El juez Manuel García Castellón ha abierto una pieza separada de carácter reservado para esclarecer la posible comisión de un delito de revelación de secretos por parte de autoridades o funcionarios públicos que tuvieran conocimiento de la contestación de la Justicia suiza a su petición de auxilio judicial en la investigación a Marta Rovira, imputada por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic.
La petición de información, cursada el pasado noviembre, fue remitida el pasado 29 de diciembre al Ministerio de Justicia, que no la hizo llegar a la Audiencia Nacional hasta poco antes del mediodía de ayer, después de que el contenido del dictamen -que niega la colaboración solicitada al enmarcarla en una solicitud de carácter "político" y pide información sobre la ley de amnistía- se publicara en sendos medios de comunicación.
El magistrado encarga la investigación a la Guardia Civil e insta a los agentes a "eludir cualquier información sobre el curso de la investigación a sus superiores", ordenándoles que le trasladen directamente a él los avances de sus pesquisas.
El magistrado acuerda notificar esta resolución a la Fiscalía y sólo su parte dispositiva a las demás partes personadas, entre ellas Dignidad y Justicia (DyJ), que había instado la medida después de que ayer mismo acusase al Gobierno de Pedro Sánchez de filtrar la respuesta de la Justicia Suiza "antes incluso" de remitir la información a García Castellón, lo que considera un "uso partidista de las instituciones" cuyo único objetivo era "dar propaganda a un escrito que favorece a los imputados de partidos socios del Gobierno".
Fuentes de la Audiencia Nacional mostraban ayer su extrañeza por el hecho de que Justicia retuviese casi dos meses la contestación de la Justicia suiza, un hecho que según apuntaban no tiene precedentes en el tribunal.
Dignidad y Justicia se quejó en un comunicado de que estas actuaciones "únicamente sirven para torpedear la independencia judicial y que demuestran la intención clara de este Gobierno de fagocitar el Poder Judicial". La asociación que preside Daniel Portero ha solicitado al juez esta misma mañana que aclare "por qué habiendo recibido el Ministerio de Justicia la contestación de las autoridades suizas a finales de diciembre de 2023" no se remitió el documento al juzgado "hasta el día de ayer y cómo fue publicado en un medio de comunicación antes de su remisión" a la Audiencia Nacional, por lo que instaba a García Castellón a investigar la posible comisión de un delito de revelación de secretos.
Suiza cuestiona que García Castellón pida ayuda judicial, y no policial, para localizar el domicilio de Marta Rovira, solicita información sobre la ley de amnistía y le insta a precisar "la implicación precisa" de Rovira en las acciones de Tsunami Democràtic en el Prat y Barajas. Además, niega la información bancaria solicitada respecto a una de sus cuentas (con la que el juez sospecha que se financió a Tsunami) porque el magistrado español pidió datos hasta junio de 2020, si el asalto del Prat y el intento de bloqueo de Barajas se produjeron en octubre de 2019.
El magistrado de la Audiencia Nacional ya ha contestado a Suiza que no puede aducir supuestos motivos "políticos" para negar una solicitud de auxilio judicial referente a una causa por terrorismo, pues lo impiden los tratados internacionales firmados por ambos países. Además, considera "inadmisible" que la Justicia helvética reclame información sobre la ley de amnistía antes de decidir si facilita información sobre Marta Rovira.
