El 14 de febrero, Marta Esquivel, jerarca de la CCSS, pidió al presidente de la Asamblea Legislativa revisar si remuneración de Marta Acosta respetaba tope de ley
El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa concluyó que la solicitud presentada por Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que el Directorio Legislativo investigue el salario de la contralora general de la República, Marta Acosta, es “improcedente”.
Así quedó consignado en una nota dirigida a Rodrigo Arias, presidente del Congreso, por parte de Servicios Técnicos, este miércoles 21 de febrero.
En el documento, el director de ese departamento, Fernando Campos, recuerda que la Contraloría General de la República es una entidad con independencia funcional y administrativa.
Agrega que la denuncia de Esquivel “reside en aspectos estrictamente ligados al control de legalidad de actos propios de la Contraloría General de la República en materia salarial”. Ese tipo de controles, indica, son ajenos a la Asamblea Legislativa.
°Con fundamento en las razones jurídicas y técnicas expuestas, esta asesoría recomienda, respetuosamente, que el escrito presentado por la Señora Esquivel sea devuelto por considerado improcedente, con base en lo dispuesto por el artículo 30.6 del Reglamento de la Asamblea Legislativa”, señala Campos.
Todas estas conclusiones fueron comunicadas a su vez a la jerarca de la CCSS, mediante misiva de Rodrigo Arias con fecha del mismo miércoles.
“Los aportes técnicos y jurídicos del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos son congruentes con la legislación nacional y la jurisprudencia en la materia. El Directorio Legislativo acuerda avalar el informe y se traslada a su Despacho para su atención”, indicó Arias.
En declaraciones, la tarde de este jueves, el presidente legislativo reiteró que aunque la Contraloría es un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, tiene “total independencia para tomar decisiones internas, en especial en política salarial”.
Marta Esquivel solicitó a la Asamblea Legislativa, el 8 de febrero, que se investigara si la remuneración que recibe Marta Acosta se apega al tope legal.
La jerarca hizo el pedido dos meses después de que un informe de la Contraloría General de la República determinara que el salario de ¢7,1 millones que recibe al mes es irregular, pues el tope establecido por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es ¢5,5 millones mensuales.
Así lo dio a conocer el órgano contralor en un oficio enviado a la CCSS el 19 de diciembre, en el cual ordenó a la Junta Directiva de la entidad tomar las medidas necesarias para corregir la situación y recuperar las sumas pagadas de forma errónea.
“La infracción a esta normativa legal supone una afectación a la Hacienda Pública, toda vez que implica una erogación de fondos públicos superior a la establecida por el legislador”, dijo la Contraloría.
El 9 de enero, la Junta Directiva decidió acatar la orden de la Contraloría, sin que hasta la fecha se haya definido cómo se ejecutará el cobro a Esquivel. Esa decisión no se ha podido completar debido a la renuncia de un integrante de ese órgano de la Caja.
Nueve días más tarde, Esquivel expresó que deseaba devolver el dinero percibido de manera incorrecta. “Yo quiero devolver esas sumas porque estoy clarísima de que el pago es mensual, yo no quiero recibir sumas adicionales porque considero que no son correctas”.
No obstante, se ha resistido a concretar la devolución. Antes, decidió hacerle la consulta al Ministerio de Planificación (Mideplán), el cual le dio la razón a la Contraloría.
Marta Esquivel, además, presentó una recusación contra los tres representantes del sector laboral en la Junta Directiva para apartarlos de cualquier decisión con respecto a cómo deberá reintegrar los fondos. Aunque los propios abogados de la Caja recomendaron rechazar la recusación, esta no se ha podido votar por los problemas de cuórum.
