Puerto de Colonia del Sacramento
Las empresas Buquebus y Colonia Express, especializadas en el transporte de pasajeros por vía acuática entre Uruguay y Argentina, han anunciado su intención de presentar una querella contra el Estado. La razón de esta demanda se centra en el reciente decreto que impone un cargo de 2,10 dólares más IVA a cada pasajero que viaje en barco, ya sea entrando o saliendo del país.
Se argumenta que el propósito de este impuesto es financiar la «instalación y mantenimiento de un sistema de control fronterizo» dirigido a los pasajeros que cruzan la frontera del país. Esta normativa establece el cobro directo de dicho monto en cada boleto emitido por ambas compañías, pero aplica solamente a los pasajeros que entren o salgan del país por la vía acuática.
«Es una violación al principio de legalidad previsto en el artículo 10º de la Constitución, un principio que viene desde la Revolución Francesa, de que nadie está obligado salvo que la ley lo establezca», dijo a Subrayado el abogado Daniel Ochs, que representa a Buquebus. En el mismo sentido, recordó que el Tribunal de Cuentas emitió «dictámenes concluyentes sobre la prohibición del tema».
Ochs agregó que este impuesto no es igualitario, en el sentido del reparto equitativo de las cargas públicas, porque solo aplica a pasajeros de Buquebus y Colonia Express: “Se costea todo el servicio de seguridad fronteriza solo con los que viajan por barco, que son el 20%».
Concluyó denunciando que el Ministerio del Interior no calculó siquiera cuánto cuesta el supuesto sistema de vigilancia y que no está clara la justificación del monto de US$2,10 más IVA por pasajero.
También será demandada la empresa mexicana Veridos S.A., que es la encargada de vender el servicio de gestión del mencionado sistema de control, cuya elección además ha sido ampliamente criticada por las empresas.
