El jueves 24 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, lanzó una contundente amenaza a María Corina Machado. “No […]
El jueves 24 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, lanzó una contundente amenaza a María Corina Machado. “No hay forma de que sea candidata en ninguna elección en Venezuela”, afirmó en una encendida intervención ante los legisladores chavistas.
Por Infobae
En reiteradas oportunidades el régimen venía advirtiendo que la líder de Vente Venezuela (VV), candidata de la oposición tras su arrolladora victoria en las internas, no formaría parte de las próximas elecciones presidenciales previstas para este año. Sin embargo, la presión internacional y los Acuerdos de Barbados arrojaban una luz de esperanza para que, de una vez por todas, el chavismo garantice unos comicios libres y transparentes.
Pero la dictadura de Maduro, a pesar de sus promesas y compromisos firmados, tenía otros planes.
Las palabras de Rodríguez no fueron más que un adelanto de lo que ocurriría horas después. El viernes 25 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -afín al régimen- ratificó la inhabilitación política que ya pesaba sobre María Corina Machado.
Un TSJ que con esta sentencia volvió a estar en el foco de la polémica. Una vez más estuvo al servicio del régimen y le dio la espalda a la Constitución venezolana. Un TSJ que en su conformación ya viola lo establecido por la Carta Magna, ya que los nuevos miembros de la junta directiva no cumplen con los requisitos para desempeñar el cargo.
El artículo 263 de la Constitución es el que enumera las condiciones para ejercer como magistrados del máximo tribunal. Además de tener la nacionalidad venezolana por nacimiento, y no otra nacionalidad, deben ser ciudadanos de reconocida honorabilidad; ser jurista de reconocida competencia; gozar de buena reputación; haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y tener título universitario en materia jurídica; o haber sido profesor universitario titular durante un mínimo de 15 años; o ser o haber sido juez superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de 15 años en el ejercicio de la carrera judicial, y de reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones; entre otros.
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