Ya lo anunció Isabel Díaz Ayuso hace dos años, en marzo de 2022, cuando salió a la luz el caso de las comisiones de su hermano por intermediar en varios contratos de venta de mascarillas: “Lo que vamos a empezar a hacer es investigar a todos”, anunció en la Asamblea de Madrid. Según ella, las revelaciones sobre su hermano, era un “ensañamiento contra mi familia y contra mí para intentar desgastarme,”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció aquel día que el PP de Madrid se disponía a llevar a la Fiscalía una docena de contratos con siete empresas ante la sospecha de que varios miembros del Gobierno hubieran cometido un delito.
"Les anuncio que el PP va a llevar al fiscalía al menos a siete empresas relacionadas con el PSOE, el entorno del presidente del Gobierno, el señor Illa y la vicepresidenta del Gobierno para saber lo que ha pasado durante la pandemia", dijo entonces Ayuso.
Tanto la presidenta como el secretario general del PP en Madrid apuntaban entonces a Pedro Sánchez, pero también al ministro Salvador Illa, al exministro José Luis Ábalos e incluso a la todavía vicepresidenta Nadia Calviño.
“Hablamos de irregularidades del Gobierno de España que ascienden a 326 millones de euros en 12 contratos”, declaró hace dos años el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. “Son posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias”, explicó Serrano.
Uno de esos 12 contratos es el firmado con FCS Select Products SL, una empresa barcelonesa que, tal y como ha revelado este martes elDiario.es, pagó una comisión de dos millones de euros a Alberto González Amador, pareja de Ayuso. Serrano explicó entonces en la Asamblea de Madrid que esta empresa "ofrece servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas, por lo que no parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato para poder ser un suministrador preferente de mascarillas”.
Si el PP apuntó entonces a esta empresa por posibles vínculos con el ministro Salvador Illa, el perjudicado ha sido finalmente la pareja de Ayuso, tras descubrir Hacienda que no solo había cobrado comisiones millonarias, sino que había empleado facturas falsas para no declarar los ingresos ni pagar los impuestos correspondientes.
