Carlos Cruzado (Madrid, 1958) y José María Mollinedo (Jaén, 1964) son técnicos de Hacienda con una amplia carrera en la Agencia Tributaria. Ahora, han plasmado sus conocimientos y su experiencia en un libro en el que tratan de divulgar de manera sencilla los agujeros que tiene nuestro sistema fiscal y que acaban beneficiando a quienes más tienen. Los ricos no pagan IRPF (Capitán Swing) es un ensayo breve que recorre los problemas que tienen las grandes figuras tributarias, pero también analiza cómo los discursos en contra de los impuestos han generado todavía más vías para que los grandes capitales encuentren un escape. Del diseño de nuestro sistema fiscal en la Transición hasta las reformas fiscales frustradas de los últimos años, pasando por amnistías fiscales y leyes con efectos contrarios a los que se buscaba. En elDiario.es conversamos con Cruzado unos días después de desvelar el caso de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
elDiario.es desveló la pasada semana la acusación de la Fiscalía contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental. Este caso surge tras una inspección de la Agencia Tributaria, que a menudo tiene una imagen negativa, ¿Cómo valora el papel de la Agencia en casos como este?
Siempre se habla de filtraciones, pero normalmente, como ha ocurrido en este caso, se conocen cuando llegan al juzgado. En la Agencia Tributaria hay un control de entradas a los temas muy exhaustivo, una obligación de guardar secreto y se monitorea las entradas de los funcionarios. No digo que no pueda haber fugas, pero en este y en otros tantos casos, lo conocemos cuando llega al juzgado.
En este caso de la pareja de Ayuso, si la Agencia Tributaria tiene justificadas estas facturas falsas, quizá no de libro, pero sí que es muy fácil controlarlo. Además con ese dato de que había aumentado muchísimo su facturación y, sin embargo, los beneficios eran más bien escasos. Pues todos estos datos conducen a que en este caso o en cualquier otro similar, salte y se lleve a la inspección.
¿Cómo valora que la respuesta para defender al entorno de Ayuso sea que la Agencia Tributaria es un órgano dirigido por el Gobierno?
Hay que tener en cuenta que ya estamos en otro estado de la situación. La Agencia Tributaria manda la denuncia en enero, pero ya es la Fiscalía la que la ha asumido. Por tanto, ya estamos en el ámbito, si no judicial, prejudicial. La Agencia ha hecho lo que debe hacer, que es cuando ve que hay un delito mandarlo. En este caso, la Agencia Tributaria ve dos elementos: uno es que la cuota defraudada supera los 120.000 euros, y el otro es el dolo. Tiene que observar que hay intencionalidad. En este caso, desde luego, si hay facturas falsas, es evidente que hay dolo.
Adentrándonos en el libro, en el que analizan cómo el sistema acaba beneficiando a quienes más tienen, ¿considera que casos como este, o el de deportistas, empresarios o el propio del rey emérito de algún modo deterioran la imagen y la confianza que tiene el ciudadano de a pie que sí cumple con sus obligaciones?
Cuando hablamos de grandes empresarios, pero sobre todo de políticos, entendemos que deben dar ejemplo con algunos asuntos y muchas veces no es así. Esto incide muy negativamente en la conciencia fiscal de los ciudadanos. Y claro, es algo negativo, porque no anima precisamente al contribuyente de a pie a pagar sus impuestos con tranquilidad, a evitar esos trabajos sin factura. También hay una lectura positiva: los ciudadanos ven que la Agencia Tributaria hace su trabajo. Desde luego el ejemplo es muy malo y es importante para llevar adelante esa necesidad de concienciar fiscalmente a los ciudadanos.
Profundizan en el libro sobre la diferencia de recaudación fiscal que tiene España con otros países europeos, ¿qué le parecen los mensajes de que España es un “infierno fiscal”?
