PSOE y Sumar se han comprometido a rebajar las horas de trabajo semanales de 40 a 38,5 en 2024 y a 37,5 en 2025 y es una modificación que requiere de un cambio legislativo por lo que ambas formaciones del Gobierno necesitan tantear cuántos apoyos tienen en el Congreso. De ahí que Sumar, capitaneado por Yolanda Díaz, haya llevado a debate en el Congreso una proposición no de ley para ver qué postura tiene cada partido sobre esta cuestión (la iniciativa se votará este jueves, aunque se ha debatido este martes). Y, aunque parece que puede contar con sus socios para materializar el cambio legislativo que requiere la reducción de la jornada, se ha llevado un aviso de Junts, partido determinante, que ha exigido que la medida se "negocie" con tiempo y con los sectores catalanes afectados.
Íñigo Errejón ha sido el encargado de presentar la proposición no de ley, que es una iniciativa que no es vinculante, sino que solo sirve para ver cómo se posicionan los grupos parlamentarios. Para materializar los cambios, el Gobierno debe presentar una iniciativa para modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la duración máxima de la jornada laboral, y el Congreso debe aprobarlo. Mientras llega esa iniciativa, se ha debatido este martes la proposición no de ley presentada por Sumar, que "insta al Gobierno a abrir con carácter urgente un proceso de diálogo social" que culmine con esa reforma legislativa.
La diputada del PP Isabel Prieto ha criticado la iniciativa de Sumar por dos motivos: el primero, porque es "autobombo" ya que está pactada de antemano "al margen del diálogo social", sin contar con los empresarios; y, el segundo, por cuestiones económicas, porque "no mencionan" a las empresas, que son "las más afectadas" si se implementa la reducción de la jornada laboral. De hecho, ha recordado que, en España, las pequeñas empresas dan trabajo a más del 60% de los trabajadores y la medida del Gobierno se traducirá en un aumento de los costes que van a tener que asumir, lo que "puede poner en peligro muchos puestos de trabajo". En todo caso, Prieto ha defendido que la reducción de la jornada "se debe aplicar" de forma "individualizada", analizando sector a sector.
Tanto PNV como Junts, los dos socios del Gobierno que pueden poner en riesgo la reforma legislativa, han expuesto sus matices a la proposición no de ley de Sumar. En este sentido, Idoia Sagastizabal sí está a favor de la reducción de la jornada laboral puesto que en "Euskadi prácticamente está instaurada" ya que "los principales convenios sectoriales recogen horarios por debajo de la media del pacto" de las 38,5 horas, aunque ha reprochado la proposición no de ley porque ha considerado que es un "intento de marketing" y ha reclamado "medidas de productividad", ya que es una de las asignaturas económicas pendientes de nuestro país. Josep Maria Cervera (Junts) ha evitado posicionarse sobre el fondo del asunto y se ha limitado a mandar un serio aviso: es un tema "suficientemente relevante" para que los sectores catalanes afectados por la reducción de la jornada laboral "tengan voz". En este sentido, ha pedido "tiempo" porque "hay que negociar" el cambio legislativo y evitar que el Gobierno acuda al Congreso sin haber consultado a Junts.
