La hoja de ruta acordada por el Gobierno y el FMI prevé eliminar el cepo, mantener el tipo de cambio alto y deja definiciones sobre el impuesto PAIS. Cómo bajar el déficit y la alta inflación
La letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) le puso fecha al fin del cepo y dejó un duro pronóstico para la inflación.
"Tras el realineamiento del tipo de cambio", dice sobre la devaluación del 54% que llevó adelante el gobierno de Javier Milei en diciembre tras asumir, "la política cambiaria debería seguir asegurando los objetivos de acumulación de reservas".
En ese marco, el "Staff Report" del Fondo que se elaboró luego de la misión en Buenos Aires que encabezó Luis Cubeddu y que fue analizado por el directorio este miércoles remarca que "se están adoptando medidas importantes para hacer frente al gran sobreendeudamiento comercial y crear un sistema de importación más transparente y basado en normas".
"Las autoridades se han comprometido a eliminar las restricciones cambiarias distorsionadoras y las prácticas cambiarias múltiples que persisten a corto plazo, y a desarrollar planes para reducir gradualmente los flujos de capital medidas de gestión, en la medida en que las condiciones lo permitan", detalla el informe del Staff técnico del organismo.
De esta manera, el FMI proyecta que la inflación bajará este año del 211,4% que marcó en 2023 hasta el 149,4%, pero con un promedio que llegará al 253,4%; es decir, el pico interanual estaría a mediados de 2024, con cifras que podrían superar el 300%.
No obstante, la evolución de los precios se desaceleraría raudamente y el organismo confía en que llegará a un 60% en 2025, para alcanzar un dígito anual en 2029.
La actividad económica en 2024 continuará en recesión, en el orden del 2,8%, pero traccionada por el fin del campo y una mejor liquidación de dólares y recaudación de pesos por la cosecha. Las actividades no agroindustriales verán un mayor descenso aún: 5,2% frente al año pasado.
Por el lado de lo fiscal, el ajuste de 5 puntos porcentuales del Producto se alcanzaría mediante una suba de 1,7 p.p. en los ingresos concentrada en los impuestos a las importaciones (PAIS) y exportaciones (retenciones), una baja de 2,9 p.p. en los gastos (subsidios, obra pública, transferencias a provincias, medidas "adicionales" por 0,3 p.p., el fin de la sequía, que aportará 0,8 p.p. y transferencias por 0,7 p.p.. Estas estimaciones fueron elaboradas antes de que el Gobierno retirara el paquete fiscal de la ley ómnibus.
A la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, con un congelamiento momentáneo de la fórmula se le agregará la suba de tarifas de luz (en febrero) y gas (en marzo), el fin de la segmentación de los subsidios y su reemplazo por un nuevo esquema de "canasta básica energética" a partir de abril. Desde el cuarto mes del año los precios de la energía reflejarán los costos, excepto para los hogares más vulnerables.
Para apoyar al Gobierno, los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportarían unos 1300 millones de dólares netos de los vencimientos.
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