El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) le pagó 86 días de vacaciones a un funcionario que se pensionó a mediados del 2022, porque sus superiores no se aseguraron de que disfrutara de esos días antes de que se acercara la fecha de su retiro.
El caso fue presentado por la Auditoría Interna a la junta directiva de ese consejo adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, durante la sesión del pasado 2 de noviembre, según consta en el acta 015-2023 correspondiente a esa sesión.
De acuerdo con el auditor del CNC; Óscar Vargas Murillo; el funcionario José Manuel Serrano Beeche tenía varios períodos de vacaciones acumulados que debieron cancelarse al momento de su retiro, pues pese a las advertencias sobre este tema que se habían hecho a lo interno, no se tomaron las medidas necesarias para evitar que ese riesgo se materializara. El monto que se le canceló al trabajador por ese concepto no fue divulgado.
Serrano dijo a La Nación, que trabajó para el CNC durante 16 años e incluso en los últimos años cuando se desempeñó como gerente de proyectos en marcha, tenía a cargo la supervisión de las dos principales concesiones del país: La Terminal de Contenedores de Moín y la ruta 27.
El ingeniero aseguró que antes de su jubilación su puesto tenía un recargo debido a la carencia de personal que hay en ese consejo y por esa misma razón le resultaba difícil programar sus períodos de vacaciones; además tampoco estaba al tanto de que tras su salida se hubiese iniciado la gestión que dio como resultado el informe de la Auditoría.
Tras conocer el caso, la ministra de Planificación Laura Fernández pidió saber quién autorizó el pago y fustigó el hecho de que se justificara el incumplimiento de la normativa en la falta de un encargado de recursos humanos, que hubiese velado por que el funcionario hiciera uso de sus vacaciones.
“Para mí no es de recibo la ausencia de un jefe de recursos humanos para justificar un pago que no está a derecho (...) Es un dinero que nunca se debió haber cancelado al funcionario que tiene acumulación de vacaciones y una fecha de jubilación, hay por normativa que mandarlo a vacaciones previas, podrá tener 500 días acumulados, pero lo que tenían que hacer era haberlo mandado 500 días de vacaciones”, manifestó.
Fernández calificó lo ocurrido como una “barbaridad” e incluso dijo que el Consejo debía buscar la recuperación de esos recursos, adicionalmente pidió conocer a cuánto ascendía el monto cancelado por ese rubro, así como los períodos acumulados de vacaciones.
El auditor únicamente reiteró en su respuesta que se trataba de 86 días de vacaciones correspondientes a “varios períodos” pero no se reveló el monto, o al menos este no quedó constatado en el acta de la sesión.
El Código de Trabajo establece en el artículo 156 que las vacaciones son “absolutamente incompensables” salvo excepciones puntuales, como cuando el trabajador deja su puesto, su estancia es ocasional o si, por alguna circunstancia justificada, no ha disfrutado de su derecho al descanso.
En ese último caso, el trabajador podrá convenir con el patrono el pago del exceso del mínimo de dos semanas de vacaciones por cada cincuenta semanas laboradas (1 periodo), mientras no supere el equivalente a tres períodos.
Durante su presentación ante los miembros del Consejo, el auditor indicó que la problemática de las vacaciones acumuladas entre los empleados de ese órgano es un “tema bastante viejo”, sobre el cual se han venido realizando advertencias desde hace años .
Incluso mencionó que se trata de una “práctica muy común”, añadió que hay casos de funcionarios que tienen 100 días y hasta un abogado de la dirección de asuntos jurídicos que tendría cinco meses de vacaciones acumuladas.
El auditor aseguró que durante el período de gestión de la anterior secretaria técnica, Dahianna Marín Chacón, se procuró que el personal realizara planeamientos de vacaciones para disminuir estos riesgos, pero reconoció que el avance ha sido “poco”.
En relación al caso de Serrano Beeche, la Junta Directiva acordó que la secretaria técnica debía presentar un plan de acción en un período de 10 días para atender las recomendaciones presentadas en el informe.
La Nación consultó al CNC sobre el citado plan; sin embargo, la oficina de comunicación indicó que la secretaria técnica Danielle Jenkins, que precisamente había sido juramentada en esa misma sesión del 2 de noviembre, dejó su cargo el pasado 31 de enero.
Este medio dirigió las consultas al ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, pero no se tuvo respuesta al cierre de esta publicación.
