Hay una cosa peor que perder tu casa: que te pase dos veces. Nilda Risueño se dio el primer resbalón en 2012. Hipotecada hasta las cejas por 50 años, pidió a su banco que le perdonara la deuda a cambio de entregar su casa, un pequeño piso de una habitación en el barrio madrileño de Ópera que había comprado con su pareja en 2007 por 240.000 euros. Tenía una letra de 1.300 euros y ganaba 900. Había intentado todo para seguir pagando en solitario después de separarse. La entidad –el banco Sabadell– atendió finalmente a su demanda en 2017 y le proporcionó un alquiler social en otro barrio. Siete años después, esa casa ya no es del banco sino de un fondo de inversión, Promontoria Coliseum Real State, que no quiere a inquilinos como Nilda.
Ni como Penélope. Nereira Penélope López –da su nombre completo, dice, porque ya no le teme "a nada"– pagó una hipoteca durante más de una década hasta que un día de 2015, tras años al límite, ya no pudo más. El banco, también Sabadell, le permitió quedarse en su casa con un alquiler reducido junto a sus dos hijos y su marido. Respiraron. Nueve años después, la rueda vuelve a girar: no hay posibilidad de renovar el contrato, le dice el fondo al que pertenece la vivienda. Se van a la calle.
Esta es la historia de cómo aquellas daciones en pago, una salida desesperada para familias ahogadas en préstamos imposibles de asumir, han desembocado en nuevos desahucios. Las consecuencias de la anterior crisis, la de 2008, siguen azotando la vida de hoy y los que están al otro lado ya no son bancos, sino fondos de inversión "con los que es mucho más difícil negociar", asegura José Sigüenza, uno de los coordinadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Pinto (Madrid).
"El sistema inmobiliario se reorganizó tras la burbuja con la llegada de un conglomerado de agentes inversores que acumulan patrimonio sin que sea muy importante si está o no habitado. Entran en juego unos nuevos actores, los fondos y las socimis, con los que no hemos tratado antes porque estábamos acostumbrados a otro tipo de promotoras", explica Raquel Rodríguez, profesora de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid, que lleva veinte años investigando sobre políticas de vivienda.
El año que Penélope selló la paz con su banco, 2015, otras 10.317 personas en España firmaron una dación en pago. Así se conoce la operación en términos hipotecarios. Se quitaron la losa de la deuda pagando el peaje de quedarse sin casa y de perder lo que habían invertido en ella.
En 2023, 1.144 personas llegaron a un acuerdo de este tipo con su entidad, apenas un 10% de las que lo hicieron hace casi una década, según los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad. "Nunca supimos qué fue de toda aquella población que sufrió un traspiés tan gordo en su vida. Ahora podemos preguntarnos qué pasó, si han salido adelante o han consolidado situaciones de vulnerabilidad", sostiene Rodríguez.
"Cuando la gente llega a este punto está ya muy tocada. Son procesos muy largos, de años, que se viven con mucha tensión. Es revelador ver la euforia cuando se consigue la dación y después el gran bajón", cuenta Sigüeza, que lleva 12 años mirando con lupa hipotecas y contratos de alquiler para ayudar a quien no puede pagarlos. El local donde hacen las asambleas está forrado con fotos de escenas felices de cuando aquel compañero logró la dación o aquella otra consiguió por fin el alquiler social.
A la PAH de Pinto siguen llegando personas que necesitan asesoramiento para negociar una dación en pago. "Estamos viendo casos en que estaban muy avanzadas pero al producirse una fusión de bancos, como Bankia y Caixabank, se han parado y nos están poniendo problemas", describe Sigüenza. No obstante, las plataformas de afectados, los expertos y las cifras acreditan un cambio en la morfología de los desahucios en España, como puede verse en el gráfico siguiente. "El perfil de desahuciado ha cambiado. Las ejecuciones hipotecarias se dan en mucho menor medida, pero existe una amenaza constante de subida de tipos", expone Rodríguez.
La situación no es baladí. De hecho, ha exigido medidas gubernamentales. El Gobierno de España aprobó en 2022 un paquete de ayudas para proteger a los hipotecados más vulnerables. La Asociación Española de Banca responde, a preguntas de este medio, que "la disposición de los bancos es clara para ayudar a las familias en la medida de sus posibilidades en los problemas que tengan" y recuerda las medidas aprobadas por el Ejecutivo en colaboración con las entidades.
La sensación, comparten Risueño y López, es que la historia es interminable. Que la vida las vuelve a poner de nuevo al límite. "A Promontoria les he pedido muchísimas veces que me renueven el contrato, estoy dispuesta a pagarles, pero no les interesa", explica Nilda, cuya última renovación de los papeles se produjo a finales de 2020. La justicia paralizó un primer intento de desahucio. Ahora espera la demanda del segundo. "El acoso es espectacular. Me llaman tres días a la semana, me pasan notas por debajo de la puerta, me dejan cosas en el buzón o me visitan un sábado a las diez de la mañana".
Solvia, la gestora que se encarga de los alquileres de Promontoria, ha preferido no hacer declaraciones para este reportaje, mientras el Banco Sabadell –la entidad que se hizo cargo de los alquileres sociales de las dos inquilinas– asegura que esas viviendas ya no son de su propiedad.
El traspaso entre estas dos empresas no es extraño. Muchos bancos han vendido parte de sus activos más tóxicos –las casas procedentes de desahucios, desalojos o daciones en pago– a fondos buitre especializados en gestionar el riesgo de esos productos. Sabadell, por ejemplo, se deshizo de una gran parte de su capital inmobiliario en 2019 al venderlo a Promontoria, una sociedad en la que la entidad todavía tiene una participación del 20% (aunque está en peleas legales para desvincularse).
Risueño, que ha cumplido ahora los 40, tiene un salario un poco más alto que hace unos años, unos 1.300 euros. "Para ellos no cumplo los criterios de vulnerabilidad, pero ¿sabes cómo está el patio? Quieren volver a especular con esta casa, que habrán comprado por un precio de mierda. Siempre –afirma– quieren ganar".
Penélope, cuya vivienda está en Pinto, asegura que le han ofrecido 3.000 euros por marcharse. Ella sigue transfiriendo 166 euros mensuales al fondo aunque su contrato también está caducado desde 2021. "Sigo pensando que, pese a lo que ha pasado, dejar la hipoteca fue la mejor decisión. Me ofrecieron carencia, quita, préstamos personales... y fui capaz de ver que todo era engordar la deuda. Pagamos 80.000 euros que han ido a ningún sitio durante diez años, pero no podíamos seguir así. Metí, con 23 años que tenía cuando me hipotequé, toda mi juventud en esta casa", recuerda. Risueño firmó su préstamo con 25.
Cuando mira atrás, López sitúa el resbalón definitivo en una deuda inesperada de 6.000 euros de su madre que tuvo que asumir. Llegó en un momento en el que tenían la vida cogida por pinzas. "Esto nos ha llevado a un brote de depresión familiar, casi comunitario, nos ha colocado en nuestro propio límite", interviene José Piguabe, el marido de Penélope.
Ambas familias tienen una situación mejor que la que vivieron hace unos años, pero la incertidumbre no ha dejado de morderles. Penélope está en búsqueda de empleo tras estudiar un grado de formación profesional para abrirse nuevas puertas después de un accidente laboral. La vida de Nilda sigue con el horizonte lleno de interrogantes.
Gráficos de Victòria Oliveres y Yuly Jara.
