En el Gobierno temen el «baile» de nombres y que este escándalo acabe siendo «la Gürtel» de Sánchez. Sumar busca una vía de escape
En el Gobierno están en un «ay» con el «caso Koldo» y las presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia, si bien la consigna que han recibido los ministros socialistas y lo que queda de mando en Ferraz es que nadie debe salirse del mensaje oficial que se diseña en la «fontanería» de Presidencia.
Ahora, resulta llamativo que entre los ministros que acumulan legislaturas en el Gobierno de Pedro Sánchez, ese núcleo duro del poder «sanchista», sea precisamente donde más inquietud hay por lo que se les pueda venir encima en las próximas semanas. El miedo es que de estas investigaciones aflore «una trama de altos cargos» y de nombres vinculados al Gobierno que aparezcan relacionados con los contratos de las mascarillas y las comisiones.
Además, Sánchez solo controla la parte socialista del Gobierno, donde no las tienen en absoluto todas consigo sobre en qué puede terminar el «caso Koldo», y quienes más dudas tienen son aquellos a los que llega más «información de Estado». La ministra de Defensa, Margarita Robles, calificó de «vergüenza» y de «escándalo» los datos ya conocidos.
Pero donde el presidente no tiene manera de protegerse es en la parte de Sumar, que lidera la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No es un dato menor que «el baile de nombres», como se refieren en uno de los ministerios, empieza en un ciclo electoral difícil para los socios de coalición, y en el que Sumar, que está todavía pendiente de su constitución como partido, se juega prácticamente la razón de su existencia.
«Esto puede ser peor que Gürtel. Allí eran 250.000 euros. En esto, a través de diferentes empresas con el mismo tronco, ya están hablando de 36 millones de euros». Si al presidente del Gobierno le llegan estos comentarios que se cuecen dentro de su Consejo de Ministros ya tiene motivos más que de sobra para ponerse en alerta sobre por dónde le pueden venir otros golpes políticos más allá de los previsibles de la oposición.
ERC, por ejemplo, tampoco se manchará en proteger al presidente, ni otras marcas como Compromís, que da signos, por cierto, de que está más en su salida de Sumar que en la oficialización de su integración en la plataforma creada «ad hoc» en las pasadas elecciones generales para recuperar un voto de izquierdas que jamás hubiera apoyado al PSOE en aquellos momentos.
En el ámbito político cobra pleno sentido recordar ahora el debate que hubo en los últimos estertores de la pandemia sobre la fiscalización del reguero de fondos públicos que se movilizaron de urgencia, sin controles, para responder a las necesidades sanitarias de la población por la covid. El PP hizo causa a nivel nacional de esta exigencia, y el Gobierno de coalición se negó a una auditoría independiente, pero tampoco hubo fiscalización independiente en los gobiernos autonómicos bajo mando de los populares. Al final, entre unos y otros, políticos y funcionarios, se pasó página de lo que era una obligación democrática de revisión del uso que se hizo de aquel caudal de dinero público que se manejó sin ninguno de los trámites previstos en la Administración en un contexto de normalidad.
La investigación de este caso empezó por una denuncia que presentó el PP de la Asamblea de Madrid en marzo de 2022 por unos contratos vinculados al Ministerio de Transportes para material sanitario ligados a una empresa cuyos beneficios crecieron sospechosamente rápido tras estas adjudicaciones.
El juez dejó ayer en libertad provisional a Koldo García, la mano derecha del exministro Ábalos, y a otros tres detenidos tras negarse a declarar en la Audiencia Nacional. A petición de la Fiscalía, el juez sí impuso a Koldo García y al presidente del Zamora FC, Víctor de Aldama, la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado, además de la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.
El escándalo desestabiliza a Sánchez y a su equipo dentro de la coalición y en la relación con los socios. Pero también le debilita de cara al PSOE y a los que conectan con el mensaje del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, aunque este último introduzca muchos más matices en la crítica al «sanchismo» de lo que hace Page.
En una entrevista con Carlos Alsina, en Onda Cero, el alcalde de León, José Antonio Díez, se atrevió ayer a dar el paso de respaldar en público al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, además de desvelar cómo fue amenazado por Koldo: «Tengo tres años para joderte». Desde Moncloa están haciendo una ronda territorial para «apretar las tuercas» y limitar el riesgo de que también internamente empiece el «baile» de los que coinciden en ese diagnóstico que dice que el PSOE ha entrado en «colapso» y camina irreversiblemente «hacia el abismo» bajo esta actual dirección.
