El impuesto extraordinario a las energéticas ha supuesto un punto de inflexión en la hoja de ruta de Repsol, sin embargo, la compañía se mantiene optimista ante un cambio de postura. El consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, se ha mostrado un «poco más positivo» ante las reflexiones de Pedro Sánchez y la Comisión Europea (CE), al considerar que percibe un «cambio» con respecto a la posibilidad de mejoras en el marco regulatorio y fiscal en España. Y es que el pasado 30 de noviembre la CE dijo que este tipo de impuestos extraordinarios no tenían sentido en el contexto actual, ya que van en contra de la seguridad del suministro y podían perjudicar el fuerte volumen de inversión que necesita el sector energético. Imaz destacó que el Gobierno deberá replantearse este gravamen, dado que la «prioridad debe ser la inversión».
La compañía advirtió a finales de 2023 que ante la intención del Ejecutivo de mantener el «impuestazo» se plantearía llevarse fuera de España inversiones millonarias. Tras presentar la Actualización Estratégica 2024-2027, que establece unas inversiones de entre 16.000 y 19.000 millones de euros, el consejero delegado afirmó que «las inversiones se pueden hacer o no hacer» en nuestro país, pero que están abiertos al diálogo con todas las instituciones.
«Si alguien invierte en España y crea empleo industrial tiene que pagar un gravamen. Aquel que importa no paga nada. Un gravamen que está discriminando al que invierte en España y favorece al que crea la riqueza en otro país. Estamos compitiendo con las manos atadas frente a quién importa. Es un impuesto que creemos que es discriminatorio, que no es legal ni constitucional», criticó Imaz.
En los próximos cuatro años, la compañía contempla unas inversiones netas de hasta 19.000 millones de euros. La Península Ibérica concentrará el 60% del total y Estados Unidos el 25% de las inversiones, siendo los dos grandes focos geográficos del grupo.
Del total, la firma prevé invertir entre 5.500 y 6.800 millones para el negocio industrial. En concreto, la compañía cuenta con siete complejos industriales en el mundo, de los cuales, seis están ubicados en la Península Ibérica y estima que para su transformación, «para ser punteros y desarrollar productos de bajas emisiones» serán necesarias inversiones netas en un rango de entre 2.000 y 3.000 millones de euros, que estarán condicionadas a los cambios en la regulación y la fiscalidad en el país, un toque de atención al Gobierno en relación con el «impuestazo».
Imaz consideró que tomarán la decisión «sin ninguna prisa» e irán viendo si pueden «competir en las mismas condiciones que nuestros competidores europeos», no como ocurre actualmente con el gravamen extraordinario. «Tenemos una batería de proyectos preparados», aseguró Imaz, quien defendió que «esta inversión tiene mucho interés para España y para Repsol. Esperamos que haya condiciones de estabilidad fiscal y regulatoria claras que permitan llevar esta inversión adelante».
«Durante los próximos cuatro años mantendremos la misma estrategia que presentamos en nuestro plan anterior para afrontar la transición energética y apostaremos por todas las energías que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Estamos convencidos de que esta aproximación, en la que la descarbonización es una oportunidad atractiva para crear valor, crecer y ser rentables, es la más adecuada para nosotros», explicó Imaz.
Las iniciativas bajas en carbono seguirán ganando peso dentro de la transformación de la empresa y representarán más del 35% de las inversiones totales que la energética llevará a cabo en el periodo 2024-2027. Además, esta invertirá 500 millones de euros en descarbonizar activos convencionales, alcanzado una reducción de emisiones de 1,6 millones de toneladas de Co2 al final del período. Por tanto, esta relizará una apuesta «muy decidida» en energías renovables y consideró que es necesario llevar a cabo una descarbonización «más inteligente» en el ámbito europeo. «Vamos a tener 2.000 estaciones de servicios con energías renovables para 2027, una oferta cada vez más multienergía», sostuvo Imaz.
Asimismo, desde Repsol explicaron que «el biometano y el hidrógeno renovable serán también importantes para la descarbonización de los complejos industriales de Repsol, usándolos como materia prima para producir combustibles renovables y otros productos descarbonizados».
De esta forma, la compañía prevé alcanzar una producción de hasta 700 megavatios (MW) en 2027 y un máximo de 2.400 MW en el año 2030. Para ello, instalará electrolizadores en sus cinco centros industriales de España.
En biometano, prevé alcanzar entre 1,3 teravatios hora (TWh) y 1,5 TWh en 2027. El objetivo de Repsol es alcanzar una capacidad total de producción de combustibles renovables, incluyendo hidrógeno renovable y biometano, de entre 1,5 y 1,7 millones de toneladas en 2027 y hasta 2,7 millones en 2030 en la Península Ibérica y en Estados Unidos.
Además de su plataforma en la Península Ibérica, la energética explora oportunidades para desarrollar iniciativas industriales bajas en carbono en otros mercados atractivos donde pueda aprovechar su experiencia y trayectoria, como Estados Unidos.
Repsol cerró 2023 con un beneficio neto de 3.168 millones de euros, un 25,5% menos que en 2022 en un entorno «incierto y volátil» marcado por unos menores precios del crudo y del gas, informó la compañía energética. De esta forma, la petrolera presidida por Antonio Brufau con el resultado de este ejercicio, sumado al de 2022 (4.251 millones) y al de 2021 (2.499) ya compensaría las pérdidas de 2019 y 2020, que sumaron 7.105 millones de euros.
Repsol destinará entre el 25% y el 35% del flujo de caja de las operaciones a retribuirlos, llegando a distribuir un máximo de 10.000 millones entre sus más de 520.000 accionistas. Para 2024 ha anunciado un incremento del 30% del diviendo en efectivo, hasta alcanzar los 0,9 euros por acción, repartiendo 1.095 millones de euros, y en los siguientes años, se incrementará un 3% anual hasta alcanzar 1.197 millones en 2027. Las otras prioridades son continuar manteniendo su sólida posición financiera y obtener un capex neto de entre 16.000 y 19.000 millones.
