Los informes de las empresas de vigilancia detallan la tensión durante el bloqueo del aeropuerto, una de las acciones clave en las que el juez ve indicios de terrorismo
La investigación judicial del «caso Tsunami», que mantiene en vilo al independentismo –y que ha llevado a Junts a votar en el Congreso en contra de la proposición de ley de amnistía, en su afán por blindar la medida de gracia frente a cualquier actuación de los jueces–, concentra buena parte de los indicios de terrorismo que advierte el magistrado Manuel García Castellón en la toma del aeropuerto del Prat el 14 de octubre de 2019. Una acción que, según el instructor, puso en peligro la seguridad del aeropuerto y del tráfico aéreo y la integridad física de las personas que allí se encontraban, por lo que considera que encaja en las conductas que persigue el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo en lo que hace referencia a los «actos ilícitos dirigidos contra la seguridad de la aviación civil».
Los informes policiales incorporados al sumario detallan la magnitud de la protesta y las horas de tensión vividas en el aeropuerto, así como la evaluación de los cuantiosos daños causados. Pero son los informes facilitados por las empresas de seguridad del Prat, también incorporados a las diligencias, los que permiten seguir hora a hora las sucesivas incidencias que se produjeron, incluidas las alertas «antipánico» por el temor de pasajeros y personal de tierra ante la insólita ocupación de las instalaciones por Tsunami Democràtic.
Los partes diarios de tres de esas empresas de seguridad privada, Segurisa, Ilunión y Trablisa, reflejan la primera «aglomeración» a las 5:58 de la madrugada. Menos de diez minutos después, esa concentración «excede del serpentín principal». Tres horas más tarde, a las 9:10, las cámaras de vigilancia constatan otra en el control de pasaportes, mientras los concentrados pretendían acceder a la zona de embarque con tarjetas falsas.
En el informe en el que recoge esos partes de incidencias, la Guardia Civil señala que el objetivo de las miles de personas que acudían al aeropuerto era «colapsar sus accesos e impedir su normal funcionamiento». Hasta el punto de que, añade, «los accesos, tanto por carretera, tren y metro, estuvieron durante horas cerrados», obligando a las Fuerzas de Seguridad a «cargar contra los manifestantes independentistas para recuperar los citados accesos».
Pasado el mediodía, la situación se complica cuando advierten que «hay un grupo de presuntos CDR intentando acceder» por uno de los ascensores y por la rampa de subida a las instalaciones aeroportuarias. Solo tres minutos después, uno de los vigilantes solicita «refuerzo» para evitar «posibles intrusiones».
En esos momentos de incertidumbre, y mientras las aglomeraciones multitudinarias se suceden –la Guardia Civil cifra en unas 8.000 personas las que acudieron a la llamada de Tsunami para tomar el aeropuerto–, entre las 13:50 y las 14:00 ya se ha ordenado el cierre de los accesos a Renfe y Metro y solo se mantiene operativo uno de los que permite que los vehículos alcancen las pistas de la terminal T1 con el objetivo de evitar «posibles intrusiones». Diez minutos más tarde se produce una carga policial «en el interior del vestíbulo ferroviario». Después de que la Policía Nacional ordene el cierre de uno de los ascensores y «la rampa de taxis», la Guardia Civil hace lo mismo con «el filtro de pasajeros de P-30 ante la entrada de manifestantes».
La hora crítica, apunta la Guardia Civil, «se centró en la plaza central del aeropuerto al ser un lugar crucial para las comunicaciones», ya que por allí «pasan los taxis y autobuses que recogen a los viajeros que llegan al Prat».
Los agentes apuntan que la intención de los manifestantes era «entrar en la zona restringida del aeropuerto y bloquear el acceso a los controles de seguridad», intentando incluso bloquear la torre de control y comprometiendo así la seguridad del tráfico aéreo.
A las siete de la tarde, salta una alerta «antipánico» en uno de los mostradores de facturación. Es un aviso del personal de tierra, porque «están asustados por los manifestantes que se encuentran en el exterior» ante las «concentraciones de CDR».
A las 20:10 se toma la decisión de que los pasajeros de los vuelos internacionales al margen del espacio Schengen cuyos aviones aterricen en la T1 sean trasladados en jardineras a la T2. Ya entrada la noche, a las 23:00 se solicita protección en uno de los accesos al servicio médico dado que «permanecerá activo toda la noche».
La denominada «zona crítica de seguridad» de un aeropuerto, recuerda el Instituto Armado, es toda zona sujeta «a un control de acceso y un control de seguridad» y abarca al menos «todas las zonas de la terminal de salida de pasajeros situadas entre los puntos de control de seguridad y la aeronave». De ahí que la misión de los encargados de la seguridad en el aeródromo sea «planificar todas las medidas necesarias para impedir por todos los medios» que alguien introduzca objetos «que puedan ocasionar daños a las personas, a los equipos o a las instalaciones del aeropuerto».
[[H3:Técnicas de «guerrilla urbana»]]
A consecuencia de la acción de Tsunami, 108 vuelos fueron cancelados y se contabilizaron más de un centenar de heridos, casi la mitad agentes. Los informes enviados a García Castellón en esas fechas dan cuenta de que la gestión y operatividad rutinaria de las instalaciones aeroportuarias, «catalogadas como infraestructura crítica, se vieron seriamente amenazadas, lo cual generó una situación de riesgo importante», incluso para el tráfico aéreo, además de provocar indudablemente «grandes perjuicios económicos».
Otro informe, este de la Policía Nacional, hacía balance en noviembre de 2019 de esos días de furia independentista en protesta por la sentencia del «procés» del Tribunal Supremo y señalaba que aunque la mayor parte de las movilizaciones –que incluyeron el bloqueo de la AP-7 en el paso fronterizo de la Junquera– eran de «carácter pacífico», durante su desarrollo «desembocaron en actos muy violentos de tipología guerrilla urbana, con afectación de infraestructuras estratégicas y servicios esenciales, ataques a edificios de instituciones oficiales del Estado y autonómicas, ataques a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», destrozos en mobiliario urbano y daños a edificios y vehículos particulares, «alterando gravemente la paz pública», impidiendo «el normal ejercicio de los derechos fundamentales y la pacífica convivencia ciudadana». Una alteración que es, precisamente, uno de los signos distintivos de los delitos de terrorismo. La Policía contabilizaba en ese dictamen 206 detenciones, con más de 280 agentes heridos y destrozos en 269 vehículos policiales.
