El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha confirmado que este jueves mantendrá la reunión prevista con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para abordar el problema de la sequía, tras mantener este martes una conversación con ella al hilo de la polémica surgida sobre el artículo del decreto-ley de Simplificación Administrativa, aprobado por el Gobierno autonómico, que hace referencia a la Ley Forestal andaluza y el uso de suelos forestales y agrícolas.
"No pasa absolutamente nada; por parte de los representantes del ministerio, ha habido una interpretación de un decreto que tiene 500 hojas, que afecta a todas las consejerías y que es para el conjunto de Andalucía", ha señalado Moreno, apuntando que se ha interpretado por parte del equipo del ministerio "que había alguna causa que podría revertir la situación de los suelos" en el entorno del parque de Doñana.
Así se ha pronunciado Moreno este martes, en declaraciones a los periodistas en Madrid, con motivo de su asistencia a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, y al hilo de que Teresa Ribera anunciara el día antes que lo llamaría para trasladarle su "preocupación" y "sorpresa" por que el hecho de que el cuarto decreto-ley de simplificación administrativa incluya una modificación de la Ley Forestal de Andalucía (Ley 2/1992, de 15 de junio) que permitiría "legalizar" a agricultores ilegales que ocupan terrenos forestales en el entorno de Parque Nacional de Doñana.
El presidente ha indicado que no está de acuerdo con esa interpretación, pero que, en cualquier caso, como tienen "plena voluntad de acuerdo con el Gobierno de España y el interés general prima por encima de cualquier otra cosa, no vamos a tardar ni diez minutos en ponernos de acuerdo para que no haya ningún problema ni con Doñana ni con acuerdos del agua".
"Desde el Gobierno andaluz no queremos guerras de ningún tipo, sino que queremos el interés general", ha indicado Moreno, quien ha recalcado la voluntad de su Gobierno de sentarse con el ministerio para que sus representantes aclaren "qué no les gusta" de ese artículo del decreto ley de Simplificación Administrativa y que se "modifique" para que se sientan "a gusto" con la interpretación del texto.
La Junta sostiene que la reforma de la Ley Forestal de Andalucía (incluida en un artículo del mastodóntico decreto de simplificación administrativa, aprobado la semana pasada) no es más que la adaptación de la ley estatal, el trasvase de un “párrafo calcado”.
El PSOE andaluz, que ha puesto en sobreaviso a la ministra Teresa Ribera, denuncia que ese texto se ha modificado levemente, con un matiz que abre la puerta a permitir el uso agrícola a suelos forestales si en el pasado ya se usaron para cultivar. Y denuncian otro “párrafo calcado”, pero de la polémica ley de regadíos junto a Doñana, suspendida en el Parlamento andaluz por orden de Moreno en favor de un pacto. “Un traje a medida” de las parcelas del entorno de Doñana que iban a ser amnistiadas para su cultivo con la polémica ley de regadíos de PP y Vox, aparcada por la Junta tras pactar un acuerdo con el Gobierno de inversión millonaria para la comarca onubense.
Al leerlo, Ribera ha suspendido la reunión sobre Doñana que tenía programada con alcaldes y agricultores de la zona para este martes. “Es una legalización retroactiva”, advirtió el lunes, haciendo saltar las alarmas en todo el Ejecutivo andaluz. Hasta ese momento, la Junta negaba de plano la denuncia que partió del PSOE-A. Horas después, tras un cruce de llamadas entre el Ministerio de Transición Ecológica y varias consejerías, Moreno se avino a modificar el decreto ley recién aprobado.
La hipótesis que hizo tambalear la paz en Doñana era simple: un agricultor que en el pasado convirtió sus tierras de cultivo de eucalipto o chopo en uso forestal podría aprovechar la nueva redacción de la Ley Forestal de Andalucía -contenida en el decreto ley de simplificación- para volver al uso de cultivo en secano. Para el PSOE, un atajo para volver a regularizar a parcelas ilegales de cultivo. Según el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, esta hipótesis sólo podría suceder en 40 hectáreas en toda Andalucía, aunque una parte se ubica en la polémica corona norte de Doñana (la otra en la Vega de Granada).
El Ministerio de Transición Ecológica percibió que la Junta tenía intención de recuperar el diálogo cuanto antes, pero advirtió: “Tenemos juristas que no ven problema en esas líneas y otros creen que podría interpretarse en beneficio de agricultores infractores”. El Ejecutivo andaluz se avino a cambiar la “redacción” del polémico artículo en el decreto ley para volver al marco de diálogo. Lo anunció pasadas las tres de la tarde, antes de que Ribera llamara al presidente andaluz.
Fuentes del Ejecutivo andaluz aseguran que la norma se aprobará este miércoles, como estaba previsto, pero la Junta llevará al próximo Consejo de Gobierno la eliminación del polémico artículo referente a la Ley Forestal, que introducirá de soslayo en otro decreto ley de otra materia distinta [algo habitual en la práctica legislativa].
Era la única vía posible, una vez que el PP había descartado de plano tramitar el macro-decreto como proyecto de ley, como le pedían todos los grupos de la oposición de izquierdas. El PSOE, también como estaba previsto, votará este miércoles en contra del decreto ley e iniciará los pasos para recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, porque su rechazo a la norma va más allá de la crisis de las últimas 12 horas.
Espadas ha acusado este martes en el Senado al presidente andaluz de intentar “colar” en el decreto de simplificación la ampliación del regadío en Doñana. “Es muy grave que un presidente de la Junta diga una cosa y haga otra. Ayer quedó de manifiesto su insolvencia después de que en un primer momento negara que hubiera un problema, faltando el respeto a quienes denunciamos la situación, para después pedir disculpas al Gobierno de España por faltar al acuerdo y decir que está dispuesto a retirar el texto”, concluyó.
