En el corto plazo, el Presidente no pretende discutir medidas fiscales tendientes a alivianar el envío de fondos a los mandatarios subnacionales. La fuerte medida que implica el ajuste a casi $1000 el boleto de colectivo en las ciudades del Interior.
Javier Milei tensionó aún más el vínculo con los gobernadores a raíz de la quita del Fondo Compensador del Interior, que se destina a subsidiar la tarifa de los colectivos fuera del AMBA, y que afecta a grandes ciudades como Córdoba, Rosario y Mendoza. "El ajuste lo tendrán que pagar ellos", aluden desde Casa Rosada, dado que la discusión por algunas medidas fiscales no está entre las prioridades del Presidente.
Se trata de una decisión que se precipitó a partir de la baja de la Ley Bases a comienzos de la semana, la cual se produjo a raíz de una decisión del Presidente y sus alfiles legislativos, quienes consideraron que el proyecto iba a ser "desguazado" en el tratamiento particular y que iba a perder el espíritu. En los pasillos de Rosada también se abona a la versión de que el oficialismo ya sabía que no estaban los votos y que el tratamiento legislativo del lunes fue para exponer a los grupos opositores que finalmente se opusieron.
Entre los apuntados por Milei están los gobernadores de provincias con votos clave para la aprobación en particular y que luego viraron por la negativa. El Presidente los calificó ayer de "traidores" y "delincuentes" y tiene en la mira a Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta); a estos últimos dos los están amenazando con pedirles la renuncia a los funcionarios afines a ellos que están en la gestión nacional como los cordobeses Osvaldo Giordano (PAMI), Daniel Tillard (Banco Nación) y Franco Mogetta (Transporte) y la salteña Flavia Royon (Minería).
En tanto, el Gobierno anunció este jueves la eliminación de los subsidios al transporte público de las provincias a través de la derogación del Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios en las provincias, según indicó la Secretaría de Transporte.
El Presidente dio el visto bueno a la medida mientras se encontraba de viaje en Israel.
"Estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que gobernadores y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el AMBA, como así también se establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor", justificó el Palacio de Hacienda.
La justificación es imprecisa, según indicaron desde Unión por la Patria a través del diputado Germán Martínez. Aquellos pactos fiscales fueron dejados sin efecto por el último acuerdo entre la Nación y las Provincias que se ratificó en la Ley 27.687.
Se trata de una decisión que se precipitó en la última semana producto del enojo del Presidente con los mandatarios provinciales y que afecta mayormente a los gobernadores con quienes mantiene un foco de conflicto particular. A pesar de que no le recriminan la actividad de sus diputados, desde Casa Rosada también consideran enemigo público a Maximiliano Pullaro (Santa Fe) por su postura contra el apartado fiscal que estaba inserto en la ley ómnibus, particularmente en contra de la suba de retenciones.
Ante el anuncio del Gobierno nacional de la eliminación de los subsidios al transporte del interior del país, Pullaro afirmó que "a la provincia de Santa Fe siempre la discriminaron. Ahora se le quitan 1500 millones de pesos por mes, que era una partecita de los subsidios que daba Nación para sostener los subsidios al transporte. Nunca creímos que se iban a cortar los subsidios", señaló luego de una actividad.
Desde Nación traspasan la pelota a las provincias. "Los gobernadores no querían que subamos retenciones, lo cual nos servía; y además querían que paguemos el costo político de la reversión de Ganancias. Ahora el ajuste se lo van a comer ellos", indicó un funcionario del Ejecutivo, quien considera que "el apuro lo tienen ellos". El vocero presidencial, Manuel Adorni, consideró hoy en su habitual conferencia de prensa que, si todos los argentinos "están haciendo un esfuerzo" en materia económica, "también lo tienen que hacer los gobernadores".
Con la suba obligada que deberán tener los boletos de colectivos, los gobernadores sufren otro costo político que refiere a cuestiones fiscales. El Gobierno no está dispuesto a discutir la reversión del impuesto a las Ganancias para que el fondo coparticipable se incremente ni tampoco estudiar medidas alternativas por estas semanas.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Además, a través de Adorni, el Gobierno comunicó como un logro la reducción del 98% de las transferencias discrecionales a las provincias y se prevé que en los próximos meses esa política continúe. Incluso, bromean con que algunas provincias deberán seguir la suerte de La Rioja, que emitió una cuasimoneda para pagar parte de los salarios públicos. "Deberán arreglárselas por su cuenta", indican.
Sumado a esto, los gobiernos provinciales deberán elevar el pasaje a su valor real cercano a los $ 1000 o continuar subsidiando parte de la tarifa con fondos propios, indicaron desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), José Troilo. En tanto desde un importante gobernador de Juntos por el Cambio comunicaron que realizarán un pedido de informe al Ejecutivo a través de sus diputados con la finalidad de que expliquen la eliminación de ese fondo.
