El anclaje de la legislatura recién iniciada a la aprobación de una Ley de Amnistía que ponga definitivamente en marcha los motores del Gobierno de coalición está erosionando a marchas forzadas la capacidad legislativa del Ejecutivo. Desde el principal sindicato del colectivo de funcionarios de nuestro país, CSIF , advierten que este es precisamente el motivo por el cual en este arranque de año se está petrificando el abandono que adolecen los trabajadores del sector público, y avisan al Gobierno de Pedro Sánchez de que si no activa la agenda reformista trazada para la Administración pública se abrirá un nuevo frente, en este caso con movilizaciones de los funcionarios . Concretamente, CSIF advierte al Gobierno de una «primavera caliente» y con movilizaciones si no se inicia una «negociación real» con los representantes del colectivo de empleados públicos para realizar las reformas estructurales necesarias en todos los niveles de la Administración, entre ellas, un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores públicos o la eliminación de la tasa de reposición. «O empieza a haber negociación real en las administraciones públicas o le auguramos a este Gobierno una primavera caliente porque CSIF saldrá a la calle», advirtió este lunes el presidente de CSIF, Miguel Borra, durante una rueda de prensa previa al X Congreso Nacional del sindicato, que se celebrará este jueves en Granada, y en el que se espera que el actual líder del sindicato revalide el cargo. Noticias Relacionadas estandar No El TS pide a Europa que aclare cómo hacer fijos a miles de interinos del sector público Gonzalo D. Velarde estandar No Varapalo de la Justicia europea: insta a hacer fijos a un millón de interinos de la Administración Gonzalo D. Velarde Borra denuncia que la inestabilidad política en España está «opacando absolutamente todo» y no está dejando que exista una «negociación real» entre el Gobierno y los representantes de la Administración Pública, lo que está empezando a repercutir en los servicios públicos que reciben los ciudadanos. «La sensación que tenemos es que como está todo supeditado a que salga adelante la Ley de Amnistía y nosotros lo que le hemos trasladado al ministro José Luis Escrivá y a la secretaría de Estado Clara Mapelli es que los tiempos políticos van por un lado, pero los servicios públicos que reciben nuestros ciudadanos no pueden esperar a ese tiempo», señala como base de las nuevas protestas anunciadas desde el sindicato. Por ello piden a los responsables de la Función Pública en el Gobierno que trasladen a CSIF un calendario de negociación con temas que desde el sindicato han pedido negociar, porque las mesas ya se han constituido con la nueva representación de las últimas elecciones sindicales «Esperamos, de verdad, que sea no tardando mucho, porque si no, en cuestión de 15 días, nosotros empezaremos a dar respuesta», advertía Borra. Nuevo acuerdo salarial Entre las peticiones que el sindicato quiere llevar a la mesa de negociación con el Gobierno, destacan la necesidad de un nuevo acuerdo salarial ante la pérdida de poder adquisitivo del 6% que acumulan los trabajadores públicos desde 2022 y ante un 2024 donde la subida salarial del 2%, acordada por el Gobierno y los sindicatos CC.OO. y UGT, volverá a restar poder adquisitivo a los trabajadores públicos, según CSIF. Por ello exigen al Gobierno «sentarse» para negociar un nuevo acuerdo salarial que permita a los trabajadores del sector público recuperar el poder adquisitivo, que desde el sindicato cifran en una pérdida de más de un 20% desde 2010. «No vamos a aceptar ningún acuerdo que no implique empezar a recuperar todo lo que hemos perdido», avisan. Además, desde el sindicato quieren que este nuevo acuerdo salarial permita recuperar la estructura salarial previa a los recortes fijados en el Real Decreto-ley 8/2010 y la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas, ya que la Administración del Estado «ni siquiera» ha recibido el 0,5% adicional correspondiente a 2023 por haber cumplido el criterio del incremento del producto interior bruto (PIB) por encima de las previsiones del Gobierno. Por ello CSIF propone indexar la subida de los sueldos del personal público a la inflación , para así «por lo menos» conseguir no perder poder adquisitivo. Jornada de 35 horas Asimismo, CSIF quiere implementar la jornada de 35 horas en todo el personal de la Administración, compromiso recogido en los acuerdos de 2018 y que aún está pendiente de implantar en distintas administraciones -una jornada que también han reclamado para el sector privado-, así como la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep) para establecer en la normativa básica aspectos fundamentales para todos los empleados y empleadas públicas. Borra destacaba en rueda de prensa la necesidad de que este Estatuto tenga carácter de norma «cohesionadora y homogeneizadora» del sistema para que no existan diferencias entre las distintas administraciones a la hora de ejecutar normas administrativas y laborales. «Nosotros opinamos que todos los empleados públicos de este país tenemos mismos derechos y mismas obligaciones», subraya. De igual manera, ha insistido en la necesidad de la adecuación de los grupos profesionales del artículo 76 del Trebep, de manera que se actualice las funciones y retribuciones en todos los ámbitos de la Administración Pública. También ha pedido el desarrollo de la Ley de Función Pública para posibilitar la evaluación del desempeño , la carrera profesional para el conjunto de empleados públicos y que se acceda a los distintos puestos de la Administración Pública por carrera administrativa y no por «criterios políticos». Mejoras para la jubilación y temporalidad Además, CSIF busca mejoras en las condiciones de jubilación , tanto del Régimen General como de Clases Pasivas, y la negociación de la jubilación anticipada para determinados colectivos por la penosidad en el ejercicio de su profesión. También quiere una resolución definitiva al conflicto en la Administración de Justicia , con un acuerdo que reconozca la labor que desarrollan los Cuerpos Generales y Especiales en los términos que el alcanzado con jueces, fiscales y letrados, entre otras cuestiones. En relación a si es posible alcanzar una tasa de temporalidad del 8% al final de 2024, en línea con el compromiso de España con la Unión Europea, Borra ha asegurado que ve «difícil» llegar a ese 8% desde el 30% actual al final de este ejercicio , aunque considera que la temporalidad sí se posicionará en «unas cifras nunca vistas» en el país. «Sí que es cierto, que en estos momentos hay cientos de miles de plazas vinculadas a esa oferta extraordinaria de estabilización del ejercicio 21-22 que van por buen camino, es decir, que están ya esos procesos selectivos suficientemente avanzados y que va a permitir que decenas de miles de personas que en estos momentos están en precario puedan tener su plaza estabilizada de aquí al final de este ejercicio», ha apuntado. MÁS INFORMACIÓN La Administración desoye a Europa y a la reforma laboral con un 30% de temporalidad Al respecto, Borra ha asegurado que se debe acabar con la alta temporalidad en la Administración, para lo que es necesario eliminar «de inmediato» la tasa de reposición, que ha sido la principal causa de que las distintas administraciones hayan abusado de la contratación temporal. Durante la rueda de prensa, desde el sindicato también han destacado la necesidad de que el Gobierno saque adelante unos Presupuestos Generales del Estado de 2024 para poder acometer todas estas demandas.
