Una factura falsa por valor de 922.585 euros ha destapado un negocio fallido de Alberto González Amador en Costa de Marfil. La pareja de Isabel Díaz Ayuso hizo de intermediario en la venta de vacunas, una oportunidad que se le abrió durante una visita al país africano para explorar otros proyectos. La operación consistía en vender dosis de AstraZeneca a 16,9 dólares (15,51 euros), cuando no costaban más de tres euros, a fin de repartirse con su socio más de dos millones en comisiones. Para ello recurrió a la empresa con la que ya había ganado dos millones de euros en 2020 con la compraventa de mascarillas.
El Gobierno de Costa de Marfil frustró el acuerdo por el elevado precio de las dosis, pero González Amador intentó convencer a Hacienda de que el negocio le había provocado unos gastos que en realidad nunca tuvo. La factura de 922.585 euros forma parte de la ristra de documentos falsos que la pareja de la presidenta madrileña presentó ante la Agencia Tributaria para intentar pagar menos impuestos.
El relato de lo ocurrido está contenido en el extenso informe de la Agencia Tributaria que ha servido de base para la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid. Y es el propio González Amador quien da todos los detalles, a través de una carta enviada a la inspección de Hacienda y que se ha incorporado íntegra al expediente judicial.
En ella, González Amador explica que en febrero de 2021 él y el empresario mexicano Maximiliano Niederer trazan un plan para explorar un posible negocio con las autoridades sanitarias de Costa de Marfil, a fin de expandir allí sus proyectos de "excelencia sanitaria". La asesoría para superar controles de sanidad en hospitales era su principal vía de ingresos antes de la pandemia. El Gobierno de ese país no les hace mucho caso, pero pasadas las semanas les trasladan su necesidad de “adquirir vacunas covid-19” y otros medicamentos.
Es entonces cuando se desata una operativa por parte de Maxwell Cremona, la empresa de González Amador, para hacer lo posible por conseguir vacunas y venderlas a Costa de Marfil. Entre abril y mayo de 2021 se producen reuniones a varias bandas entre diversas empresas, todas con González Amador como nexo. Acaban contactando con dos empresas que, creen, pueden conseguir vacunas. Una de ellas es Mape Asesores, con la que ya habían hecho los negocios de las mascarillas en 2020.
Según el relato que hace la pareja de Ayuso a la Agencia Tributaria, Mape “hace una solicitud de vacunas a AstraZeneca” a través de un par de cartas, que se enviaron también a la inspección durante la investigación. En paralelo, González Amador y sus socios viajan a Costa de Marfil para reunirse con las autoridades sanitarias. Esa visita se produce entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 2021.
En el encuentro, el Ministerio de Sanidad les apremia para que consigan las vacunas cuanto antes. Los empresarios empiezan a ponerse nerviosos porque "no hay confirmación" de que se puedan adquirir las dosis a través de una de las compañías que hizo las peticiones a AstraZeneca. En aquel momento los laboratorios no vendían dosis a empresas privadas y solo establecían tratos directamente con los estados.
"Llegamos a la conclusión de que hay que ir por la otra vía", relata González Amador, "ya que en unos días saldrá la licitación". La decisión que toman es presentar a otra empresa –Tec Pharma Europe– a ese concurso con la esperanza de que sea esa compañía la acabe consiguiendo las vacunas para venderlas después a Costa de Marfil. El día de la licitación se acerca, así que los implicados establecen entonces el precio y la cantidad de dosis que se venderían a Costa de Marfil: "Se acuerda un precio de venta unitario máximo de 16,90 dólares". En total, ofertan 2.000.000 de dosis a Costa de Marfil, lo que implica un negocio de 33,8 millones de dólares.
De ese precio había que restar 40 céntimos por dosis para gastos de logística. Y luego las comisiones: Alberto González Amador fijó la suya en un 7,5%, más de 2,5 millones de dólares si se vendían al precio acordado inicialmente, de los que una parte tendrían que ir al mexicano Maximiliano Niederer por sus gestiones. AstraZeneca había empezado a distribuir sus vacunas en febrero de 2021. Como este fármaco se había desarrollado con la Universidad de Oxford era mucho más barato que los elaborados por Pfizer-BioNtech y Moderna: 2,9 euros por pinchazo frente a los 17 o 31 euros de los primeros.
Pero la operación empezó a torcerse. Los primeros documentos que recogen el precio y la cantidad de las vacunas nunca llegan a ser firmados por las autoridades de Costa de Marfil. Hacen una segunda oferta. "Tras varias conversaciones en días posteriores y tras indagar en la competencia, acordamos presentar 15 dólares como precio final”, relata la pareja de Ayuso. En julio de 2021 se presentan a la licitación.
No ganaron el concurso. Las autoridades sanitarias les informaron poco después de que les habían rechazado la oferta por el precio de las vacunas, superiores al de otras empresas que se presentaron.
La explicación del negocio frustrado se acompaña con cartas, emails y hasta fotografías con el ministro de Sanidad de Costa de Marfil, según hace constar el informe. La Agencia Tributaria confiesa su sorpresa ante la cantidad de empresas distintas que intervinieron en el negocio y reconoce que no tiene claro el papel de algunas, ni por qué pretendían cobrar exactamente.
Aunque el trato no salió adelante, González Amador presentó a Hacienda una factura de 922.585 euros de la sociedad Gayani LTD, del empresario mexicano Maximiliano Niederer. En teoría, corresponde a la parte de sus comisiones, pero como nunca se produjo la venta de las vacunas, González Amador en realidad solo tuvo que pagarle 27.000 por diversos gastos.
El empresario, pareja de Ayuso, primero dijo que había aportado la factura porque estaba pendiente de conocer el resultado de la licitación, ya que habían recurrido la negativa de Costa de Marfil. La Agencia Tributaria desmiente esta versión y dice que ya se había resuelto todo: “Queda claro que el 10 de octubre de 2021 ya sabía que no eran los adjudicatarios (…) Nos encontramos ante una factura que contiene una prestación de servicios inexistente y cuya realidad no ha quedado debidamente acreditada”.
Es por esto que la Agencia Tributaria concluye que no se trata de un error, sino que detecta un "patrón organizado" tendente a "evitar la tributación" que le correspondía en los ejercicios 2020 y 2021. Y para ello se sirvió de "facturas que se acreditan falsas o falseadas". elDiario.es ha contactado con González Amador para recabar su versión sobre lo ocurrido, pero no ha contestado.
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