«En la España de 2024, hay responsables políticos que han bloqueado 49 veces la tramitación para poner en vigor la #LeyELA, impidiendo así que seres humanos que no tengan dinero para pagar a personal sanitario mueran asfixiados al no poder sacar un simple moco». Así de tajante se manifestaba ayer Jordi Sabaté, uno de los pacientes de ELA que lucha desde hace años para que una ley que los proteja salga adelante. Pues bien, parece que una vez más, los enredos políticos y la lucha de egos podría ensombrecer la iniciativa del Partido Popular para que, después de casi medio centenar de retrasos, esta protección se haga realidad.
A última hora de ayer, el pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde a la Proposición de Ley Orgánica para la atención integral de las necesidades de las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Se trata de una toma de consideración de la misma que, una vez aprobada, se iniciará el trámite parlamentario oportuno.
La toma en consideración de esta proposición de Ley se lleva a cabo después de las peticiones de las asociaciones de pacientes con ELA para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esta enfermedad. Y es que, echando la vista atrás, durante la anterior legislatura ya se registró en el Congreso de los Diputados el 22 de noviembre de 2021 y en el Senado el 10 de diciembre del mismo año la toma de consideración de la Ley ELA, la cual se aprobó por unanimidad el 8 de marzo de 2022. Sin embargo, el Gobierno mostró su disconformidad en el Senado argumentando que la Proposición de Ley «incidía directamente en los Presupuestos Generales del Estado en vigor», según recuerda Ep.
Por este motivo y posteriormente por las elecciones y formación del nuevo parlamento, se fueron prorrogando medio centenar de veces los plazos establecidos para el registro de enmiendas.
Por este motivo, el Partido Popular se ha propuesto desatascar esta situación y ayer consiguió salvar el primer obstáculo con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, si bien algunos de ellos, como Sumar o Vox, anunciaron que presentarán enmiendas.
«En nuestro país se diagnostica un nuevo caso de ELA cada ocho horas, 700 nuevos casos al año», explicó ayer la popular Ester Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación del partido, quien además denunció el hecho de que «el Gobierno no haya aprobado ya una ley que supondría un coste de 200 millones de euros al año, con un presupuesto consolidado para el 2023 de 436.370 millones».
Ella junto al presidente, Alberto Núñez Feijóo, participaron en un encuentro con pacientes de ELA donde reivindicaron la necesidad de acelerar la tramitación de esta ley. «Tenemos el texto, trabajemos el texto, no podemos perder más tiempo con nuevas tramitaciones», reclamó Muñoz frente a la presentación de un texto alternativo en la Cámara. Y es que, a primera hora de la tarde y a pocas horas de comenzar el debate sobre la ley a propuesta del PP, el PSOE y Sumar registraron una proposición de ley para pacientes con enfermedades neurodegenerativas, que incluirá la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) pero también otras como el alzheimer o el parkinson, para agilizar los trámites de administrativos o las ayudas a electrodependientes. No obstante, el PSOE, como ya había anticipado también Sumar, votaron a favor de la toma en consideración de la ley popular.
El paquete de medidas de la izquierda plantea que se reconozca, a todos los efectos, «una discapacidad en grado igual o superior al 33% a todos los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los de clases pasivas con una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad».
Además, creará un canal rápido para que las personas que hayan sido diagnosticadas de enfermedades neurodegenerativas de rápida evolución y que necesiten atención con urgencia puedan ser valoradas con carácter prioritario y mediante un trámite de urgencia para acceder, en el menor plazo de tiempo posible, a los servicios y prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Esta medida se pondrá en marcha a través de una reforma de la Ley de Dependencia prevista en los próximos seis meses.
