El ministerio público solicita la pena máxima por el asesinato del bebé y 25 años por el de la mujer, sobre la que tenía orden de alejamiento
SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Cantabria ha solicitado prisión permanente revisable y 26 años más de cárcel para el investigado por el doble crimen de Liaño, por la muerte, en diciembre de 2021 en esta localidad cántabra, de su pareja, de 40 años, y el bebé de ambos, de once meses.
En concreto, el ministerio público pide la pena máxima por la muerte de la pequeña, 25 años por el fallecimiento de la mujer y un año más por quebrantamiento de condena (orden de alejamiento que tenía sobre esta última, y que habría roto hasta dos veces el día de los hechos).
Así se desprende del escrito de calificación provisional presentado por la fiscal, que considera que estos hechos son constitutivos de dos delitos de asesinato (ambos con alevosía y uno de ellos con ensañamiento además) y en los que concurren las agravantes de parentesco, en los dos, y de discriminación por género en uno también.
Asimismo, la Fiscalía, según ha informado este miércoles a Europa Press, considera a José R. --en prisión provisional desde lo ocurrido, cuando tenía 43 años-- autor de un delito continuado de quebrantamiento de condena, en el que concurre la agravante de reincidencia, pues tenía orden de alejamiento sobre quien había sido su pareja.
Por todo ello, solicita para el sospechoso prisión permanente revisable por el asesinato del bebé, privación de la patria potestad durante el periodo de la condena y libertad vigilada durante diez años; y 25 años de cárcel más y otros diez de libertad vigilada por el asesinato de la mujer y madre de la pequeña.
Y esta acusación también le reclama otro año de encarcelamiento por el quebrantamiento de la condena. Por último, interesa que se imponga al procesado el pago de las costas judiciales y el de las indemnizaciones que corresponda en concepto de responsabilidad civil.
LAS ACUSACIONES PARTICULARES Y LA POPULAR
Las tres acusaciones particulares personadas en la causa, en representación de familiares de las dos víctimas, y la acción popular, ejercida por el Gobierno de Cantabria, también han pedido para José R. prisión permanente revisable por el asesinato del bebé y 25 años más de cárcel por el de la mujer.
En uno de los escritos, de representantes legales de allegados a las fallecidas, se solicitaba además un año y tres meses de privación de libertad por cada uno de los dos delitos continuados de quebrantamiento de la condena apreciados por este letrado.
Y sumaba a todo ello esta parte la inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena y la prohibición de comunicarse por cualquier medio, acercarse o residir a menos de mil metros de familiares de hasta tercer grado de parentesco de las víctimas en los diez años posteriores a su salida de la cárcel, en el supuesto de que se imponga prisión permanente y de que esa pena sea revisada.
LOS HECHOS SERÁN JUZGADOS POR EL TRIBUNAL DEL JURADO
La causa ha sido tramitada por el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Santander y los hechos serán enjuiciados por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Cantabria.
Sucedieron en diciembre de 2021 en la casa familiar de las víctimas, en la localidad de Liaño, perteneciente al municipio de Villaescusa, donde aparecieron sin vida los cuerpos de madre e hija, el día 17 de ese mes.
Fueron localizadas con distintas heridas de arma blanca (que no ha aparecido), aunque se cree que ambas fueron asesinadas la tarde anterior. Los forenses sitúan la data de la muerte entre las siete de la tarde y nueve de la noche del 16 de diciembre.
Tras el hallazgo de los cuerpos, el sospechoso se personó en dependencias policiales a requerimiento de las autoridades, y quedó detenido. Desde entonces se encuentra en prisión preventiva. Primero estuvo en la cárcel de El Dueso, en Santoña, y después y hasta la actualidad en la de Dueñas, en Palencia.
TESTIGOS, TELÉFONOS MÓVILES Y ADN DEL SOSPECHOSO Y NO DE TERCEROS
Aunque se ha declarado inocente y ha negado su participación en los hechos, José R. es el único procesado por lo ocurrido. Varios testigos le situaron en el lugar en los momentos en los que presuntamente se cometieron.
Junto a ello, los datos de geolocalización de los teléfonos móviles del hombre y de la mujer también coinciden en tiempo y espacio, situándole igualmente en el escenario del doble crimen en el momento en el que presuntamente se cometió.
Y además, la información registrada en distintos repetidores y antenas de telefonía de la zona reflejan los desplazamientos posteriores del encausado, según los cuales permaneció toda la noche en la casa -en contra también de lo manifestado por él- y se fue en torno a las seis de la mañana del día siguiente.
Frente a todo ello, los investigadores no han encontrado ADN de otras personas en el lugar de los hechos, por lo que descartan la participación de terceros en estas muertes.
Así, en la casa familiar solo hallaron restos genéticos de madre e hija y del propio sospechoso, incluso en la mantita de la pequeña, en la que apreció envuelto su cadáver.
ORDEN DE ALEJAMIENTO E INTERVENCIÓN DE LA GUARDIA CIVIL
A priori, ambos asesinatos se produjeron tras la intervención de dos guardias civiles por la llamada de la mujer ante la presencia del hombre en el domicilio, a pesar de que tenía orden de alejamiento -dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Santander- y que habría quebrantado, hasta dos veces en un día.
Personados en el lugar, los agentes dejaron marchar al sospechoso y por este proceder la Benemérita abrió una investigación interna y un expediente -también a un sargento- que acabó en sanción a los tres efectivos implicados.
Posteriormente, la Audiencia Provincial de Cantabria rechazó que se impute por un doble delito de homicidio por imprudencia profesional a los tres efectivos.
