Los resultados de las elecciones gallegas han tenido un doble efecto en el Parlamento andaluz. En primer lugar, han despejado cualquier duda en torno al futuro liderazgo del PP a nivel nacional que pudiera afectar al presidente Juanma Moreno. En segundo lugar, han reforzado un escenario político en la Cámara de fortaleza de la mayoría absoluta popular y de grandes dificultades para todos los grupos de la oposición, algunos de los cuales como Vox o la coalición equivalente a Por Andalucía, ni siquiera obtuvieron representación, y en el caso del PSOE han visto cómo ha empeorado la pérdida de poder territorial que empezó precisamente en Andalucía en 2022. Si a esto se le añade la investigación abierta en torno al que fuera asesor del ministro Ábalos, la condena del conocido como 'chófer de la coca' y la crisis abierta en torno a la gestión del Ministerio del Interior en el caso del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, el terreno parecía más que despejado para el Gobierno andaluz. Juanma Moreno y los distintos portavoces del PP-A fijaron sus mensajes con contundencia en todos estos frentes. Subrayaron que el caso del exasesor de Ábalos le recuerda a algunos «episodios de Andalucía», incidieron ante cada uno de los grupos políticos «en su fracaso» en las últimas elecciones al que vincularon cualquier exceso o error en sus intervenciones y exigieron al Gobierno de España medidas urgentes tras el «bochorno» que se ha vivido en las últimas fechas y que ha tenido como peor momento el crimen de los dos guardias civiles. El Gobierno andaluz tenía fijado otro gran elemento de fortaleza: el decreto de simplificación, una de las medidas estrella de esta legislatura, que modifica 176 normas de golpe con medidas que abarcan todos los ámbitos. «Es un decreto histórico, que responde a la simplificación y reducción de trámites que demanda la ciudadanía», resumió Juanma Moreno. Pero además de una fortaleza, el decreto arrastra algunas debilidades. Desde el inicio de la legislatura el PP ha intentado huir de la imagen de «rodillo o apisionadora» de la oposición que suele generar cualquier legislatura con una mayoría absoluta. Esa imagen chocaba con el discurso de la «vía andaluza» de diálogo. Y precisamente ahí es dónde apuntaron los grupos de la oposición. Al tramitarse como un decreto ley en apenas una semana y sin posibilidad de alegaciones para los grupos políticos o los agentes sociales, este proceso ha permitido a los grupos de la oposición, especialmente el PSOE, identificar la estrategia del PP con «un rodillo » y denunciar la «falta de transparencia y de participación» basándose además en las dudas mostradas por los sindicatos, firmantes del pacto social, en torno al proceso y a algunas partes del contenido del decreto. Lo resumió el secretario general socialista, Juan Espadas, en su intervención: «Este no es un decreto de simplificación, es un decreto omnibus como el de Milei en Argentina, que reduce, desregulariza y elimina todo tipo de controles. Un decreto en el que no ha dado voz alguna a la oposición ni a los agentes sociales». En respuesta, el presidente andaluz mostró un documento remitido a todos los grupos para pedir aportaciones que no obtuvo contestación, y sobre todo, una reflexión. «Hay urgencia, porque estas medidas son necesarias para agilizar y generar actividad económica. No podemos comprender la lectura destructiva de la norma y el rechazo a que se simplifique y se elimine burocracia en Andalucía», apuntó Juanma Moreno. El PP recurrió al escenario electoral tras Galicia para apuntar al «nerviosismo socialista» y lo vinculó específicamente a la crisis desatada en los últimos en torno al acuerdo de Doñana. Juanma Moreno acusó a Espadas de «boicotear acuerdos en los que no pudiera estar en la foto», una afirmación a la que respondió el secretario general de los socialista recordando «una reunión de una hora» entre ambos para cuadrar el pacto de Doñana, que a posteriori ha sido ya uno de los grandes hitos de la legislatura. Y ahí se abrió el único espacio al consenso y al diálogo de la sesión: «Le reconozco, señor Espadas, su disposición al acuerdo. Se puede hablar con usted». El acuerdo no se trasladó a los votos. Las propuestas no de ley socialistas para pedir mejoras en urgencias, una bajada de ratio en los centros educativos y una batería de medidas contra la sequía fueron rechazadas por el PP. Y el PSOE rechazó la iniciativa para pedir más financiación.