Habitualmente se habla de la idea del infierno fiscal cuando un youtuber se muda a Andorra. Claro, si nos comparamos con Andorra, con un territorio de muy baja tributación, con un paraíso fiscal o un refugio fiscal como ahora ha admitido la la RAE, pues lo sería, pero obviamente nuestro país no es un infierno fiscal. España es homologable en su fiscalidad a la de la mayoría de los países que tienen un Estado de bienestar y que necesitan de una recaudación y de un sistema tributario suficiente para cubrir todas esas necesidades que nuestra Constitución establece en la educación pública, sanidad pública, pensiones, todos los ámbitos de un Estado social y democrático de derecho. Como dice nuestra Constitución, no es un infierno fiscal España, ni muchísimo menos.
En el libro plantea la necesidad de recaudar más de 40.000 millones más para acercarse a Europa. ¿Eso lo ve posible con un sistema fiscal como el que tenemos?
Como el actual no, precisamente es necesario esa modificación. Planteamos la necesidad de una reforma integral en la que coinciden prácticamente todos los expertos. Llevamos desde los años 70 con este sistema fiscal, desde entonces solo ha habido parcheos o retoques, por eso nuestro sistema adolece de la coherencia necesaria. Hablamos de subir o bajar impuestos, pero olvidamos de que esto debería de conllevar un gran acuerdo, un gran pacto de Estado, partiendo de la base de la dimensión del Estado que queremos. Eso tiene unas necesidades y un gasto que tenemos que cubrir con los recursos suficientes.
La diferencia con la zona euro en presión fiscal es de casi cuatro puntos y es importante rebajar ese diferencial producido por una parte por a la economía sumergida y el fraude pero también por la estructura de nuestro sistema fiscal. Por eso llamamos al libro ‘Los ricos no pagan IRPF’, al hilo de esa frase que repitieron por un lado Aznar hace unos años y luego Pedro Sánchez. La mayoría de los expertos mantienen que efectivamente la planificación fiscal de las grandes fortunas, de los grandes capitales, pues hace que tengan muy pocas rentas a tributar en el IRPF. El sistema fiscal necesita tapar esos agujeros y dar coherencia.
Precisamente, el libro toma de referencia el IRPF como arranque del análisis de un sistema que sufre de agujeros. Una de las críticas que se hace es la dualidad del IRPF, en el que las rentas del capital tiene menos tributación que las procedentes del trabajo. ¿Se precisa esa igualación que han planteado PSOE y Sumar en su acuerdo de Gobierno?
Ya ha habido varios movimientos en ese sentido del Gobierno de coalición y sí, la verdad es que parece que deberíamos tender a ello. No siempre ha sido así, antes se gravaban todas las rentas de manera general, pero luego llegaron las decisiones hasta llegar a escalas diferentes como ahora. No tiene mucho sentido y de hecho la propia OCDE, en un informe de España en 2014, ya planteaba, con vistas a una reforma fiscal, que habría que tender precisamente a esa desaparición del doble rasero. Es algo que está ahí y genera situaciones injustas, como que personas que tienen rendimientos importantes del ahorro, pues tributan en mucha menor medida que personas con rendimientos altos de trabajo.
Efectivamente esta dualidad es la que provoca que en las escalas más altas de rentas se pierda la progresividad del IRPF. Si además añadimos la carrera a la baja en Patrimonio o Sucesiones, que gravan más a los más ricos, puede dar la sensación de que todos los cambios que se han hecho desde hace años en España van a reducir la tributación de las grandes fortunas.
