En los últimos meses, miles de abogados y procuradores mutualistas han denunciado pensiones de 200, 400 o 600 euros al mes, una cantidad “irrisoria y penosa” que no llega a cubrirles todos los gastos y que les obliga a continuar trabajando hasta que sus límites se lo permitan.
Dentro de este colectivo han salido muy perjudicados todos aquellos que han optado por rescatar sus fondos de las mutuas a través de la renta vitalicia, pues se han encontrado con una prestación mensual mucho más inferior de lo que esperaban.
“Me siento estafada”, lamenta Amparo Pi Costa, colegiada en Barcelona y en Vic y mutualista de Mutualidad desde el 1979. “Por suerte, tengo ingresos procedentes de otros sitios porque si no, de mi profesión, después de ejercer durante 41 años, no podría ni vivir”, afirma.
Esta abogada cobra unos 500 euros al mes con la renta vitalicia, sin tener derecho a una subida según el IPC y sin pagas dobles, como sí ocurre en la Seguridad Social. “Dejando aparte la cantidad irrisoria y penosa, queda congelado para siempre”, explica.
Inmaculada Fajardo, colegiada en Granada y también afectada de Mutualidad, no ha podido retirarse todavía pese a haber alcanzado la edad de jubilación. Coincide en sentirse “engañada” por estas entidades aseguradoras, que percibe casi 800 euros, menos de lo que le habían prometido.
“Cómo comprenderá no me da para vivir. Sigo trabajando a día de hoy y no me quiero morir con las botas puestas”, afirma, pues muchos compañeros suyos están enfermando y apenas disfrutan de la vida.
“Creo que como cualquier persona tengo derecho al descanso y a una jubilación digna”, reclama.
Tanto Amparo Pi Costa como Inmaculada Fajardo sostienen que la aseguradora les recomendó hacer aportaciones extraordinarias a sus fondos. Esta última incluso traspasó un pequeño plan de pensiones que tenía en la Caja Rural de Granada a la mutua.
“Si ese dinero lo hubiera metido en un fondo de inversión o me hubiese comprado otro piso estaría cobrando mucho más”, asegura.
Existen tres maneras de retirar los fondos de la mutualidad: todo de golpe, dividido en un tiempo limitado (15 años, por ejemplo) o la renta vitalicia, siendo esta última la que presenta más peculiaridades.
Ya que las mutualidades forman parte del sector de los seguros, las rentas vitalicias se pagan en base a un cálculo actuarial. Esto significa que además de tener en cuenta lo aportado a lo largo de la vida de trabajo, entran en juego otros factores como la esperanza de vida.
Isabel Rabell, abogada y portavoz de los afectados por Alter Mutua, integrados en el Movimiento J2, asegura que las mujeres terminan cobrando menos porque tienen una esperanza de vida mayor.
“La discriminación viene cuando intentas cobrar el capital de manera vitalicea”, analiza la abogada, y añade que esta fórmula de calcular la pensión, al igual que muchos otros temas relacionados con las mutualidades, es desconocida por los afectados.
Fuentes de Mutualidad aseguran a este medio que “cuando una persona pregunta por su jubilación” se le explican todas las opciones “clarísimamente”, incluido el cálculo actuarial.
La mayor crítica que hace Amparo Pi Costa de la mutualidad y por lo cual se siente más traicionada es el hecho de que pensó que estaba pagando para su pensión y no para un “plan de pensiones”.
Ella se colegió cuando todavía era obligatorio para abogados y procuradores contratar una mutua, no tenían la opción de cotizar en la Seguridad Social, y por aquel entonces, afirma, todos los abonados pagaban la misma cuota.
Sin embargo, cuando llegó a la edad de jubilación, se dio cuenta de que lo que había pagado con el objetivo de tener una pensión, era en realidad un sistema de capitalización individual.
“Yo pensaba que era una pensión para cuando uno se jubilara. Luego resultó que lo cambiaron y en lugar de jubilación lo han capitalizado y lo han hecho como un seguro, como quien tiene un plan de pensiones”, explica. E igual que a ella, afirma que a otros compañeros les ha pasado lo mismo.
“Ha habido un engaño no solo de la mutualidad, sino de los colegios de abogados que lo han permitido”, corrobora Inmaculada Fajardo, por su parte.
El pasado 3 de febrero, entre 6.500 y 20.000 afectados por Mutualidad Abogacía, Alter Mutua y Mutualidad de Procuradores salieron a las calles para reivindicar la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), es decir, el traspaso de los fondos en dichos seguros al sistema público.
La marea negra de letrados y procuradores llegó a las puertas del Congreso, donde leyeron un manifiesto en el que pedían al Gobierno que tomara medidas… Y han llegado, aunque no de la forma que el Movimiento J2 pretendía.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció que permitiría la pasarela al RETA solamente a los colegiados antes de 1996, fecha en la que se abrió la opción a cotizar en el sistema público al sector de la abogacía.
El próximo 13 de abril, Movimiento J2 espera volver a llenar las calles de Madrid y reclamar la pasarela para todos.
La ministra también informó de que a partir de 2027, los nuevos colegiados autónomos tendrían la obligación de darse de alta en el RETA.
Según la portavoz de J2, Isabel Rabell, son muy pocos los colegiados que actualmente deciden contratar la Mutualidad sin cotizar en la Seguridad Social, bien porque “la gente joven ya está trabajando por cuenta ajena” o bien porque "entran directamente como autónomos".
Desde Mutualidad afirman que esta medida tampoco va a tener mucho impacto en su solvencia. Confirman que de los 210.000 mutualistas dados de alta, 60.000 son que han decidido que su previsión social radique enteramente en ellos. De manera que el grueso de sus clientes son trabajadores por cuenta propia o ajena que tienen su régimen en la Seguridad Social y, a parte, tienen sus productos contratados.
