La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la Sala de lo Contencioso que ordene el traslado a España de una fiscal de antiterrorismo afgana y su hijo menor de edad para que puedan pedir asilo en territorio nacional , después de que intentasen realizar los trámites desde la Embajada en Islamabad y recibiesen un silencio administrativo por respuesta. Escondidos en Pakistán, la vida de ambos corre grave peligro. En concreto, la mujer, fiscal de carrera y que sentó en el banquillo entre otros, al que era líder del Estado Islámico en Afganistán, quedó viuda con un bebé de pocos meses cuando su marido, abogado, pereció en un atentado terrorista en los juzgados de Kabul. Tras la llegada de los talibanes de nuevo al poder en 2021, muchos de los terroristas a los que ella personalmente había acusado fueron puestos en libertad. Ya tenía cinco años el niño cuando pudo huir junto a su hermana a Pakistán , pero ella acabó siendo detenida y deportada de vuelta a Afganistán. La Clínica Jurídica de la Universidad Pompeu Fabra pidió asilo en su nombre y el de su hijo en la embajada de Islamabad y aunque el embajador de España acusó recibo de la instancia, ni resolvió ni tomó ninguna decisión en plazo. Ese silencio administrativo, que de facto es una negativa, se transformó en un recurso contencioso en España para pedir el traslado urgente de la mujer y el niño. Cabe recordar que la legislación impide tramitar la protección internacional en las delegaciones consulares: debe cumplimentarse dentro del país. Noticia Relacionada Tercera operación irbis estandar Si Robles reanuda en secreto las extracciones de afganos desde Irán Pablo Muñoz Era abril de 2023 y el recurso no estaba en la instancia correcta. El caso viajó del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la Audiencia Nacional, donde la Sala de lo Contencioso abrió causa en octubre y se dispuso a dirimir las medidas cautelares. En paralelo, la Fiscalía había recibido un escrito del vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra y director de la Clínica Jurídica de la UPF, Maurici Pérez Simeón, alertando de la situación. Ahora, tras recabar un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que da veracidad al relato de hechos de la mujer y su trayectoria como fiscal así como descarta que supongan ella o su hijo cualquier tipo de peligro para la seguridad nacional, la Fiscalía ha pedido a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo que resuelva las cautelares en su favor. «Del contenido del escrito recibido y del informe de la Comisaría General de Información se infiere que la situación personal en la que se encuentra la mujer es de grave riesgo para su vida y la de su hijo menor, como consecuencia de haber ejercido la función pública de fiscal promoviendo la acción de la justicia contra grupos de terrorismo islámico, así como por haberse pronunciado públicamente contra medidas que restringen severamente derechos fundamentales en su país», dice el informe que firma Manuel Campoy. Considera que «la no adopción de la medida cautelar interesada (traslado a España para hacer posible la presentación de la solicitud), puede hacer perder la finalidad legítima del recurso interpuesto, habida cuenta el grave riesgo de ser deportada de Pakistán a Afganistán con serio peligro para su vida» y pide a la Audiencia Nacional que acuerde su traslado.
