El Gobierno busca que Bruselas apruebe un impuesto comunitario a las grandes fortunas europeas. Una tasa denominada “Tax the Rich” —en español, “gravar a los ricos”— y que el Partido Socialista promueve en el Parlamento Europeo en calidad de iniciativa ciudadana. El pasado fin de semana el partido envió un mensaje a los afiliados para recoger firmas a favor de la propuesta.
Este tipo de proyectos, sustentados por el apoyo popular, deben reunir, al menos, un millón de firmas válidas y el respaldo de siete países pertenecientes a la Unión Europea. Esta medida supone un paso más en la línea impositiva marcada por el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, que aprobó en 2022 un impuesto a los bancos y a las compañías energéticas para gravar los beneficios extraordinarios obtenidos gracias al alza de la inflación en los dos últimos años.
Aunque dicho impuesto se pensó solo para los años 2023 y 2024, el Ejecutivo anunció su continuidad a finales del pasado enero: “(...) pasará ya a contar con un carácter permanente", afirmó Sánchez.
La iniciativa estima obtener alrededor de 200.000 millones de euros de este nuevo gravamen a los “ultrarricos”, como se les denomina en las bases de la propuesta. El presupuesto comunitario se divide en “compromisos” y “pagos”. Según explican los socialistas en la misiva remitida a todos los militantes, la cuantía total que se recaudaría con esta iniciativa supone más del total anual destinado por la UE en cualquier de los dos conceptos.
El pasado 11 de noviembre el Consejo y el Parlamento Europeo cerraron un acuerdo sobre el presupuesto anual de 2024. El presupuesto comunitario para este año se eleva a 189.390 millones de euros en compromisos y 142.630 millones de euros en pagos, casi 11.000 y 58.000 millones menos respectivamente. Sin embargo, aunque los socialistas sí cifran los ingresos estimados en el escrito a los afiliados, el documento que desarrolla la propuesta no menciona cantidad alguna.
La iniciativa parte de distintas personalidades. En el terreno político, Paul Magnette, líder de los socialistas belgas, se sitúa como el principal defensor de la medida. También la secunda Aurore Lalucq, eurodiputada francesa perteneciente al grupo progresista y el coordinador mundial de la Alianza Progresista, Conny Reuter. Este impuesto a los “ultrarricos” cuenta con el apoyo de destacados economistas como Thomas Piketty o el economista jefe de la Confederación Finlandesa de Profesionales —uno de los sindicatos más grandes del país— Lainà Patrizio.
La iniciativa ha encontrado respaldo también en loas dueños de grandes fortunas como Marlène Engelhorn. La empresaria heredó 4.000 millones de la compañía química alemana BASF —la más grande del mundo en su negociado— y encabeza el proyecto “Tax me now” —en español, “grávame ya”— secundado por más de 200 ricos de distintos países. El máximo responsable de Oxfam en Dinamarca, Lars Koch, también ha apoyado este impuesto.
El texto sobre la propuesta apunta, además, la petición de más de un centenar de eurodiputados que, junto a distintos economistas, solicitaron recientemente a la UE “la introducción de un impuesto progresivo sobre la riqueza extrema”.
El texto que explica y trata de justificar este nuevo impuesto comunitario a las grandes fortunas europeas, hace hincapié en las distintas crisis a las que se enfrenta Europa —medioambiental, económica, sanitaria, geopolítica, etc…— como consecuencia del “fracaso de las políticas fiscales y sociales” aplicadas por los gobiernos de cada Estado miembro.
“Mientras que el objetivo de la Unión es promover el bienestar de sus pueblos, luchar contra la exclusión social y garantizar la justicia y la protección sociales (artículo 3 del TUE), y sus instituciones se comprometen a garantizar una mayor equidad, en particular en materia fiscal, las desigualdades no han dejado de aumentar”, reza el escrito que incide en la mala distribución de la riqueza y su influencia en el cambio climático: “(...) hoy el 1% más rico del planeta posee casi la mitad de la riqueza mundial, y ese mismo 1% emite también más emisiones de CO₂ que la mitad más pobre del planeta”.
Los firmantes de esta propuesta aseguran que este nuevo impuesto ayudaría a revertir esta desigualdad económica en la población y multiplicaría la velocidad de la lucha contra el calentamiento global. Para ello, apelan a un estudio realizado por el Laboratorio de Desigualdad Mundial, un centro de investigación internacional, económica y social dependiente de la Escuela de Economía de París —cuenta con más de 100 investigadores de 70 países—. El trabajo señala que el gravamen “permitirían cofinanciar las políticas de transición ecológica y social llevadas a cabo por la Unión y sus Estados miembros”.
La iniciativa ciudadana necesita un millón de firmas, como mínimo, y conseguir las firmas de, al menos, siete países europeos con un umbral de apoyo popular por cada uno. Por parte del Partido Socialista, y en representación de España, han firmado el impulso a este nuevo impuesto María Jesús Montero, número dos del PSOE y vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda; Santos Cerdán, secretario de Organización socialista; e Iratxe García, presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo desde junio de 2019, y probable cabeza de lista del PSOE a las europeas.
Si consiguen aunar las firmas, el impuesto europeo irá seguido de tres pasos: exigir a la Comisión una “propuesta de directiva”. Las directivas son leyes comunitarias que deben cumplir todos los países europeos. En este caso, los impulsores del gravamen a las grandes fortunas apelan al artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea —TFUE, uno de los cuatro textos constituyentes de la UE—. Este punto permite a Bruselas aprobar una directiva a la que deben aproximarse las legislaciones nacionales en materia de fiscalidad.
Un paso fundamental, según los impulsores, para evitar una “disparidad” entre los distintos impuestos a los ricos que decida aprobar cada país y sortear que “alimenten una mayor competencia fiscal dentro de la UE y creen distorsiones en el mercado interior”. “(...) es, por tanto, necesario adoptar planteamientos estratégicos comunes y emprender acciones coordinadas para maximizar el impacto positivo de la fiscalidad sobre los ultrarricos”, aseguran.
En segundo lugar, solicitan modificar la decisión tomada en 2020 por la Comisión Europea sobre el dinero recaudado por la UE. Según lo acordado, el presupuesto de la UE se nutre, exclusivamente, de tres fuentes de ingresos: “(...) los derechos de aduana, las contribuciones basadas en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) recaudado por los Estados miembros y las contribuciones directas de los países de la UE”.
La modificación solicitada por quienes se muestran a favor de crear un nuevo gravamen a las grandes fortunas busca que lo recaudado con este nuevo impuesto también forme parte de las fuentes de financiación de las arcas europeas, permitiendo, además, recuperar así lo invertido en el Plan Europeo de Recuperación tras la covid-19.
El último paso se refiere a dónde se destina todo el dinero recaudado, los 200.000 mil millones que estima el PSOE en su escrito a la militancia: “Debería destinarse a una transición ecológica y social justa, alimentando las políticas de la UE y de los Estados miembros dedicadas a este”, afirman el escrito a favor de la medida “Tax the rich”.
