Bonos de deuda política serie B perderían su valor porque el TSE improbó por “incongruencias” el 54% de los gastos cobrados por el PPSD por la campaña del 2022
Un grupo de 12 financistas de la campaña electoral del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, se quedaría sin cobrar ¢919 millones debido a que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le improbó al Partido Progreso Social Democrático (PPSD) más de la mitad de los gastos que pidió reembolsar.
Entre las personas que perderían el dinero invertido, se encuentra De Sheng Lin Hu, de 25 años, quien emergió a la palestra pública porque el Banco de Costa Rica (BCR) envió al TSE una alerta sobre el origen de los fondos con que compró bonos de deuda política a la campaña de Chaves. Él afirmó que los ¢150 millones fueron un regalo de sus padres.
El pasado 23 de noviembre, el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE recomendó rechazar el 54% de los gastos cobrados por el PPSD, al detectar “incongruencias” en la información de respaldo entregada para justificar las facturas.
De los ¢2.075 millones liquidados por el partido oficialista, la dependencia recomendó a los magistrados electorales rechazar el reembolso de ¢1.117 millones y aprobar el giro de ¢958 millones.
De ser avalado ese criterio técnico por la cúpula del Tribunal, el grupo de 12 financistas no recuperaría lo invertido en la compra de certificados de deuda política serie B, pues ninguno adquiriría valor.
El PPSD colocó 1.490 bonos serie A por un total de ¢1.494 millones y 1.839 certificados serie B, por ¢919,5 millones. En conjunto, colocó ¢2.409,5 millones.
Los bonos serie B se pueden cancelar hasta que se paguen los serie A, los cuales tienen prioridad.
En este caso, esos ¢958 millones ni tan siquiera alcanzan para pagar los A, pues solo adquirirían un valor del 63,8%. En otras palabras, si una persona adquirió un certificado A de ¢1 millón, solo podrá reclamarle a la Tesorería Nacional ¢638.000.
Los bonos serie B se convertirían en un papel sin ningún valor económico. Lo mismo hubiese pasado si el partido hubiese colocado bonos serie C o D, también se quedarían sin valor.
Si bien los 12 tenedores de bonos serie B, en conjunto, podrían haber reclamado el pago de ¢919,5 millones, ellos desembolsaron un 35% menos de ese monto (¢597,7 millones), porque Progreso Social les hizo un descuento equivalente a ese porcentaje, como una forma de retribuirles, eventualmente, el dinero invertido.
Bajo esa dinámica quien más dinero aportó fue De Sheng Lin Hu. Él giró a las cuentas del PPSD, mediante un cheque, ¢150 millones y de haber cobrado valor los bonos, hubiese recibido ¢231 millones, más intereses.
Su aporte generó muchas dudas debido a que el BCR le envió al TSE alerta de “operaciones sospechosas” en torno al origen de esos recursos, cuyos depósitos se realizaron el 29 y 31 de marzo de 2022, a cinco y tres días de la segunda ronda electoral. Por esa razón, él debió comparecer ante la comisión especial del Congreso que investigó el financiamiento de las elecciones nacionales del 2022.
Ante los diputados de ese foro, dijo que el dinero invertido fue un “regalo” que le hicieron sus padres, y que compró los bonos porque le pareció un buen negocio.
Él contó que sus progenitores, quienes son extranjeros, tienen supermercados e importan arroz por medio de una empresa llamada Distribuidora Hong Kong.
El segundo mayor comprador de bonos fue Fengliang Zheng Zheng, quien giró ¢135,5 millones y tenía bonos por ¢208,5 millones. En tercer lugar aparece Christian Arce Carranza, quien compró 350 certificados valorados en ¢175 millones y por los que pagó ¢113,7 millones.
En cuarto lugar figura Calixto Chaves Zamora, quien es asesor del presidente Chaves y tiene una oficina en Casa Presidencial. Su familia es accionista del consorcio Sociedad Portuaria de Caldera (SPC), el cual opera el puerto de Caldera, en Esparza, Puntarenas, desde el 2006.
Chaves Zamora desembolsó ¢67,6 millones por 208 bonos que, en conjunto, suman ¢104 millones. Otros ocho financistas son:
Los tenedores de bonos A por su parte –como de indicó más arriba–, solo podrían cobrar el 63,5% del valor de los certificados. No obstante, la gran mayoría de ellos no perdería el dinero invertido, pues solo pagaron el 60% de su valor, gracias a un descuento del 40% que les aplicó la agrupación.
Eso sí, solo podrían recobrar el dinero desembolsado más un 3,5% adicional del descuento y perdería el otro 36,5% de ganancia.
En este grupo de financistas se encuentra el presidente Rodrigo Chaves, quien desembolsó ¢10,7 millones por 17 bonos valorados en ¢17 millones; y la jefa de la bancada oficialista, Pilar Cisneros, quien giró ¢8,4 millones por 14 certificados que, en conjunto, valían ¢14 millones.
También aparece Erick Quesada Gutiérrez, el mayor financista de Chaves, y a quien el TSE le pidió probar su solvencia económica por haber invertido ¢100,2 millones en 167 bonos que valían ¢167 millones.
Están, además, algunos de los tenedores de bonos serie B, como Calixto Chaves y Fengliang Zheng Zheng.
El departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE recomendó rechazar gastos de la campaña del 2022 por un total de ¢1.117 millones y solo aprobar el giro de ¢958 millones porque Progreso Social Democrático no aportó la documentación necesaria para probar que el gasto realmente se realizó.
“Producto del proceso de revisión se determinaron incongruencias entre lo informado en la documentación de respaldo de diferentes gastos y lo recabado por este departamento con ocasión de las verificaciones de campo desarrolladas por este órgano técnico”, se consignó en el informe N.° DFPP-LP-PPSD-06-2023, del 23 de noviembre del 2023.
Por ejemplo, rechazó el reembolso de ¢326,7 millones por gastos relacionados a actividades para el fortalecimiento de la estructura interna del partido; ¢52,6 millones por servicios de audio y vídeo para cortos de televisión; ¢40,6 millones relacionados con la partida de televisión y ¢65 millones por la de radio.
Rónald Chacón, jefe de esa dependencia del TSE, indicó que el informe se encuentra en estudio de los magistrados y ya es del conocimiento del partido político, en caso de que quisiera presentar algún alegato.
“Una vez que se encuentre en firme la resolución, el Ministerio de Hacienda deberá ejecutar lo ordenado por este Tribunal y girar los recursos respectivos al partido político o a los propietarios de los certificados de cesión, en la proporción que corresponda”, dijo Chacón.
La Nación intentó obtener una reacción de la diputada Luz Mary Alpízar, quien también es presidenta del PPSD; sin embargo, no respondió a las preguntas enviadas a través de su encargada de prensa, desde la semana pasada.
La deuda política es un aporte que el Estado hace a los partidos políticos para financiar sus respectivas campañas electorales. Para el proceso anterior, se destinaron ¢19.791 millones, que se distribuyeron entre ocho partidos, de acuerdo con el número de votos que obtuvieron en las urnas.
La Constitución Política establece, en su artículo 96, que podrán acceder a la contribución estatal las agrupaciones que alcancen al menos un 4% de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o en la respectiva provincia, o bien, los partidos que obtuvieran al menos un diputado.
El monto que se destina para ese fin también es definido por la Constitución Política. Allí se indica que debe ser el equivalente al 0,19% del producto interno bruto (PIB) del año trasanterior a la celebración de la elección, en este caso específico, entonces sería el del 2020. No obstante, para el 2022, los diputados redujeron la cifra a un 0,085% del PIB.
