El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, indicó este miércoles que el Gobierno espera poder replicar en su territorio las "modernas y eficientes" cárceles de El Salvador, y por eso el ministro de Justicia y Derechos Humanos viajó estos días al país centroamericano.
"Ojalá podamos implementar (estas cárceles), aquí en el Perú", dijo el jefe de Gabinete, antes de asegurar en una rueda de prensa que el país andino sufre "una sobrepoblación carcelaria".
Señaló que el ministro de Justicia y Derechos Humanos peruano, Eduardo Arana, ha acudido al país centroamericano para conocer de primera mano esa política y también para "tener reuniones conjuntas con el sector justicia de El Salvador acerca de la viabilidad de estas cárceles" que desean "implementar en el Perú".
Puesto que, según la resolución suprema que autorizó el viaje de Arana a El Salvador, estas conversaciones serán útiles respecto a la implementación de la Política Nacional Penitenciaria a 2030, que pretende reformar el sistema penitenciario del país andino.
"La logística carcelaria en este país (...) se ha convertido en una infraestructura adecuada, moderna y eficiente para que acudan, sobre todo, los presos más violentos y los más peligrosos", añadió sobre las cárceles de El Salvador, pese a las denuncias de las organizaciones de derechos humanos sobre estas.
Según los datos que ofreció, en Perú hay casi 100.000 presos, la mitad de los cuales no tiene sentencia.
"Nos preocupa mucho aquellos presos por delitos violentos que podrían seguir desde la prisión dirigiendo mensajes y organizaciones criminales para la extorsión", concluyó.
De acuerdo con los datos oficiales, desde marzo de 2022 más de 75.100 personas han sido detenidas en El Salvador, acusadas de ser pandilleros o colaboradores, de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.
Entre las prisiones salvadoreñas, se ha hecho especialmente célebre la denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión inaugura el 31 de enero de 2022 para albergar a 40.000 pandilleros condenados o detenidos en el contexto de la polémica medida del régimen de excepción, implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a estas bandas
