El impuesto extraordinario a las energéticas ha supuesto un punto de inflexión en la hoja de ruta de Repsol. La compañía advirtió a finales de 2023 que ante la intención del Gobierno de mantener el "impuestazo", se plantearía llevarse fuera de España inversiones millonarias. Tras presentar este jueves la Actualización Estratégica 2024-2027, que establece unas inversiones de entre 16.000 y 19.000 millones de euros, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, han afirmado que "las inversiones se pueden hacer o no hacer" en nuestro país y que están abiertos al diálogo con todas las instituciones.
"Si alguien invierte en España y crea empleo industrial tiene que pagar un gravamen. Aquel que importa no paga nada. Un gravamen que está discriminando al que invierte en España y favorece al que crea la riqueza en otro país. Estamos compitiendo con las manos atadas frente a quién importa. Es un impuesto que creemos que es discriminatorio, que no es legal ni constitucional", crítica Imaz.
Concretamente, la compañía cuenta con siete complejos industriales en el mundo, de los cuales, seis están ubicados en la Península Ibérica y estima que su transformación para ser punteros y desarrollar productos de bajas emisiones serán necesarias inversiones netas en un rango de entre 2.000 y 3.000 millones de euros, que estarán condicionadas a los cambios en la regulación y la fiscalidad en el país.
Ante este escenario ha considerado que tomarán la decisión "sin ninguna prisa" e irán viendo si pueden "competir en las mismas condiciones que nuestros competidores europeos". No obstante, el consejero delegado de la compañía ha asegurado que quiere "pensar que las reflexiones de la Comisión Europea y de Pedro Sánchez no caigan en saco roto" y que el Gobierno deberá replantearse este gravamen, ya que la "prioridad debe ser la inversión", que podría verse perjudicada por el "impuestazo".
"Tenemos una batería de proyectos preparados", aseguró Imaz, quien defendió que "esta inversión tiene mucho interés para España y para Repsol". "Esperamos que haya condiciones de estabilidad fiscal y regulatoria claras que permitan llevar esta inversión adelante", afirmó.
Imaz también ha señalado que el principal objetivo en el periodo 2024-2027 es la mejora de retribución a los accionistas: "El volumen de dividendo va ir creciendo un 3% año tras año". De esta forma, se espera distribuir entre un 25% y un 35% del flujo de caja de las operaciones.
"Tenemos una propuesta atractiva para que esto pueda salir adelante. Esta compañía va a crecer en flujo de caja en los próximos cuatro años porque estamos entrando en nuevos mercados", asegura el consejero delegado de Repsol.
La segunda prioridad es continuar manteniendo su sólida posición financiera, reflejada en su actual calificación crediticia (BBB+/Baa1), sobre la que se asienta la remuneración al accionista y el programa de inversiones.
Otro de los objetivos de la compañía es invertir entre 16.000 y 19.000 millones de euros netos en cuatro años y destinará más del 35% a iniciativas bajas en carbono. La Península Ibérica representará el 60% de las inversiones totales y Estados Unidos, el 25%.
"Apuesta muy decidida en energías renovables y esfuerzo muy importante en descarbonización. Vamos a tener 2.000 estaciones de servicios con energías renovables para 2027, una oferta cada vez más multienergía", sostiene el consejero delegado. Asimismo, ha asegurado que quiere que se lleve a cabo una descarbonización "más inteligente" en el ámbito europeo y preservando el empleo industrial.
