Casi nueve meses después de que María José Catalá tomara la vara de mando como alcaldesa de València, sigue siendo una incógnita si mantiene sus labores docentes como profesora asociada de la Universidad Internacional de València (VIU), entidad que privatizó en 2013 como consellera de Educación, momento en el que además su segundo teniente de alcalde y actual portavoz de Vox, Juan Manuel Badenas, era el rector.
Aunque Catalá tiene dedicación exclusiva como alcaldesa, mantiene vigente la compatibilidad que el Ayuntamiento le autorizó el 29 de diciembre de 2022 cuando ejercía de portavoz del PP en la oposición. Pese a todo, nunca ha hecho públicas sus remuneraciones y actualmente como alcaldesa tampoco ha aclarado si sigue dando clases de forma efectiva y si cobra por ello.
Por este motivo, la portavoz socialista, Sandra Gómez, presentó el pasado 6 de febrero una queja al entender que tanto ella como el edil de Vox José Gosálbez, con dedicación exclusiva pero con una compatibilidad autorizada para ejercer como abogado, estaban vulnerando la normativa en materia de transparencia.
Según la denuncia de la concejala socialista, "en la actualidad las obligaciones legales establecidas no están siendo satisfechas por parte del Ayuntamiento de València que omite, basándose en una interpretación restrictiva de su Reglamento de Transparencia que contraviene la literalidad de normas con rango de ley, la obligación de publicar la información económica de los miembros de la corporación".
En el caso de María José Català "como profesora colaboradora en la Universidad Internacional de Valencia y en la Universidad Cardenal Herrera" y en el caso de José Vicente Gosálbez "como abogado por cuenta propia". En ninguno de los dos casos aparecen, "ni han hecho públicas ante el Pleno municipal, las remuneraciones obtenidas por estas actividades en este, ni en ningún otro ejercicio precedente".
A pesar de que en los informes de compatibilidad del secretario se señala que "se debe mantener, tal y como exigen las normas aplicables, la condición de marginalidad respecto a la actividad principal tanto en ingresos, como en dedicación laboral", es imposible que el pleno "pueda analizar en el otorgamiento de dicha compatibilidad la condición de marginalidad requerida sin el conocimiento sobre el volumen de las retribuciones percibidas de estas actividades económicas".
El Síndic de Greuges da un mes de plazo al Ayuntamiento para que remita la información necesaria para contrastar los hechos denunciados y, en especial, reclama "detalle de las medidas adoptadas para publicar la información en el portal de transparencia, de conformidad con lo indicado en el artículo 1.1.a) del Decreto 191/2010, de 19 de noviembre, por el que se regula las declaraciones de actividades y de bienes de los miembros de las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana" según el cual debe incluir la concreción de los "ingresos netos percibidos en el ejercicio anterior a la declaración, con indicación de la procedencia de las rentas".
La portavoz socialista, Sandra Gómez, ha afirmado que "esta nueva investigación del Síndic pone de manifiesto que Catalá puede estar vulnerando el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos y es muy sospechosa esta obsesión que tiene la propia Catalá pero también el resto de miembros de su Gobierno por ocultar una información que paradójicamente el Ayuntamiento exige a los funcionarios".
En opinión de Gómez es una "actitud claramente sospechosa" y "más cuando cada día aparecen nuevas informaciones sobre las investigaciones de la UCO que revelan presuntas mordidas del cuñado de Rita Barberá y que salpican al núcleo duro de Catalá".
Por ello, Sandra Gómez ha insistido en exigir a María José Catalá "mayor transparencia" y que "si no tiene nada que ocultar revele de una vez el salario que percibe como profesora de la universidad que privatizó". "No vamos a permirtir que el Ayuntamiento de València vuelva a los años oscuros de Rita Barberá", ha advertido.
Como informó este diario, como consellera de Educación en 2013, Catalá vendió el 70% de la VIU por cuatro millones de euros tras haber invertido el Consell desde su creación 34 millones de euros y su valor se multiplicó a los pocos días de seleccionar la oferta del grupo Planeta Planeta tras aprobar la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca) nuevas titulaciones.
La alcaldesa siempre ha evitado hacer público su sueldo como profesora de la VIU, más allá de remitirse a lo publicado por este medio en relación a los 7.300 euros que cobran otros profesores con su misma dedicación.
