La misma diligencia que llevó a Julián Salto, fiscal del caso de la pareja de Ayuso , a pedir dos años y medio de cárcel para nuestros compañeros Pablo Muñoz y Cruz Morcillo por revelación de secretos –acusación que se retiró un mes después tras «reconsiderar» esa postura la entonces fiscal general Consuelo Madrigal–, debería haber llevado a la Fiscalía a reflexionar sobre el material que aportaba a los medios de comunicación cuando, en su intento de justificar su actuación contra el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, dio a conocer información confidencial enmarcada en el secreto profesional que ampara las comunicaciones de los abogados. En su afán de hacer un relato cronológico de las conversaciones mantenidas...
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