En un mundo globalizado, la movilidad laboral se convierte en una característica fundamental de la economía mundial donde los trabajadores más cualificados y ambiciosos buscan oportunidades en el exterior, impulsados por salarios más elevados, mejores condiciones laborales y de desarrollo profesional. Es decir, que los países compiten por atraer y retener el talento, que en muchos casos se ha generado en otros de los que emigran por la falta de atractivo.
Según el INE, el número de españoles residiendo en el extranjero, a finales de 2022, estaba cercano a los 2,8 millones de personas, un dato creciente, año tras año, y que seguramente es inferior al real, pues no todos los que residen fuera están registrados. La situación es, cada vez, más preocupante pues, en los últimos 10 años, la cifra casi se ha duplicado, lo que muestra un proceso grave de descapitalización del talento, la base para la mejora de la productividad, la competitividad, la innovación y la creación de riqueza.
Por ello, el Gobierno ha anunciado recientemente la preparación de un plan, al que califican de estratégico, para hacerlo más atractivo, con el objetivo de facilitar el regreso de casi 1,7 millones de españoles que se encuentran trabajando en el extranjero. Todo un reto para un país con la mayor tasa de paro de la OCDE y un mercado de trabajo muy precario, junto a la presión fiscal creciente, que pretende repatriar el capital humano nacional que se ha consolidado en otros países y que ha echado raíces, junto a su familia. Si además de la fuga de talento, se promueve la fuga de capitales, es decir, de inversiones y grandes empresas, que son las que contratan a los más cualificados, estamos ante la tormenta perfecta, que intensifica el problema.
Lo grave es que se pretende realizar mediante unas ayudas insuficientes y temporales que son paños calientes que abordan pobremente las consecuencias y no atacando de raíz las causas estructurales de esta fuga de talento que limita nuestra capacidad productiva. Aparte del tedioso papeleo, un ejemplo es el subsidio para emigrantes retornados que ofrece el SEPE, consistente en un pago mensual y temporal del 80% del IPREM, es decir, 480 euros, siempre y cuando no retorne de un país de la UE.
Si algún político cree que un empleado muy cualificado que hizo sus maletas y que tiene un trabajo estable con un salario 3 o 5 veces superior al de España y que tiene unas amplias oportunidades de desarrollo profesional en un mercado de trabajo con tasas de paro inferiores al 4-5%, y su vida encauzada, va a dejar todo eso, por volver a España, es muy iluso, porque no sabe cómo funcionan los mercados, a menos que el objetivo sea crear nuevos centros de coste en algún Ministerio, organismos regionales o locales.
Al igual que las empresas buscan retener el talento y fidelizar a los clientes, los gobiernos deberían hacer lo propio, no malgastando los presupuestos en ayudas mediocres que son ineficaces sino facilitando el caldo de cultivo para que las empresas y los inversores apuesten por nuestra economía, posibilitando que nuestro talento no tenga que huir y nuestro mercado de trabajo sea lo suficientemente atractivo para ellos.
No es el primer plan que se elabora, ni será el último, pero la historia muestra que la eficacia de este tipo de medidas es casi nula. Y con los mimbres que nos vayan quedando tendremos que hacer los cestos con los que luego habrá que pagar las pensiones de una población, cada vez más envejecida y con mayores necesidades de cuidados.
