La Guardia Civil constata en sus bases de datos que cinco de los investigados figuran en los archivos de las Fuerzas de Seguridad
Cinco de los supuestos integrantes de la «trama Koldo» que fueron detenidos el pasado día 20 en la «operación Delorme» tienen antecedentes policiales relacionados con más de una decena de delitos que incluyen el tráfico de drogas, cohecho, pertenencia o cooperación con grupo criminal y el blanqueo, entre otros.
Así consta en una diligencia de la Unidad Central Operativa (UCO) incorporada al sumario del «caso Koldo», en el que el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga el reparto millonario de comisiones en la adjudicación de mascarillas a ministerios y gobiernos autonómicos. En ese documentos, 48 horas después de las detenciones los agentes plasman por escrito el resultado de la consulta de las bases de datos de las Fuerzas de Seguridad en relación a los investigados.
El considerado «cerebro» de las operaciones tejidas en torno a Soluciones de Gestión y a la capacidad de influencia de Koldo García, exasesor de Ábalos, se lleva la palma. El empresario Juan Carlos Cueto acumula cinco antecedentes policiales, todos ellos ante la Guardia Civil, por delitos de defraudación a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, blanqueo, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, cohecho y participación o cooperación con organizaciones y grupos criminales.
También el señalado como «conseguidor» de la «trama Koldo», Víctor de Aldama (cuyas empresas se embolsaron más de 6,5 millones por las adjudicaciones de Transportes e Interior y los gobiernos canario y balear del ahora ministro Ángel Víctor Torres y de la presidenta del Congreso Francina Armengol, respectivamente), figura en esa lista negra. En su caso, por «conducción de vehículo con pérdida de vigencia de la autorización por pérdida de puntos» y en relación a un delito de fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas de ordenador destinados a cometer estafas (este último figura en los archivos de la Policía, y el resto, en los del Instituto Armado).
Otro de los empresarios investigados, Rogelio Pujalte –quien según la Guardia Civil alertó a Koldo García de que estaba siendo investigados y le conminó a adoptar medidas de seguridad–también acumula antecedentes policiales, según consta en la diligencia de la UCO, por tráfico de drogas y delito de pertenencia a organización criminal.
Un cuarto investigado que figura en esas bases de datos policiales es el constructor Luis Alberto Escolano, socio de Aldama y uno de los empresarios a los que habría recurrido el «conseguidor» para poner a resguardo su patrimonio en Portugal, y burlar así a Hacienda (que desde el principio puso en el foco a Soluciones de Gestión y a las dos sociedades del presidente del Zamora CF que percibieron comisiones por participar supuestamente en la gestión del envío de las mascarillas, algo que los proveedores negaron a la Guardia Civil). A la Policía le consta en su base de datos una «detención de requisitoriado por orden nacional» tras saltar una alerta SIGO (Sistema Integrado de Gestión Operativa) o BDSN (fichero automatizado de la Base de Datos de Señalamientos Nacionales del Ministerio del Interior).
Por último, otro de los investigados, Francisco Javier García –a quien Koldo habría utilizado para ocultar parte de su patrimonio– figura en el archivo policial de la Guardia Civil en relación a unas lesiones leves.
La unidad de Delincuencia Económica de la UCO perfila en uno de sus informes los rasgos característicos de la organización criminal, que considera que se dan en la «trama» investigada. Por un lado, explica, «el uso de la corrupción» y, por otro, «el abuso de las estructuras empresariales legales» para obtener beneficios económicos. «Esa simbiosis», concluye, se ha observado en la investigación de la supuesta trama.
De hecho, la Guardia Civil identifica a Koldo, junto a Aldama y Cueto, como «los tres principales actores» y destaca de los «su capacidad de toma de decisiones» y de ejercer influencia –afirma que exhibían «jerarquía» en sus respectivos ámbitos de actuación»–, así como «su capacidad corruptora».
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[[H3:Tras la pista del «superjefe» en la gestación de los contratos]]
La investigación ha puesto de relieve lo que algunos de los imputados definen como un «superjefe» que se habría situado en la cúspide de la tramitación de los contratos. Así, en una conversación telefónica intervenida Piedad Losada, empleada de Víctor de Aldama, le comenta a Juan Carlos Cueto que su jefe estaba molesto con Israel Pilar, presunto intermediario con las empresas suministradoras de material sanitario. Según aseguraba, Aldama le habría dicho «que Isra no le toque las pelotas porque tiene fotos de él con el “superjefe”», antes de comentarle a Cueto que «ya sabe quien es” el “superjefe’’ en esta historia». En el informe del 2 de octubre del pasado año en el que la UCO se refiere a esta conversación, se señala que ambos «tienen constancia de la existencia de una tercera persona que no quieren mentar por teléfono, qué no sería ni Cueto ni Aldama, y que estaría relacionada con la gestación de los contratos investigados ubicándose en el nivel superior de la toma de decisiones». Es, de hecho, uno de los avances «significativos» de la investigación, que intenta esclarecer ahora la identidad de ese «tercero conocido por los investigados, pero a quien no se refieren por su nombre cuando lo citan en sus conversaciones telefónicas», y a quien se le presupone «un papel destacado» en las operaciones.
En esas fechas, los investigados estaban volcados en intentar sortear la investigación de Hacienda a Soluciones de Gestión y Aldama (a dos de cuyas empresas fueron a parar parte de las comisiones, que en su caso superaron los seis millones y medio de euros), una amenaza que, por la implicación de Cueto en este asunto, la Guardia Civil deduce que hacía temer a los investigados que el foco terminara centrándose en las adjudicaciones.
La relación entre Cueto y Aldama no era buena. De hecho, «la falta de interés» del presidente del Zamora CF respecto a esa inspección llevo a este a delegar esa cuestión en su «secretaria-asesora», Piedad Losada, con quien Cueto se vio obligado a tratar la cuestión. La preocupación del hombre fuerte del Grupo Cueto iba, según la Guardia Civil, «más allá del miedo a una inspección a Soluciones de Gestión».
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