Representantes de organizaciones de la sociedad civil en Carabobo y activistas de derechos humanos (DDHH) acudieron este viernes a la sede del Ministerio Público […]
Representantes de organizaciones de la sociedad civil en Carabobo y activistas de derechos humanos (DDHH) acudieron este viernes a la sede del Ministerio Público en Valencia para entregar un documento en el que exigen información sobre el estatus de la investigación de los casos de violaciones de DDHH cometidos el 23 de febrero de 2019, en una marcha liderada por jóvenes que fue reprimida por organismos de seguridad del Estado en las inmediaciones del Fuerte Paramacay, en el municipio Naguanagua.
Por Corresponsalía lapatilla.com
Gabriel Cabrera, abogado, defensor de DDHH y director de las organizaciones de la sociedad civil lideradas por jóvenes en Carabobo, indicó que en los últimos cinco años han consignado cuatro documentos a la Fiscalía solicitando una investigación de los hechos, pero no han recibido respuestas.
“Hace un año nos informaron que la investigación iba en pie. Sin embargo, todavía no hemos recibido mayor información sobre esto”, expresó.
Cabrera recordó que los estudiantes salieron a marchar para exigir que se permitiera la entrada de la ayuda humanitaria al país, pero la manifestación fue reprimida y varias personas resultaron heridas, entre ellas el joven Moisés Cordero, quien perdió su ojo derecho luego de recibir un disparo de perdigón. Aseguró que cinco años después, todavía no se han identificado a los responsables de los hechos.
“Nosotros solicitamos a la Fiscalía que haya justicia y los responsables de estos crímenes sean presentados ante un tribunal, que haya un debido proceso y que, por supuesto, sean condenados por estas graves violaciones a los derechos humanos. Hasta ahora no hay absolutamente ningún responsable por las violaciones a los derechos humanos cometidas ese 23 de febrero de 2019 acá en el estado Carabobo”, afirmó Cabrera.
Para Moisés Cordero, víctima de la represión y activista de derechos humanos, los últimos cinco años han sido “largos y difíciles” y de mucha persistencia. Denunció que sus abogados no han tenido acceso a las copias simples del expediente de su caso, por lo que exigió celeridad en el proceso.
“Exigimos al Estado que se cumplan los derechos fundamentales, como es la celeridad en el debido proceso, porque vemos cómo estos procesos se alargan, se dilatan y esto acarrea una violación hacia los derechos fundamentales, las víctimas no tienen acceso a la justicia”, resaltó.
