¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Llevamos décadas preguntándonoslo para que venga ahora realmente Segolène a inquietarnos con ello. Todo por un embrollo y un embrollar las culpas. Les explico y ya irán viendo analogías. La cuestión es que las directivas europeas marcan unas normas a los agricultores de la Unión –prohibición de fitosanitarios, formas de cultivo, etc.– comunes a todos pero que los franceses, los primeros de la clase, los más esnobísimamente écolo, siempre dan un paso más y no sólo las adaptan sino que van más allá. De eso se quejan sus agricultores, de que juegan con reglas más duras que los españoles o los italianos. Convertir esa realidad en una competencia desleal de los que cumplen la directiva UE no es chovinista, es perverso. Justo lo mismo que pasa con el terrorismo en España. Se lo explico porque es muy importante para saber cómo está embrollando el tema de la amnistía Manolo García Castellón. All my loving, darling, I'll be true.
Después de la atrocidad de Charlie Hebdo, los dos grandes partidos reforzaron, dentro del Pacto Antiyihadista, la formulación de los delitos de terrorismo en España a la Segolène, es decir, yendo mucho más allá de lo que la transposición de la Directiva de la UE exigía y eso que la directiva ya parte de un esquema discutible como es convertir en eje de la tipificación "la intencionalidad". De aquellos polvos, estos lodos. Mira que ya les advirtieron que iban a acabar convirtiendo lo de los vecinos de Gamonal en terrorismo. Les ha tocado a las protestas de los catalanes por una sentencia del Tribunal Supremo. No está de más siempre recordar el papel en esta cuestión del otro Manolo, Manolo Marchena. Los Manolos los llaman en los corrillos jurídicos. All my loving, darling, I'll be true.
En el Código Penal español se añadieron más intencionalidades que las impuestas por Europa y se ampliaron los delitos relacionados. De cosecha española son los delitos contra el patrimonio que no se cometan como medio para cometer otro delito terrorista –por la intencionalidad, ya saben–, delitos medioambientales, drogas, visitar webs y los desórdenes públicos. Todo eso no está en la directiva sobre terrorismo de la UE y, ojo, en el TJUE lo saben perfectamente. Aun así, en las cabriolas que lleva a cabo García Castellón no se le puede escapar que los desórdenes públicos sólo son delito de terrorismo en España si han sido cometidos por una organización terrorista y que el propio CP en el artículo 171 nos dice qué es una organización terrorista: la que tenga como finalidad u objeto cometer delitos tipificados como terroristas, es decir, asesinatos, homicidios, secuestros. ¿Están en ese listado los desórdenes públicos o alguno de los recogidos en los autos contra los de Tsunami? Pues no. ¿Y dónde está el truco? Pues en hacer una finta y considerar que el Código Penal en el artículo 573 bis lo que dice es que esos delitos sólo son terroristas cuando se cometen por un grupo que por cometerlos es un grupo terrorista. ¿Lo ven, no? Tsunami llevó a cabo graves desórdenes públicos que son delitos terroristas porque los cometió un grupo terrorista que lo es por llevar a cabo esos mismos delitos terroristas.
Leído así parece una boutade, pero es que lo es. Partiendo de ese análisis todos los desórdenes cometidos por dos o más personas –un grupo– serían desórdenes terroristas de alguna manera si tuvieran alguna de las intencionalidades recogidas. Sucede que, y esto cierra el círculo de la pescadilla que se muerde la cola, una de las intencionalidades es "obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo", algo que de una u otra manera todas las protestas que pueden acabar en desórdenes persiguen. Todo esto ya se lo avisaron al PSOE en su día, cuando suscribió esa reforma, aunque entonces primaba sobre todo dar la imagen de blindaje frente a los lobos solitarios y no dejar descubierta la lucha contra la kale borroka. Que las cosas que permiten ser mal usadas acabarán siéndolo es un aserto incuestionable.
Por este camino van las vías que proponen arreglar lo de la amnistía boicoteada por los jueces aprobando el texto del proyecto como está y reformando el delito de terrorismo en el Código Penal, como propuso Asens y parece proponer el PSOE ahora, para evitar una imputación forzada de Puigdemont. También han ofrecido una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para impedir que las instrucciones se prorroguen hasta el infinito -la de la supuesta trama rusa la tiene Aguirre abierta desde 2016- y cuando al juez le interese. ¿Es esta buena opción y tiene visos de prosperar? A priori a Junts no le gusta nada la idea, entre otras cosas porque serían reformas a realizar tras la aprobación de la Ley de Amnistía y no se fían, y porque aún quedarían posibilidades de maniobra judicial. All my loving, darling, I'll be true.
A mí me parece complicado por otras razones. Creo que sí debería revisarse ese concepto de cajón de sastre y enormemente amplio en el que se ha convertido el terrorismo en España y que hasta ahora ha permitido a la Audiencia Nacional abrir procedimientos a titiriteros, tuiteros y otros pero no para lograr un efecto concreto con unos procedimientos concretos sino para evitar que los jueces de un tribunal que casi ha perdido su razón de ser hagan de su capa un sayo. Son demasiados los casos desviados del juez predeterminado por la ley a ese centro de poder usando para ello acusaciones de terrorismo rocambolescas. Tampoco me parece bien que la LeCrim se toque ad hoc aunque la reforma del PP limitando la instrucción para salvar a muchos de los suyos está teniendo efectos perversos, tal y como se advirtió en su día. ¿Pueden los franceses adecuar su legislación tomatera para rebajar las exigencias dejándola ajustada a lo que pide Bruselas? Pueden, otra cosa es si políticamente les interesa. ¿Puede España adecuar su legislación terrorista para rebajar las exigencias y dejarla ajustada a Bruselas? Puede, pero no sé si son estas las circunstancias políticas para hacerlo.
De todas estas cosas van las negociaciones entre los socialistas y los juntaires que ya se desarrollan en estos días de las que no sabremos nada hasta después de las elecciones gallegas, a petición de los socialistas. Ambas partes tienen voluntad de intentar un acuerdo en el que no cabe esperar que Puigdemont se inmole en el altar de la permanencia de Sánchez. Él, su círculo más próximo, y hasta 140 personas más imputadas rarunamente por terrorismo por García Castellón no sólo no quedarían cubiertos por la amnistía sino que quedarían en peores condiciones que ahora.
Dicen que hay tiempo hasta el día 22, sin olvidar que a Junts poco le importa dinamitar o no la legislatura. Los que alegan que no pueden porque Puigdemont desea fervientemente volver –Comin a la desesperada, él no tanto– no ponderan bien el efecto que unas elecciones en las que el PP pudiera gobernar a falta de Junts y el PNV tendrían para que muchos entendieran que todo esto no es en efecto terrorismo.
En todo caso los negociadores deben evitar los destrozos, los códigos y las leyes no se pueden convertir en la tomatina de Buñol so pena de darle alas a Feijóo y razones a Los Manolos. All my loving, darling, I'll be true.