Eso es lo que ha ocurrido en España. Cuando se diseña nuestro sistema tributario es el momento en el que en Europa se está instalando el discurso de políticas conservadoras, como las defendidas por Thatcher y Reagan, que básicamente defienden lo bueno que es que las grandes fortunas o empresas tributen menos. Esto también llegó a España, claro. Lo que empezó con partidos conservadores, se contagió a los partidos socialdemócratas. La progresividad de los sistemas empezó a caer y esto lo que ha producido ha sido un incremento de las desigualdades. Ese aumento de la desigualdad es quizá lo que está haciendo cambiar el discurso de algunas organizaciones a nivel mundial, que lo hemos visto muy claro hace unos pocos meses, cuando Reino Unido, la anterior primera ministra, anunció esa bajada de impuestos que causó un estrépito mundial. Aquí a veces no lo percibimos, pero están cambiando las cosas a nivel internacional. Hay un viento que está haciendo cambiar el paradigma de que cuantos menos impuestos mejor. Lo están planteando muchos economistas a nivel mundial: hay que intentar gravar a las a las muy grandes fortunas.
¿Ve por tanto un cambio en la ortodoxia económica en favor de gravar más la riqueza?
Está cambiando, y yo creo que en buena medida es como consecuencia de ese incremento de desigualdades en países desarrollados que supone un problema económico. Lo decía la OCDE hace nada, recomendando aumentar la recaudación del impuesto de Sucesiones. Y sin embargo vemos que luego hay algunos movimientos políticos o de opinión defendiendo que es un impuesto injusto.
Si la Constitución tiene marcado que el sistema fiscal debe de ser progresivo, ¿por qué cree que los discursos que proponen medidas en ese sentido son considerados a veces de antisistema o casi de comunistas?
Es algo que no tiene sentido, en las encuestas del CIS vemos mucha transversalidad y que los ciudadanos mayoritariamente apuestan por el Estado de bienestar, por un sistema de educación pública, incluso como consecuencia de la pandemia, pues la mayoría piensa que hay que dedicar más recursos a la sanidad. Sin embargo, el discurso de algunos partidos va en sentido contrario de lo que dicen sus propios votantes. Eso complica que haya un gran acuerdo sobre fiscalidad y sobre la dimensión del Estado que queremos. Si verdaderamente queremos proteger y potenciar la educación pública, la sanidad pública, las pensiones, eso tiene que conllevar un sistema suficiente. No casa con bajadas de impuestos generalizadas.
Entonces, ¿por qué elección tras elección cala tanto ese discurso en favor de la bajada de impuestos?
Hay una continuidad en ese discurso que hace unos años caló en todos los partidos. Recordamos en el libro la frase de Zapatero, que seguramente ahora no la repetiría, que bajar impuestos es de izquierdas. Y ahora es difícil quizá dar marcha atrás e intentar poner de manifiesto o dignificar el pago de impuestos cuando se ha estado demonizando muchos, muchos años. Porque hablar de bajar impuestos porque sí, pues eso de alguna manera está dando al ciudadano una idea de que los impuestos son malos. Hay que cambiar todos estos aspectos para potenciar una mayor conciencia fiscal.
En esas encuestas que planteaba, se constata que algunos falsos mitos han calado, como que en España se pagan más impuestos que en Europa o que se aporta más de lo que se recibe. ¿Falta ser más explicativos respecto a asuntos fiscales e ir más allá de subidas y bajadas de impuestos?
Sin duda. Habrá algunos impuestos que quizá hay que bajarlos, otros subirlos, pero además, dentro de los impuestos habrá sectores a los que habrá que subirle los impuestos y otros bajarlos. No voy a decir que haya demagogia, pero hay discursos que no encajan con la realidad. Al ciudadano hay que informarle. La transparencia es fundamental. Es algo a lo que hemos llegado un poco tarde.
Sin embargo, los distintos intentos de reforma fiscal, con informes de expertos, se han encontrado siempre con un muro. ¿Por qué cree que es tan difícil que haya avances en ello?
Quizá falta lo que en otros ámbitos muy importantes: políticas de Estado. Y es quizá esa luz larga y no quedarse en el periodo electoral, que muchas veces es lo que está mediatizando estas decisiones. Es lo que ha faltado con el Libro Blanco hace dos años, con la excusa de la crisis de Ucrania se ha quedado en un cajón. Es un informe muy importante, en el cual se analiza con exhaustividad todo el sistema al margen de las propuestas que luego se puedan plantear o no, pero falta voluntad política de querer afrontarlo. Nos jugamos mucho los estados en el tema fiscal.
