La diputada nacional Rocío Belén Bonacci (La Libertad Avanza) presentó, junto a otros legisladores de su espacio, un proyecto para derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en una acción de la que el Gobierno se desligó por completo.
"El proyecto es mi iniciativa, no del Ejecutivo, y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro. Defiendo la vida. Ni más, ni menos", publicó la diputada esta madrugada en su cuenta de la plataforma X, en una acción que recibió críticas de dirigentes de diversos espacios opositores.
Presentado con fecha 5 de febrero, el proyecto solicita la derogación de la "Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)", además de retrotraer los artículos del Código Penal que la ley aprobada en 2020 modificaba.
Rocío Bonacci tiene 27 años, es técnica en Podología y tiene domicilio en Funes, Santa Fe. Allí, en la ciudad vecina a Rosario, abrió su propio local de manicuría.
Autodefinida como "pañuelo celeste", desde diciembre de 2023 es una de las tres diputadas libertarias que representan a la provincia de Santa Fe en el Congreso Nacional.
Es hija de José Bonacci, apoderado del partido Unite por la Libertad y la Dignidad, más conocido como Unite, y de Beatriz Brouwer, quien supo ser diputada provincial bajo la lista de Amalia Granata. Sus padres se conocieron mientras militaban en el "Movimiento por la Dignidad y la Independencia" (MODIN) de Aldo Rico.
"¡Soy hija del Operativo Dignidad! Todos venimos de algún lado. Sin embargo, ambos siempre me dieron libertad para pensar. Querían que fuera abogada y opté por la kinesiología, después encontré una veta económica interesante en la manicuría", contó alguna vez en diálogo con el diario La Capital.
Su padre, dueño de una planta impresora y cercano a la ultraderecha, fue candidato a presidente por el Partido del Campo Popular en las elecciones de 2011, en la que no pudo obtener más de los votos necesarios para superar las PASO. Uno de sus lemas para los spots de la campaña fue "Esta democracia no sirve".
Exconcejal de Rosario, Bonacci protagonizó recientemente un episodio policial. El sábado 30 de diciembre pasado, en la víspera de Año Nuevo, fue demorado tras ser denunciado por realizar disparos al aire en su casa de la zona sudoeste de la ciudad. En el lugar se secuestraron seis armas y se encontraron al menos tres vainas servidas de calibre 22. Para justificar la tenencia del arsenal, Bonacci presentó documentación de la Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados).
En 2023, y tras la alianza que el partido de su padre hizo con Javier Milei, Rocío Bonacci optó por dejar la podología de lado y dedicarse a la política. Las elecciones de octubre convirtieron a la lista libertaria en la más votada de Santa Fe, lo que posibilitó que tanto ella como Romina Diez y Nicolás Mayoraz ingresen a la Cámara como representantes de la provincia.
El documento presentado en Diputados fue acompañado por los diputados Benedit Beltrán, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente del bloque libertario, Oscar Zago.
En un posteo en la red social, Bonacci aclaró -en respuesta a un usuario- que "no son firmas de puño y letra" sino "acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp y otros personalmente".
Y agregó: "Podían estar o no. No sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo", en respuesta a versiones que indicaban que esos diputados libertarios no acompañaban la iniciativa.
Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni sí desligó al Gobierno del proyecto y señaló: "Es una discusión legislativa, no es parte de la agenda del Presidente (Javier Milei), no ha sido una decisión del Presidente y no ha sido impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo".
El proyecto de ley fue presentado el pasado 5 de febrero por la diputada Bonacci para pedir la derogación de la "Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)", además de retrotraer los artículos del Código Penal que la ley aprobada en 2020 modificaba.
En el caso del artículo 85, esta propuesta volvería a penalizar "con reclusión o prisión de uno a cuatro años" a quien causare el aborto en cualquier etapa de gestación y en el artículo 86 reinstalaría la "inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena" a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que "abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo".
Actualmente, de acuerdo con la ley 27.610 que se encuentra vigente, ambos artículos indican que no se incurre en delito en caso de que el aborto sea realizado dentro de las primeras 14 semanas de gestación y "con consentimiento de la persona gestante".
En tanto la propuesta libertaria pide volver a modificar el artículo 85 del Código Penal y penalizaría "con reclusión o prisión de uno a cuatro años" si se practicara un aborto con consentimiento "de la mujer".
Además, se eliminaría el artículo 85 bis, que reprime "con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena" a quien "dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare" a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.
Asimismo, se modificaría el artículo 88 del Código Penal: "Será reprimida con prisión de uno (1) a tres (3) años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare".
En la legislación actual, este artículo aplica tan solo de tres meses a un año a la persona gestante que, "luego de la semana catorce (14) de gestación causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare".
El proyecto presentado por LLA plantea además que "la tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho".