Existe una vieja tradición en el análisis económico que surge del tronco de la economía política americana con raíz en la Universidad de Chicago y que se sintetiza en la ‘falacia de Nirvana' (Nirvana fallacy en inglés).
El autor intelectual fue Harold Demsetz, un discípulo de Ronald Coase, que se mudó desde Chicago a la UCLA, donde fue profesor en el doctorado de Daniel Artana. Yo vi a Demsetz en 1988, en un seminario para posdoctorados en economía en Siena, Italia. Su estilo de razonamiento y exposición eran apabullantes.
Esta falacia dice que no se pueden hacer comparaciones tomando como referencia a un sistema perfecto o ideal y en cambio hay que hacerlo con lo que hay o se puede lograr. La frase se usa mucho en el debate que contrapone fallas de mercado versus una intervención estatal ideal, que ignora las fallas del Estado. Si la economía es la ciencia de la escasez en donde agentes responden a incentivos de modo descentralizado y bajo información privada, eso va a ocurrir tanto en el sector privado como en el público.
Y en este último caso, el público, estamos fregados si el esquema de incentivos y gobernabilidad no funciona bien y está contaminado de favoritismo político y corrupción.
Hasta acá todo bien y comparable con lo que ahora se ha divulgado y se repite en todas partes. Pero en Argentina ahora tenemos como ejemplo algo distinto. En su afán de denostar a la intervención estatal, llámese fondos fiduciarios o empresas públicas, que son los cucos de moda, el Gobierno tuerce la falacia de Nirvana hacia lo que puede llamarse la ‘falacia del infierno' (Hell fallacy).
Es decir, usa como base de comparación para evaluar la elección de decisiones de políticas públicas no a un régimen ideal, sino al otro extremo opuesto, es decir al peor régimen posible. Este es un régimen en donde aún instituciones o políticas que podrían hacerse pensadas para funcionar bien bajo ciertas premisas (que en verdad no se han cumplido, pero que eso no demuestra para todos los casos que no se pueden cumplir) han sido cooptadas por lo peor del desmanejo político y la corrupción.
Pero esto es un razonamiento forzado, excepto bajo una miopía ideológica agravada. Así como no hay que ver a las empresas públicas y los fondos fiduciarios desde una óptica ideal y cometer la falacia de Nirvana, tampoco se puede caer en la falacia de que son el infierno y que todo lo que vemos y tocamos ahí está podrido, por el hecho de que esas instituciones cayeron en un equilibrio de fondo de pozo y fueron cooptadas por una pésima gobernanza. La evidencia primaria de que esté podrido no alcanza.
Javier Milei en el Congreso
Salvando las distancias, la falacia del infierno hace recordar a cuando se decía que la democracia en la Argentina no funcionaba porque la referencia era la presidencia de María Estela Martínez de Perón. Una construcción falaz para justificar la dictadura.
Dada esta situación ¿está bien lo que el Gobierno está haciendo en cuanto a estigmatizar tanto a los fondos fiduciarios como a las empresas públicas? La respuesta depende de la óptica y la métrica que queramos adoptar.
La tentación de tender a hacer tabla rasa y suprimir los fondos fiduciarios, porque las pruebas dicen que están infectados y son irreformables, está bastante justificada en el afán de hacer reformas y reducir el desmanejo fiscal y político. Pero posiblemente también esté bastante mal si por apuro o torpeza nos desprendemos de algo que todavía tiene valor.
Hay dos razones para pensar así. La primera, que va a ser poco atendida por el pensamiento libertario, es que hay razones económicas serias para querer organizar mecanismos de manejo de fondos públicos con fines específicos (un incendio forestal, el manejo de la adaptación a desastres debidos al cambio climático, el apoyo a la infraestructura para la transición energética, etc.) que si tienen arriba una buena gobernanza pueden funcionar mejor y más rápido y financiarse mejor, en un país con dificultades para fondearse.
El fondeo para la inversión es un tema importante. En el caso de América Latina, la evidencia recopilada en un próximo informe del BID dice que el 90% del gasto de capital de los fondos fiduciarios va a infraestructura en energía y transporte. Pero existe evidencia de problemas de subejecución y mala gestión incluyendo mala selección de proyectos que varían según la calidad de la gobernanza.
La segunda razón está en lo que piensan organismos multilaterales relevantes para apoyar la consolidación fiscal, como el FMI, sobre el rol de estos fondos. Lejos de ser un ‘tema novedoso' el problema de los fondos fiduciarios existe desde hace bastante y yo mismo lo puse en la proa de las preocupaciones para caminar hacia la consolidación fiscal, en un artículo en El Cronista a fines de 2022. No lo hice por ser original, aunque en rigor lo fuera en el debate de aquel momento, sino por haber leído la tinta fresca del informe PIMA del FMI que llamaba a reforzar el diseño y control de los fondos, no a cerrarlos masivamente.
Si pasamos al tema de las empresas públicas, aun cuando exista en la práctica el problema de la falacia del infierno, aparece un cambio de matiz importante en el debate. Resulta más difícil hacer el argumento de tabla rasa aún para la posición del Gobierno, que acepta que existen grises que pueden ser diferentes debido a que la tipología tan amplia y heterogénea de las empresas públicas.
A pesar de que la ley otorga la opción a la Jefatura de Gabinete de apretar el botón de liquidación en cualquiera de los dos casos, es más complejo hacerlo en el caso de las empresas públicas.
Estos costos de privatizar rápido, sean políticos, judiciales o administrativos, aumentan las chances de que se busquen otras soluciones y que en esa búsqueda se empantane una reforma profunda. En 2016 se intentó un camino gradualista que mejoró mucho la gobernanza y el desempeño de las empresas públicas pero los resultados no fueron