Cuando se habla de reformas fiscales quizá nos centremos mucho en las subidas y bajadas de impuestos o en la eliminación de beneficios fiscales pero, ¿qué papel debe de tener la inspección y el control de la Agencia Tributaria?
Muy importante. Si comparamos con otros países, nuestro nivel de inspectores o de funcionarios dedicados al control tributario vemos que estamos a la mitad. Y en cuanto al gasto, que a mí me gusta hablar siempre de inversión en Agencia Tributaria, pues nos pasa lo mismo. Por lo tanto, si tenemos la mitad de recursos, pues es normal que tengamos el doble de economía sumergida o de fraude que países con los que queremos compararnos. Ahí también hablamos siempre de falta de voluntad política. En la Ley de Prevención del Fraude de 2021, había dos disposiciones que el Gobierno está incumpliendo. Una de ellas era la elaboración de un informe oficial sobre economía sumergida. La otra plantea que la Agencia Tributaria haga una planificación de recursos humanos y de inversión a medio plazo. Pasa el tiempo y no se toman decisiones importantes.
En este aspecto, da la impresión de que ha sido muy sencillo el control de los salarios o del pequeño fraude fiscal, pero quizá el reto está en los grandes patrimonios o en las multinacionales
Hay que tener en cuenta que el volumen que tiene de información que cruza la Agencia Tributaria cada vez es mayor. Entonces sí que hay o estamos en disposición de poder hacerlo, pero faltan efectivos a nivel prevención del fraude, contar con gente suficiente. Nosotros siempre decimos que aproximadamente un 80% del esfuerzo de la Agencia Tributaria precisamente se dedica a ese control de discrepancias en nóminas, en rendimientos de trabajo, autónomos, pequeñas empresas y pensamos que es necesario desplazar de alguna manera la lupa hacia grandes fortunas, grandes empresas, que por otro lado es donde está el gran fraude. Muchas veces la gente identifica el fraude fiscal con el 'con IVA o sin IVA' del fontanero. Claro que tenemos que empezar también por ahí. Esto ya lo estamos haciendo, pero sin embargo se nos están escapando muchas veces las grandes tramas de fraude de IVA o que se están produciendo en las gasolinas. Bueno, ahí es donde quizá tenemos que hacer un mayor esfuerzo y sobre todo en los grandes entramados societarios de grandes fortunas que no pagan el IRPF. Y no se hace por falta de medios.
Se han tomado medidas que han sido muy efectivas. Por ejemplo, el coto a las sicav que ha hecho desaparecer la mayoría de ellas. ¿La solución está en la legislación o en la inspección?
Hay que compaginarlas. En el tema de las sicav es muy acertado porque llega un momento en que todos los partidos coincidían en plantear medidas para limitar esa utilización privada de una institución colectiva. Esto es lo que necesitamos, grandes acuerdos y plantear esas medidas para evitar que se den situaciones que son injustas. En el libro hemos querido hablar de las dos patas, por un lado, de la necesidad de que ese principio de igualdad y progresividad que plantea la Constitución se lleve a efecto en la estructura tributaria, en las leyes, pero también a través del trabajo de la Agencia Tributaria. Hacienda somos todos, es lo que dice la Constitución y la Agencia Tributaria debería actuar en esa línea siempre.
Por acabar, ¿le da confianza que a nivel internacional esté calando el discurso de que hay que gravar más a las grandes fortunas?
A la vista de la opinión de los ciudadanos y de esta corrientes que estamos viendo a nivel internacional, de esos pequeños pasos que han ido dando organizaciones como la OCDE, el G20, el FMI. Bueno, pues creo que sí va a ser un proceso lento. Hay paradigmas que están empezando a desaparecer y será positivo.
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