Ve indicios de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, según las leyes españolas y su propio reglamento
La Fiscalía europea (EPPO, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación sobre los contratos del "caso Koldo" para la compra de mascarillas formalizados por los ejecutivos de Canarias y Baleares, concretamente, las que fueron a parar al Servicio Canario de la Salud y al Servicio de Salud de las Islas Baleares. Los investiga por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, de acuerdo con la legislación nacional y el Reglamento propio del Ministerio Público de la Unión Europea (UE).
Estas actuaciones tienen su origen en una denuncia presentada por un ciudadano particular. A partir de ahí, la Fiscalía ha desarrollado diversas actuaciones con el objetivo de verificar su competencia para investigar los hechos denunciados.
Entre las diligencias que ha puesto en marcha, están la petición de información adicional y antecedentes sobre estas adjudicaciones tanto a la Fiscalía Anticorrupción como al Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional (AN), donde se concentra la investigación de nueve contratos de la trama del “caso Koldo” por el posible cobro de comisiones ilegales. En concreto, de las nueve adjudicaciones, una la realizó el Gobierno balear cuando estaba liderado por la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Francina Armengol, y otras cuatro por el Gobierno balear, cuando lo encabezaba el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Adicionalmente, la Fiscalía europea ha solicitado información a los distintos organismos encargados de gestionar la financiación de los fondos europeos, ya que todos los contratos que están siendo investigados se financiaron con dinero dotado por Europa para afrontar la emergencia por la pandemia de Covid-19.
Una vez analizada la información que ha recopilado, la Fiscalía europea ha iniciado formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, de acuerdo con la legislación nacional y el Reglamento propio.
La Fiscalía europea es un órgano independiente y se encarga de investigar, perseguir y juzgar los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE. Siempre que exista la sospecha de que se ha defraudado o se está defraudando al presupuesto de la UE), ya sea en los ingresos o en los gastos, las autoridades nacionales, así como todas las instituciones, órganos y organismos europeos, tienen la obligación legal de denunciarlo ante el Ministerio Público de Europa. Los ciudadanos de la UE también pueden denunciar un delito directamente.
En cada caso, evalúa si los hechos denunciados podrían constituir un delito de su competencia y si la información presentada es suficiente para justificar la apertura de una investigación. Si concluye que las infracciones penales son de su competencia, abre y desarrolla una investigación de forma inmediata.
