Esto se debe a que es un petróleo extrapesado y su precio es relativamente bajo. En la etapa prerrevolucionaria, al producto de la Faja se le llamaba orimulsión (una pasta, tipo miel, mucho más compacta que prácticamente no se desliza) y se le consideraba como combustible para la producción de energía eléctrica en algunos clientes, en los Estados Unidos, quienes por cierto la pagaban muy bien con contratos de muy largo plazo.
Al haberlo renombrado como petróleo se calificó como muy pesado y que debe ser sometido a procesos de mejoramiento o mezclarlo con petróleo liviano (como el de Rusia y Argelia) para hacerlo más fluido y poder transportarlo para exportación. Esa mejora no le agrega valor, sino que le añade costo; mientras que la orimulsión se vende con precios elevados.
Así como la propuesta del gas que podría estar fuera de Pdvsa, la Faja también podría estarlo y convertirse en varios negocios privados, muy focalizados en su propia área geográfica de influencia. La inversión en mejoradores es del orden de los $ 20 mil millones cada uno para llevar un petróleo de 20 grados API hasta los 30. La única forma de explotar este recurso es a partir de la inversión privada, la cual, y como decíamos antes, no necesariamente debería requerir una asociación con el Gobierno, pues le induce las ineficiencias y burocracias propias del manejo del Estado.
Siempre pensando en un rol regulador y vigilantes para el Estado versus el rol empresario que ha venido teniendo en los últimos 50 años y que no ha resultado exitoso. La prueba más concreta es el estado de deterioro que tienen todas las empresas públicas, desde las de Guayana, pasando por las eléctricas, siguiendo con las alimentarias y, por supuesto, la petrolera.
En el contexto de lo mencionado, el petróleo será la forma de financiar la transición sin caer en el facilismo de volver al rentismo petrolero, que podría significar que sigamos siendo un país pobre y que nunca avancemos en la transición para ser un país rico.
La experiencia actual, en que la mitad de la producción es propia de Pdvsa y la otra mitad asociada con empresas privadas, podría servir para extender el rol de la empresa privada hacia el 100% de producción. La Pdvsa actual no tiene capacidad para financiar una expansión ni reputación crediticia para obtener dinero fresco a precios razonables, por lo cual las únicas fuentes están en el sector privado nacional e internacional.
La experiencia petrolera de operar con el sector privado, e inclusive la de extender hasta casi el 100% su participación, debería considerarse como una referencia para el resto de las áreas de la economía no petrolera, porque la escasez de divisas no se refleja solo en el negocio petrolero, sino que es extensiva a toda la economía nacional.
El mecanismo de que el socio privado aporte 100% de la inversión y que considere que una parte de eso es un préstamo a Pdvsa (que lo cobrará en petróleo para asegurar su pago) puede servir de referencia y considerar como inversión el 100% de su aporte para, de esa manera, bajar la presión del endeudamiento sobre Pdvsa y gozar de la autonomía que brinda la gerencia privada por encima de la gerencia pública.
Si bien lo anterior podría ser visto como una crítica, sería bueno que se vea como un acto de confianza de un inversor privado (así sea venezolano o extranjero) y que pudiera ser trasladado a la economía privada no petrolera, la cual, aun estando golpeada, sigue siendo la columna vertebral del empleo genuino y la producción de impuestos en el país.
La atracción de capitales privados se ve limitada por la obligación de constituir empresas mixtas, las cuales han demostrado no ser exitosas. La participación del Estado desalienta a los inversores los cuales, en su mayoría, están acostumbrados a operar como 100% empresas privadas. Antes de llegar a hacer las evaluaciones de factibilidad y de rentabilidad, debería solucionarse el marco jurídico que permita a la empresa privada operar como tal en cualquiera de las áreas de la economía. Las empresas del Estado –incluyendo a Pdvsa– terminan convirtiéndose en cajas chicas políticas de los gobiernos de turno.
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