Cuando el Gobierno apenas había cumplido sus primeros 100 días de Legislatura se produjo un cambio de guión que no estaba previsto en la sede de Ferraz. La batalla entre ERC y Junts, que ha desembocado en la convocatoria de elecciones en Cataluña para el próximo 12 de mayo. La falta de apoyos del Ejecutivo de Sánchez, atado a los vaivenes de los partidos independentistas, ha provocado la prórroga de los Presupuestos Generales de 2023. Esta decisión acarrea una serie de consecuencias y entre ellas, las que afectan a los funcionarios y a los miles de opositores que llevan años esperando a la convocatoria de las plazas para acceder a un puesto en la Administración.
Ante la incertidumbre por la prórroga de los presupuestos de 2023 y la preocupación sobre la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2024, es esencial recordar que no es la primera vez que se da esta situación. A lo largo de más de dos décadas, hemos visto cómo, incluso en años sin una nueva ley de presupuestos y con la prórroga de la del año anterior, las OEP se han aprobado. Ese fue el caso de la Ley de Presupuestos de 2018, que se prorrogó durante los años 2019 y 2020, y, sin embargo, se siguieron convocando las Ofertas de Empleo Público estatal.
La historia muestra que, a pesar de las prórrogas presupuestarias, se siguen anunciando y ejecutando las OEPs, demostrando la capacidad de adaptación y continuidad de los procesos selectivos en la Administración Pública.
La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 70.2, recoge la obligación anual de aprobar las Ofertas de Empleo Público para garantizar, no solo la solidez de los servicios públicos a la ciudadanía, sino también las oportunidades de crecimiento en este sector, tanto a nivel estatal como autonómico. El año pasado se aprobaron 40.000 nuevas plazas de funcionario en la OEP 2023. Esperamos que este año se alcancen cifras similares.
Y es que la Administración Pública necesita nuevos funcionarios. En los próximos cinco años se jubilarán 43.600 empleados públicos, lo que supone el 22% de su plantilla actual. Y, se amplía el horizonte a 15 años, la jubilación afectaría al 60% de toda la fuerza laboral del sector público estatal. A esto habría que añadir todos los puestos de nueva creación, que también necesitan incorporación de personal.
En este sentido, el Gobierno ha estado buscando fórmulas para incrementar la plantilla de funcionarios lo antes posible. Y, por ello, el pasado 31 de enero, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, anunció que eliminaba la tasa de reposición de funcionarios. Esta tasa suponía un límite a la contratación de personal, algo que puede entenderse en época de crisis, pero en el contexto actual impide el relevo generacional que la Administración pública tanto necesita.
La subida salarial de los funcionarios, pactada con los sindicatos, está garantizada. La negociación estableció un incremento del 2%, que podría consolidarse en un 2,5% conforme a la variación del IPC armonizado. La no aprobación de los presupuestos 2024 no altera esta medida, ya que está programada para entrar en vigor en las próximas semanas, con efecto retroactivo al 1 de enero.
En palabras de Javier Esteban, CEO de la academia online de oposiciones Administraciondejusticia.com, "la estabilidad de los sueldos y la continuidad en la aprobación anual de las ofertas de plazas para futuros funcionarios proporcionan un horizonte de certeza en un contexto de incertidumbre presupuestaria". Esta situación sugiere que, a pesar de los retrasos en la aprobación de presupuestos, el ámbito laboral de los funcionarios y de los opositores permanece estable y prometedor.
