En 2019 se presentaron a las elecciones municipales de Lúcar (Almería) y de Almería capital, y en 2022 hicieron lo mismo al Parlamento de Andalucía, en coalición con Recortes Cero. Dos años después, Izquierda por Almería sorprendió al anunciar su candidatura a las elecciones gallegas por la provincia de Lugo.
La Junta Electoral Provincial truncó su propósito. Rechazó la candidatura porque ninguno de los 14 integrantes que componían la lista estaba censado ni empadronado en Galicia.
El líder de la formación, Juan Andrés Ruiz, protagonizó una huelga de hambre en señal de protesta, y envió sendos escritos al Congreso de los Diputados y al presidente del Gobierno en los que denunciaba la situación. El departamento de peticiones de la Cámara Baja lo tramitó pero aún no ha obtenido respuesta. Tampoco desde Moncloa.
Convocadas las elecciones al Parlamento Vasco del 21 de abril, el partido volverá a probar suerte, esta vez por Álava. Repiten los mismos que trataron de concurrir por Lugo, aunque necesitan el doble de candidatos: en total, 25 titulares y tres suplentes.
Juan Andrés Ruiz deposita su esperanza en la jurisprudencia. Recuerda una sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, en un recurso de amparo electoral elevado por Izquierda Unida frente a la sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, por una "supuesta vulneración del derecho a la igualdad territorial, y vulneración del derecho a acceder a los cargos representativos".
En las autonómicas celebradas en mayo año, la Junta Electoral Provincial de Burgos excluyó al cabeza de lista de IU en esa circunscripción, Luis García Sanz. Estaba empadronado en la capital de provincia desde 1953 pero, por causas desconocidas, no constaba en el censo electoral. El fallo del TC anuló el acuerdo de la Junta Electoral Provincial y, en consecuencia, reconocía el derecho del candidato al sufragio pasivo y a acceder a un cargo público.
El líder de Izquierda por Almería evoca asimismo dos instrucciones de la Junta Electoral Central diciendo que no es necesaria la inscripción en el censo para los españoles que concurran a las elecciones municipales, generales o al Parlamento Europeo, y confía en que este criterio se extienda a las autonómicas.
Por ello, el jueves condujo los casi 900 kilómetros que separan Lúcar de Vitoria, donde presentó una apelación ante la recién constituida Junta Electoral de Álava, que fue derivada a la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma.
Una vez iniciado el plazo de presentación de candidaturas, que va del 13 al 18 de marzo, el partido almeriense presentará la suya aunque no haya recibido respuesta. Si les deniegan la posibilidad de hacerlo, recurrirán al Tribunal Constitucional con el propósito de conseguir una sentencia que derogue el requisito de estar inscrito en el censo para concurrir a los comicios autonómicos.
Izquierda por Almería tiene también intención de participar en las elecciones al Parlamento Europeo de junio. En ellas, la cuestión censal no resulta un problema, de acuerdo con los requisitos que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. El hándicap es otro: los avales.
Para presentar su candidatura, el partido debe acreditar las firmas de 15.000 electores o, la vía por la que ha optado, de 50 cargos electos. No es necesario que sean eurodiputados, sino que puede tratarse de cargos de ámbito nacional o regional, como diputados, senadores o miembros de parlamentos autonómicos.
