En este contexto de señalamiento a los jueces, el magistrado de Barcelona Joaquín Aguirre ha prorrogado la instrucción de la pieza en la que investiga la llamada trama rusa del 'procés', a través de la cual ha hallado nuevos indicios que refuerzan la vinculación entre Carles Puigdemont y su entorno más directo con personas de confianza de Vladímir Putin. En esta pieza judicial, Aguirre trata de aclarar en qué medida Rusia apoyó el proceso independentista política, económica y militarmente. Incluso, y aunque el magistrado no lo cite de forma expresa, de sus últimas decisiones se infiere la posibilidad de que Puigdemont pudiese llegar a ser encausado por traición al Estado, lo que se sumaría a las acusaciones formuladas ya en otros procedimientos por malversación, o por terrorismo en la promoción e impulso de Tsunami Democràtic. Por eso la votación de hoy de la amnistía en el Congreso es tan relevante. Y si Junts se impone al PSOE –algo fácil de prever–, Puigdemont quedaría liberado de cualquier delito por grave que fuera. No es que jueces como Aguirre se inmiscuyan en política. Es que la coalición del Gobierno y sus socios –los mismos que redactan la amnistía– quieren que la política señale a los jueces y anule su independencia sólo porque contravienen los planes de Pedro Sánchez.
