La molestia del presidente López Obrador con Alejandro Encinas se debe a que su obsesión contra los militares por el Caso Ayotzinapa no fue acompañada de pruebas sólidas que le dieran margen de maniobra con el secretario de la Defensa, General Luis Cresencio Sandoval, escribe Raymundo Riva Palacio.
Los pleitos en lo alto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no paran. El último que trascendió a la opinión pública fue la semana pasada, cuando se informó que Gildardo López Astudillo, ‘El Gil’, uno de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, y testigo estelar del caso en el gobierno de López Obrador, interpuso un amparo contra una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud, que aún no se resuelve. Si traducimos a su fase más básica lo que esto significa, es la acción del fiscal Alejandro Gertz Manero en contra del ex responsable del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, cuya investigación, llena de hoyos y pruebas falsas, tienen al presidente chapoteando en el lodo en medio de críticas de todas partes.
La orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía contra ‘El Gil’ es consecuencia de una creciente molestia de López Obrador con Encinas, porque su obsesión contra los militares para meterlos en la cárcel por el Caso Ayotzinapa no fue acompañada de pruebas sólidas que le dieran margen de maniobra con el secretario de la Defensa, General Luis Cresencio Sandoval, cuya contundencia aplacara la molestia de los generales, que consideraban la acción del ex subsecretario, como una cacería de brujas contra las Fuerzas Armadas.
Encinas, en la percepción de Palacio Nacional, está en rebeldía y actuando contra el propio gobierno. Varios de los colaboradores cercanos de López Obrador lo han señalado como el responsable de la violencia de las dos últimas en la Ciudad de México realizadas por normalistas y simpatizantes, además de apoyarlos con recursos económicos, a partir de informes que le ha entregado la Secretaría de la Defensa Nacional. En este sentido, se prevé que el secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, hable en estos días con Encinas para que deje de prender fuego en la pradera seca.
La intención de Encinas, consideran varios de los principales asesores de López Obrador, no es una acción contra él, sino para incrementar la presión contra el Ejército en el Caso Ayotzinapa. El problema es que el esfuerzo que realiza no parte de una base a prueba de la propia posición del Ejército, y desde hace tiempo consideran, incluido el presidente, que el trabajo de Encinas pecó de ideologización y le faltó calidad investigadora.
Encinas, se podría argumentar, fue un ingenuo de quien se aprovecharon personas con mayor inteligencia que tenían una agenda específica para culpar al Ejército de la desaparición de los normalistas con el propósito ulterior de convertir el crimen en un asunto de Estado y llevarlo a tribunales internacionales con lo cual la reparación del daño sería en sumas de ocho o más dígitos. Esto es lo que López Obrador, de manera simulada, ha estado señalando desde hace varias semanas al hablar contra los abogados y activistas alrededor de los familiares de los normalistas.
El señuelo para atrapar a Encinas fue ‘El Gil’, el jefe de sicarios de la banda criminal Guerreros Unidos cuando se cometió el ataque contra los normalistas. López Astudillo fue detenido en Taxco en septiembre de 2015, casi un año después de la desaparición de los jóvenes, y lo acusaron de ser autor material del crimen, así como por secuestro, extorsión y tráfico de drogas. Desde un principio, de acuerdo con expertos en el tema, las dos principales figuras del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, denunciaron que cuando lo detuvieron lo torturaron, maltrataron a su esposa, se realizaron cateos ilegales y los policías se robaron 100 mil pesos. Los dos comenzaron a asesorarlo en todos los actos de autoridad y durante los procesos legales, argumentando que debían liberarlo. Buitrago y Beristáin negaron siempre un favoritismo o protección de ‘El Gil’, señalando que buscaban al final que hablara con ellos sobre la desaparición, y se convirtiera en testigo protegido.
El primer responsable directo de la investigación en el gobierno de Peña Nieto, Tomás Zerón, acusado hoy de tortura de presuntos criminales de los normalistas, lo hizo testigo protegido, que hizo declaraciones a modo que comenzaron a contaminar la investigación. Pero fue hasta que GIEI se incrustó en el equipo de Encinas que reabrió la investigación, a través de Omar Gómez Trejo, que había sido secretario técnico del grupo en el gobierno de Peña Nieto, y que fue nombrado fiscal para el Caso Ayotzinapa, que ‘El Gil’ adquirió un papel relevante.
Buitrago, Beristáin y Gómez Trejo convencieron a Encinas de gestionar el traslado de López Astudillo de una cárcel de alta seguridad a un reclusorio de la Ciudad de México y posteriormente de liberarlo. Convertido en el testigo estrella de Encinas y Gómez Trejo, lo fueron declarando para ir acomodando las versiones para imputar a militares directamente en el crimen. Cuando menos seis veces fue declarado, un número completamente anormal de testimonios y que, de acuerdo con expertos, casi siempre está asociado a la fabricación de pruebas.
La forma como se estaban utilizando las declaraciones de ‘El Gil’ en contra de los militares propició un enfrentamiento entre Gertz Manero y Encinas-Gómez Trejo. El entonces fiscal para el Caso Ayotzinapa renunció al cargo a finales de septiembre, tras esos choques, y después de que la Fiscalía de Asuntos Interno de la Fiscalía General, realizó una supervisión del actuar de la oficina de Gómez Trejo y encontró que se había hecho uso excesivo o ilegal de las declaraciones de López Astudillo al no haberse practicado mayores diligencias para corroborar o desestimar la información que les había aportado.
Luego de la renuncia de Gómez Trejo, en julio de 2023, el GIEI se fue de México y dejó coadyuvar en la investigación del Caso Ayotzinapa. Desde el extranjero siguen operando contra el gobierno de López Obrador, con el apoyo, deliberado o inopinado de Encinas. La orden de aprehensión que buscó la Fiscalía General contra ‘El Gil’, es una señal, para él, que no tiene la protección de la que gozó con Encinas, y para el exsubsecretario, que sus problemas en Palacio se irán incrementando.
