Lo que estaba pidiendo el diario lo obtuvo con las declaraciones de López Obrador en la mañanera, y que provocó que los editores en Nueva York decidieran apurar la publicación de su investigación
¿A quién tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en estos momentos que se está definiendo su futuro transexenal para que lo asesore? ¿Es imposible que escuche a colaboradores en estos días? No se sabe cómo está tomando las decisiones para atajar las revelaciones sobre las investigaciones del gobierno de Estados Unidos de los presuntos financiamientos del narcotráfico a sus campañas presidenciales en 2006 y 2018, pero está reaccionando equivocadamente. Ayer lo volvió a hacer cuando dio a conocer una carta que le envió la oficina de The New York Times en México pidiéndole responder nuevos señalamientos de testigos protegidos y fuentes federales estadounidenses sobre dinero criminal en la campaña donde ganó la Presidencia.
Dar a conocer una comunicación privada no tiene sentido porque no iba a lograr que el Times se abstuviera de publicar la información que tenía. Para efectos prácticos, lo que estaba pidiendo el diario lo obtuvo con las declaraciones de López Obrador en la mañanera, y que provocó que los editores en Nueva York decidieran apurar la publicación de su investigación ayer mismo en la mañana, aun sin su versión en español, que suelen hacer para este tipo de trabajo, por las prisas. Para haber hecho lo que hizo, habría sido mejor responder por escrito las preguntas, darle el spin deseado y eliminar exabruptos hilarantes, como llamar “pasquín inmundo” al periódico más influyente del mundo, que tachó de “calumniador”.
Esta sucesión de hechos prueba el primer error. López Obrador, probablemente de manera intuitiva, detonó la crisis. Lo que no hizo, o quizá nadie se lo dijo o no escuchó, es que cuando uno detona una crisis debe tener lista la estrategia para conducir e inducir la crisis para que, al final, el resultado sea favorable. Se le llama spin al ejercicio de ganar la iniciativa e imponer la conversación. Pero el Presidente disparó con escopeta y a lo loco. No atajó la crisis, que tuvo un proceso de metástasis. Incluso, su reacción no alcanza siquiera para persuadir a la audiencia mexicana de que lo que es real es su verdad, por el contexto de la violencia y su insistencia en abrazar y no confrontar a criminales. Pero lo más importante es que tampoco resuelve su problema.
El segundo error craso es atacar al mensajero. Quitando el humo de la pólvora que disparó, está claro que López Obrador tiene un problema serio con Estados Unidos, donde un ala del gobierno le ha seguido la pista a relaciones oscuras y peligrosas en las que presuntamente han estado involucradas personas en su entorno más cercano. Dispararle a la prensa desvía la atención y le regala municiones para seguir colocando la conversación en un extremo del centro de gravedad. Emplazar al gobierno del presidente Joe Biden a que se pronuncie, tampoco enfrenta el fondo de lo que se ha venido revelando desde hace casi un mes sobre narcofinanciamientos a sus campañas electorales.
López Obrador ha señalado que todas las investigaciones sobre el tema se cerraron porque eran falsas. En realidad, las dos investigaciones realizadas por agencias del Departamento de Justicia, en 2006 y 2018, fueron cerradas por razones políticas, no porque la información y los testimonios que acumularon llevaran a un callejón sin salida. En ambos casos, la racional en Washington fue no provocar una crisis política en su socio y aliado, donde 3 mil 200 kilómetros de frontera común y el papel de buffer state que juega México frente a la migración, hacen que la relación bilateral tenga que ser manejada con guantes de terciopelo.
El tercer error es descalificar las investigaciones y señalar que son ejercicios de intervención del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos mexicanos, porque es el mismo Departamento de Justicia y las mismas agencias norteamericanas que llevaron a juicio al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna las que han estado armando casos que vinculen a su entorno con los cárteles de la droga. El doble rasero lo exhibe y, al mismo tiempo, lo debilita. Celebró su acción contra García Luna, pero denuesta cuando él y los suyos son su objetivo. Su atención selectiva es compartida por sus simpatizantes, pero no por otro segmento igualmente grande que le ha quitado el sueño y el humor por el hashtag de “narcopresidente”, que no puede sacudirse.
El cuarto error es quedarse envuelto en la bandera mexicana sin actuar. Era grave lo que publicaron ProPublica, InsightCrime y la Deutsche Welle sobre el presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa a su campaña presidencial en 2006, por cierto, con mayor sustento de lo que presentó la fiscalía en Nueva York contra García Luna. Lo que publicó The New York Times tiene otra dimensión. A partir de testigos protegidos, funcionarios y documentos que utilizó el diario, “descubrió información que apunta a vínculos potenciales entre operadores de poderosos cárteles y consejeros y funcionarios cercanos al Presidente, mientras gobernaba el país”.
Diversos informantes señalaron a los agentes estadounidenses de reuniones de personas muy cercanas a López Obrador con Ismael el Mayo Zambada, jefe del Cártel del Pacífico, de pagos millonarios de un jefe zeta a dos aliados de López Obrador para que lo sacaran de la cárcel, y de supuestos posibles videos de los hijos del Presidente recibiendo dinero de narcos. Una información distinta obtenida de manera electrónica fue una transferencia de dinero presumiblemente de operadores del narco a intermediarios del Presidente, coincidente con su visita a Badiraguato en 2020.
El Presidente actúa con la seguridad de que esas investigaciones han quedado cerradas. Es su quinto error. Las consideraciones políticas que tuvieron para no seguir adelante con las investigaciones desaparecerán en unos meses, cuando deje el poder y pueden ser abiertas. No puede desatender esta posibilidad, y ver lo que pasó con el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, a quien investigaron por casi dos décadas, y sin que actuaran en su contra por consideraciones políticas, pero que una vez que terminó su mandato, lo acusaron y extraditaron. Este lunes inició su proceso en Nueva York, tras 22 meses de terminar su gobierno.
