La jueza que ha instruido el caso de la 'estafa de los ataúdes' ha decretado la apertura de juicio oral para el que es competente la Audiencia Provincial de Valladolid. La causa cuenta con 24 personas acusadas, entre las que se encuentran los dueños y los trabajadores de la funeraria El Salvador y una empresa de ataúdes que colaboró en la trama de cambiazos durante 20 años: incineraban cadáveres en ataúdes viejos y reutilizaban los que habían pagado los familiares de los fallecidos.
En el auto al que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza mantiene la situación de libertad provisional de todos los acusados y mantiene los embargos preventivos de bienes inmuebles de Agencia Funeraria Castellana y Parque el salvador por valor de 4,9 millones, una cantidad que se considera suficiente "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponerse", sin que se considere necesario imponer en este momento nuevas fianzas.
Después de cuatro años de investigación, el caso afronta la fase final. Según la Fiscalía, 5.973 cadáveres –el 73,08% de las incineraciones– fueron extraídos de los ataúdes donde ser les iba a incinerar y entraron en el crematorio sobre maderas viejas o tapas de antiguos féretros. La práctica reportó a la familia Morchón, dueña de la funeraria El Salvador, unas ganancias ilícitas de 4.048.768,09 euros. El caso se descubrió cuando un exempleado que había participado en los cambiazos, quiso extorsionar al que fue su jefe, Ignacio Morchón, y este le denunció. La Operación Ignis, en honor al dios del fuego, comenzó en ese momento, en 2017.
El trabajador chantajista acabó condenado pero el juzgado abrió una pieza secreta porque ese hombre había aportado imágenes crudas en su chantaje. La Policía halló 26 libretas, tres archivadores con 746 partes de defunción y esquelas, 14 carretes de fotos con 450 imágenes, dos sobres con 72 fotos y negativos, tres memorias USB con 207 fotografías y 44 vídeos. Toda la estafa que presuntamente urdió la funeraria estaba profusamente documentada. En las fotos que almacenó el extrabajador aparecen recién nacidos, niños de corta edad o adultos que fueron cremados con cartas y objetos personales que sus familiares habían introducido en los féretros.
La investigación policial duró dos años hasta que se reunieron pruebas suficientes para irrumpir en en uno de los tanatorios del grupo El Salvador el 31 de enero de 2019, como adelantó elDiario.es, con las primeras luces del alba y cuando un un par de familias velaban a sus muertos.
Ignacio Morchón Alonso, que fue detenido de inmediato, tuvo que pagar una fianza de 800.000 euros para salir de prisión unos meses más tarde. Nunca reconoció los hechos. En su primera declaración judicial quiso convencer a la jueza de que el cambiazo de los ataúdes no era rentable. “No merece la pena, vale 100 euros, qué hago yo con un ataúd lleno de sangre y de babas y de mierda, es que eso no se lo cree nadie”, le llegó a decir. Pero la investigación policial y el trabajo del fiscal del caso fue tan arduo como preciso para seguir el rastro del dinero, estudiando las facturas de los proveedores así como cuentas de las mercantiles y las personales de sus propietarios. Aunque inicialmente se avanzó que el beneficio ilícito superaba los 7 millones, sólo se han podido documentar más de cuatro de ganancias con el fraude. Morchón ya no podrá responder de todo ello, porque murió en octubre de 2022, pero sí tendrán que hacerlo su viuda, sus tres hijos y varios empleados, incluido el que puso en marcha la maquinaria policial.
La Fiscalía pide penas por constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, delito continuado de apropiación indebida, en concurso medial con un delito continuado de estafa; delito continuado contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capital y delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Las penas más duras las solicita para la viuda de Ignacio Morchón, María del Rosario V.L, y sus hijos Ignacio, Laura y María del Rosario M.V: 20 años de cárcel para cada uno de ellos, junto con su inhabilitación para la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por espacio de tres décadas y el pago de multas por importe de 12 millones de euros.
Respecto del resto de trabajadores, una veintena, las penas oscilan entre los nueve y los dos años de cárcel. Así, la acusación pública reclama nueve años de prisión para cuatro de los encausados, seis y medio para otros nueve, seis para Justo M.G, cuatro años para otro de los acusados, cinco años de privación de libertad para otros cuatro empleados más y dos años para otro de los supuestos implicados.
Además de la Fiscalía hay una veintena de acusaciones particulares, algunas se adhieren al escrito del Ministerio Fiscal que incluye incluso un delito continuado contra el respeto a los difuntos, previsto y penado en los artículos 74 y 526 del Código Penal (El que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses) además de la indemnización de 3.000 euros para cada uno de los herederos.
