Tras la aprobación en el Congreso de la ley de amnistía la semana pasada, la proposición continúa su tramitación parlamentaria en el Senado y espera esta semana a que el CGPJ se pronuncie. LA RAZÓN ha consultado a juristas y expertos sobre la constitucionalidad de la norma e insisten en que la vía europea se debe seguir reforzando y que hay que mantener la presión internacional sobre la proposición de ley. Como la de la Comisión de Venecia que destacó que todas las amnistías deben cumplir varias premisas que fijan las normas del Estado de derecho: que se aprueben por una mayoría amplia, sin tramitación de urgencia ni como proposición de ley –a fin de evitar que se obvien los controles institucionales habituales– y, en todos los casos, cumpliendo con la Constitución y con las leyes internacionales. Premisas que no se dan en la ley de amnistía.
Por ello, expertos consultados consideran que el texto que ha salido del Congreso es «desolador» especialmente en relación con el delito de terrorismo, cuando plantea la exclusión de «aquellos tratos que no superen un umbral mínimo de gravedad por no resultar idóneos para humillar o degradar a una persona o mostrar una disminución de su dignidad humana, o para provocar miedo, angustia o inferioridad de una forma capaz de quebrar su resistencia moral y física». Para Rafael Arenas, vicepresidente de Impulso Ciudadano y catedrático de Derecho Internacional Privado, esta redacción «me parece profundamente inmoral, más allá de lo jurídico» porque da cobertura a delitos graves cometidos en 2017. «La sociedad española no ha asumido nunca lo que en realidad pasó», subraya.
El experto cree que hemos entrado en una «espiral perversa» porque no se puede asumir que en un estado democrático «se pueda amparar a los delincuentes». Pero esta deriva no se puede entender, señala, «sin incorporar la hostilidad hacia los jueces», reflexiona. «Hubo oídos sordos durante muchos años a quienes alertábamos de la vulneración de principios democráticos en Cataluña, pero esto se ha trasladado al conjunto de España y pasará al conjunto de Europa», apunta Arenas.
Generar conciencia en el exterior será fundamental, sostiene. Por otra parte, destaca la posibilidad de que los jueces que tengan que aplicar la ley puedan plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). «Pero si el juez español viera claro esa contrariedad, debería plantearlo directamente», aunque reconoce la necesidad de mantener la presión internacional sobre este asunto. En esa dirección han ido numerosas iniciativas que se han realizado en el Parlamento Europeo y cartas al comisario de Justicia, Didier Reynders, que ya ha dicho que sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos.
Hay otros puntos importantes que chocan con el Derecho europeo y consolidan la vía internacional. Un ejemplo es el delito de malversación. A pesar de que se indica que solo se perdonarán aquellos que no haya ido al enriquecimiento personal y que hayan financiado el «procés», «al final es la amnistía de un delito de corrupción», concluye el profesor Enrique Gimbernat. «Estoy convencido de que va a haber más de una cuestión prejudicial», señala el catedrático de Derecho penal que considera que la amnistía, en realidad, es una ley particular y singular y, por ello, no solo va contra el principio de igualdad que recoge la Constitución, también contra la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (TEDH).
En cuanto al terrorismo, explica que solo se puede saber si ha habido una violación grave e intencionada de los derechos humanos cuando finaliza la instrucción, no antes. «Me parece que era mucho más favorable la redacción anterior, que decía que la amnistía se aplicaría cuando no hubiera sentencia firme» y recuerda que «en (el aeropuerto de) El Prat ha habido lesiones muy graves contra agentes». Algo similar ocurre con el delito de traición. «Habrá que seguir investigándolo en Cataluña para saber si las conversaciones con servicios secretos rusos suponen una amenaza real o no», avisa Gimbernat. El experto resta importancia que no se mencione el Código Penal. «Se han equivocado porque los delitos de terrorismo que figuran en él han sido transposiciones de las directivas europeas». Nuevamente surge la conexión con la legislación de la UE. Para otros expertos, la vía europea y del TJUE «descolocó» al independentismo cuando comenzó a surgir en foros especializados de juristas y abogados.
Sin embargo, ahora dice que no tiene del todo claro si el TJUE se pronunciará con la contundencia que se espera en España. Lo que sí ve más claro es que las cuestiones prejudiciales pueden tener efectos políticos, sobre todo por los plazos, que pueden desesperar a los líderes independentistas. Y es que, al suspender los procedimientos, inevitablemente se retrasará todo el proceso que está asociado a la amnistía. «Las cosas seguirán como están».
