García-Castellón accede a lo solicitado por la acusación particular, que pidió incorporar esta información a la causa
El juez Manuel García-Castellón, que investiga a Tsunami Democràtic, ha accedido a lo solicitado por los abogados de dos policía para que incluya la información relacionada con los presuntos viajes a Barcelona de los supuestos espías rusos especializados en sabotajes, que habrían tenido lugar entre 2014 y 2019. El magistrado ha emitido una providencia en la que solicita a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que aporte la información de la que disponga sobre estos agentes.
La petición la plantearon dos policías nacionales heridos en los graves altercados de Tsunami Democràtic en 2019, cuando se conoció la sentencia condenatoria del "procés". En el escrito remitido al instructor, hacen referencia a la posible presencia en la ciudad condal de agentes del espionaje ruso "expertos en sabotajes y asesinatos". Según plantearon los abogados del despacho Fuster-Fabra, actualmente no figura en el procedimiento "ningún informe policial" acerca de esa investigación.
El instructor de la Audiencia Nacional investiga en este procedimiento a Carles Puigdemont y Marta Rovira como supuestos líderes de la plataforma que protagonizó en otoño de 2019 diversos disturbios en protesta por la sentencia del "procés". También al diputado del Parlament catalán, Rubén Wagensberg, que está huido y se encuentra en Suiza.
Junto al escrito en el que realizaban esta solicitud, los abogados incluyeron noticias de algunos medios de comunicación en los que se informaba de esos supuestos agentes del espionaje ruso, que se habrían trasladado a Barcelona en fechas próximas a la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, cuando Artur Mas estaba al frente de la Generalitat, o solo cuatro meses después de la investidura de Carles Puigdemont como presidente catalán, el 10 de enero de 2016.
Dos de ellos, habrían estado en la ciudad condal horas antes del referéndum del 1 de octubre de 2017, esto es un mes después de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que precipitó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.
Del mismo modo, una integrante de la Inteligencia rusa habría visitado Barcelona dos meses después del bloqueo del aeropuerto del Prat instigado por Tsunami Democràtic, una de las acciones clave por las que el juez García Castellón aprecia indicios de terrorismo.
Esta no es el único procedimiento en la que se están investigando los nexos del independentismo con Rusia. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, también indaga los supuestos contactos que habría tenido el entorno de Carles Puigdemont con personas cercanas al Kremlin, en el marco del "caso Voloh".
Por otra parte, el 8 de febrero el Parlamento Europeo puso de manifiesto en una resolución las injerencias rusas durante el “procés” en Cataluña, apuntando directamente a los contactos del expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, con exespías rusos en 2017. Además, reclamó una investigación interna de la Eurocámara y también a las autoridades en España.
La resolución ponía el foco sobre las injerencias rusas en procesos democráticos en Europa. La Eurocámara pedía también a las autoridades judiciales competentes que "investiguen efectivamente las conexiones de los diputados al Parlamento Europeo presuntamente asociados con el Kremlin y los intentos de desestabilización e injerencia de Rusia en la UE". Aunque no nombró expresamente a Puigdemont, esta referencia encajaba con la situación del expresidente catalán.
