Una de ellas es menor de edad y sufrió un aborto por la explotación laboral. Otra se lanzó desesperada desde la ventana al ver que no podía mandar dinero a su familia como creía que podía hacer cuando marchó de su país. La Policía Nacional ha ofrecido este miércoles más detalles de la operación avanzada el día anterior en la que se han liberado a 21 víctimas de explotación laboral en el ámbito agrícola, tanto hombres como mujeres, y se ha detenido en las localidades sevillanas de Brenes y Cantillana a 15 responsables de trata de seres humanos, tres de los cuales están en prisión preventiva. Durante más de un año y medio los agentes, en coordinación con la Unidad de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía de Sevilla y la colaboración de la Agregaduría de Interior de España en Rumanía y del Ayuntamiento de Brenes, han trabajado en la desarticulación de una organización criminal que mantenía en condiciones de insolubridad a sus víctimas, sin poder comer, beber ni asearse.
Las fincas donde estas víctimas eran explotadas estaban repartidas por toda la provincia de Sevilla. Según han expuesto en rueda de prensa el jefe del grupo segundo de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de Sevilla, Fernando González y jefe del grupo tercero de la Brigada de Trata de Seres Humanos, Luis García, los dueños de esas fincas no tenían constancia de que estas personas estuviesen siendo explotadas, ya que la organización criminal había creado una serie de sociedades pantalla para dar apariencia de legalidad. Los agentes han destacado la profesionalidad de la organización, cuyo líder tenía un controlador de víctimas que vivía en sus mismos domicilios para que no salieran a la calle y no fueran encontradas por la Policía.
La jornada laboral de las víctimas empezaba a las 6.00 de la mañana cuando un coche las recogía. La vuelta, hacia las 20.00. En ese tiempo no tenían descansos ni podían comer. Muchas de ellas se veían obligadas a coger la comida de los contenedores para poder sobrevivir. El dinero que los propietarios de las fincas pagaban a la organización para que se hiciera cargo de los sueldos de sus empleados se los quedaba el clan.
Se trataba, según los investigadores, de una organización criminal compuesta por el líder de un clan familiar que tenía dos núcleos y que controlaban, paralelamente, la captación y el traslado de las víctimas. Las víctimas normalmente eran atraídas por redes sociales a través de falsos anuncios de empleo en los que se les ofrecían unas condiciones de trabajo que resultaban ser falsas. El líder de la organización, según han dicho los responsables policiales, ya fue detenido en el año 2022 por una operación similar.
Cuando las víctimas se mostraban interesadas en esos puestos de trabajo se les trasladaba desde su país de origen hasta España, siendo la mayoría procedentes de Moldavia y Rumanía. En el trayecto le retenían la documentación y los alojaban en casas ocupadas, donde dormían en el suelo y por las que muchas tenían incluso que pagar. Llegaron a acumularse 15 personas en una misma habitación. Situada la organización se procedió a realizar siete entradas y registros de forma simultánea en la provincia de Sevilla.
