HARRISONBURG, Estados Unidos. – Este martes 13 de febrero el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), publicó una noticia que vuelve a demostrar cómo la prensa oficial evade la realidad, la manipula, y pone al desnudo la dependencia y subordinación de las controvertidas mipymes a los ucases del PCC.
La noticia se titula “Arrendadas en Pinar del Río más de 260 unidades al sector no estatal” y está firmada por Ronald Suárez Rivas.
Inmediatamente después del titular aparece esta apostilla: “Por lo general, eran locales que se hallaban en malas condiciones constructivas, con plantillas improductivas y servicios muy limitados”.
Granma no dice que si esos locales estaban en malas condiciones constructivas fue porque las empresas estatales a las que pertenecen no realizaron las acciones de mantenimiento que necesitaban. Tampoco dice que si tenían plantillas improductivas eso también era responsabilidad de esas empresas, porque fue el Estado cubano el que creó el fenómeno de las plantillas infladas desde el mismo inicio de la nueva dictadura, algo que ocurrió gracias al extraordinario subsidio soviético y que se hizo con el objetivo de afirmar que Cuba había eliminado el desempleo. También es responsabilidad del Estado que los servicios que monopolizó, sobre todo después de la llamada “Ofensiva Revolucionaria” de 1968, sean muy limitados.
Una muestra de lo que ha llegado a ser el periodismo oficial es el segundo párrafo de la noticia, donde el periodista pone en boca de Felipe Ponce Ceballos, director de la Empresa Provincial de Gestión de Inmuebles ―¡vean que nombre tan largo y rimbombante para esa entidad parásita del erario público― las siguientes palabras: “73 de ellas [se refiere a las unidades entregadas en arrendamiento] se dedican actualmente a la gastronomía y también hay una cifra considerable en actividades como la reparación de equipos electrodomésticos, lavandería, fotografía, peluquería, barbería y manicure”.
Más allá del tufillo triunfalista, este párrafo demuestra su incongruencia con la realidad porque si el Estado ha entregado en arrendamiento esos locales al sector cooperativo y privado eso se debe a su incapacidad para garantizar los servicios que el burócrata menciona de una forma tal que parece que todo funciona bien, cuando sabemos que muchos de esos centros gastronómicos estatales no tienen nada que ofertar y cuando lo hacen los productos son de baja calidad y a precios exorbitantes. También sabemos que no hay piezas de repuesto para los equipos electrodomésticos y que no funcionan bien los otros servicios mencionados.
La nota informa que han sido los trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agropecuarias y más de 30 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las que se han encargado de transformar esas instalaciones y espacios. A pesar de que toda esa inversión ha corrido a cuenta y riesgo de esos actores económicos no estatales, el burócrata asegura ―como si fuera un mérito estatal― que se ha generado empleo, incremento de los servicios y también se ha transformado la imagen de tales unidades. Es decir, esos actores han logrado lo que no logró el Estado.
El burócrata expuso al periodista que para este año en la provincia más occidental de Cuba se pretenden poner en licitación nuevos locales, pero que estos serán entregados a los actores económicos que se ajusten a “aquellas actividades a las que la dirección del país ha llamado a potenciar, entre ellas, la producción y elaboración de alimentos, las producciones industriales y los principales programas de desarrollo local”, es decir, ¡aquellas actividades en las que el Estado cubano ha demostrado extrema incapacidad productiva y reiterados incumplimientos de sus planes!
Pero en mi opinión la parte más significativa de la noticia está en sus dos últimos párrafos, en los cuales el burócrata, no contento con el mejoramiento que han recibido más de 260 propiedades estatales, ni con el dinero que se recibe por el arrendamiento, les advierte a esos actores económicos ―¡sí amigo lector, les advierte!― que también deben asumir una responsabilidad social con el entorno y la comunidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad?, se preguntará usted. Pues nada más y nada menos que la de asumir otra tarea de la cual el Estado cubano se ha desentendido olímpicamente debido a la crisis multifuncional que ha generado con su incapacidad productiva y por dedicar enormes sumas de dinero al turismo y a la represión. Y es que ahora esos actores económicos están obligados a atender a personas en situación de vulnerabilidad y hacer donaciones de alimentos y productos de aseo a dichas personas y a instituciones de salud y educación, así como a ofrecer gratuitamente servicios de barbería y peluquería a las casas de abuelos y otras instituciones del Estado.
En Cuba nada ocurre por casualidad. Si usted se mantiene al tanto de la actualidad cubana seguramente habrá leído sobre el emprendedor que el pasado mes de diciembre realizó una cena gratuita para varias personas en extrema pobreza, o de otros que han repartido alimentos o ropa. Obviamente no estoy en contra de esas buenas acciones, pero lo que me llama la atención es la publicidad que se les ha dado y que muy pronto se pretenda convertirlas en obligaciones. Y es ahí donde surge mi suspicacia: ¿será que el Estado cubano pretende desentenderse de sus compromisos con ese sector empobrecido de nuestro país, cada vez más numeroso e incapaz de satisfacer sus necesidades elementales? El lector puede imaginar lo que les pasará a aquellos empresarios que no cumplan con este nuevo ucase de los comunistas.
Ronald Suárez ha difundido una noticia que se presta para un gran reportaje. El periódico oficial podría investigar sobre la procedencia de quienes hoy son presentados como “nuevos emprendedores cubanos” y esclarecernos por qué ningún opositor o persona no comprometida claramente con la dictadura no puede ser uno de esos actores económicos. La Constitución asegura en su artículo 42 que no puede existir ningún tipo de discriminación y a la vez, otro de sus artículos, el 54, afirma que el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, así que Granma podría tratar de explicarnos por qué varios trabajadores de esas mipymes han sido despedidos solo por haber hecho críticas a la dictadura en las redes sociales.
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