Lo ha dicho de muchas formas el ministro Nogui Acosta: para reducir la relación entre deuda pública y producto interno bruto (PIB), debemos sacrificarnos un tiempo. Cuando esa proporción baje, será menor el pago de principal e intereses a los acreedores, se liberará la regla fiscal y habrá más recursos para cumplir con las funciones del Estado. Como enunciado abstracto, suena bien. Pero peca, al menos, en tres aspectos: cómo calcular la deuda, cómo gestionar el sacrificio y cuál será el efecto de lo anterior.
Empecemos con el cálculo. La deuda del Gobierno Central (léase Hacienda) no es solo con los tenedores de bonos. Un porcentaje considerable tiene otro acreedor: la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, el Ejecutivo no reconoce su saldo y es omiso en los pagos de cada año, con lo cual el acumulado crece sin cesar. Al desconocerlo, maquilla la verdadera relación deuda/PIB, presenta una versión más “rosa” a las agencias calificadoras de riesgo y acelera el fin de la regla fiscal.
Si, como debe ser, añadiera la deuda con la Caja a los balances oficiales, el “sacrificio” tendría que ser mucho más largo, y obligaría a una gestión presupuestaria estratégica y responsable. Hasta ahora, se ha limitado a recortar gastos e inversiones a granel, con gravísimas consecuencias para ese Estado social de derecho que, según el ministro, el sistema tributario no permite financiar. Lo que también desdeña es que no estamos solo ante un problema de carga fiscal; peor es la falta de un enfoque integral, no simplemente contable, del binomio presupuesto–políticas públicas y de un marco adecuado para gestionar prioridades y “sacrificios”.
El golpe a becas, vivienda social, inversión educativa, salud preventiva, seguridad ciudadana y otras variables clave del bienestar es severo y visible, pero su impacto va más allá de lo inmediato, erosiona las posibilidades de desarrollo futuro y, por ende, la estabilidad fiscal, social e incluso política a mediano plazo.
Además, hay otro aspecto en el que una amiga me hizo reparar ayer: si el Estado, como está sucediendo, se repliega de funciones clave, sobre todo en zonas marginales, crecerá el riesgo de que ese vacío comience a llenarlo el narcotráfico. De materializarse, el sacrificio podría ser terminal. ¿Lo entenderá el gobierno?
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El autor es periodista y analista.
