de que no se puede determinar a ciencia cierta cuál es el efecto concreto del ininterrumpido bombardeo de mediciones obtenidas de encuestas en los votos que se depositen en las urnas durante la jornada electoral, la decisión del Tribunal es de gran relevancia para que el INE constate si dichos ejercicios demoscópicos se apegan o no las normas que los regulan. Se trata de una investigación sobre un asunto crucial de los procesos electorales. Las encuestas no deben ser un instrumento de manipulación y menos de confusión. Veremos qué informa el INE una vez que concluya la investigación.
