Organizaciones sociales, ambientales, ONG y sindicatos solicitan al Gobierno la prohibición de los cortes de suministros esenciales a personas en situación de vulnerabilidad y la aplicación del principio de precaución, entre otras medidas urgentes para abordar la pobreza energética. Con motivo de la Semana contra la Pobreza Energética, que tiene lugar hasta este 23 de febrero, más de 50 organizaciones han remitido cuatro cartas a los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Vivienda, Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030, expresando su preocupación por la situación de pobreza energética que sufre el país y reclamando medidas a corto y medio plazo. La principal demanda de las organizaciones es que se garantice el acceso a los suministros básicos como un derecho permanente, no como medida transitoria sujeta a un período excepcional. Para ello, reclaman la prohibición de la interrupción de los suministros esenciales (energía y agua) por impago, y que se aplique el principio de precaución, tal y como se recoge desde el año 2015 en Cataluña gracias a la Ley 24/2015. Ésta prohíbe a las empresas suministradoras interrumpir el servicio sin consultar previamente a los servicios sociales si en ese hogar hay personas en situación de vulnerabilidad. En las cartas, las organizaciones firmantes denuncian que las medidas de protección del Gobierno a las personas vulnerables tienen un carácter temporal y reclaman un marco legal estable «que avance en el Derecho a la Energía». También señalan que la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética (2019-2024) sólo se ha implementado parcialmente y reclaman cuatro medidas urgentes, a implementar este año 2024 y tres medidas a medio plazo. Las medidas urgentes reclamadas son: Que se garantice el acceso a los suministros básicos como derecho, prohibiendo el corte de suministros por impago, sin aplicar el principio de precaución que ya funciona en Cataluña. Ampliación y automatización de la concesión del bono social y creación de una tarifa social accesible. Cambiar la regulación para que las comercializadoras de energía que lo soliciten puedan ofrecer el bono social. Creación de una mesa de trabajo con estas entidades para la elaboración de la futura Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (2024-2029). Además, se solicita al Gobierno que intervenga en el caso de la Cañada Real, donde llevan sin suministro eléctrico desde hace más de tres años, y que garantice el acceso a la energía a su población. Las medidas que se reclaman a medio plazo son la creación de los mecanismos y programas necesarios para que las personas en situación de vulnerabilidad accedan a las ayudas en materia de renovables, rehabilitación y eficiencia energética; una nueva ley de eficiencia energética que desbloquee procesos de mejora en las viviendas vulnerables y, finalmente, incluir medidas para prevenir y paliar la pobreza energética de verano en la nueva estrategia.
