Se confirma el golpe de Estado socialcomunista a la democracia. Perro Sanxe y el Coletas crearon una Policía Política para elaborar listas negras y llevar a cabo una caza de brujas contra el Partido Popular con la ayuda de Puchimón y los indepes que quieren romper España y destruir nuestra Constitución. El ministro de Interior de Sanxe ordenó crear informes falsos y listados de objetivos a los que perseguir con las informaciones fabricadas. Los documentos eran enviados al despacho de Perro y a un rebaño de periodistas apesebrados que hacían correr los bulos en sus panfletos. De ahí las tomaban los jueces corruptos para abrir causas sin fundamento contra los constitucionalistas españoles, hundir su reputación y condicionar los resultados electorales. Eso explicaría que los rojos hayan revalidado el Gobierno donde han instaurado un régimen totalitario.
Hablamos de violaciones gravísimas del Estado de derecho para atacar a todo el que se opusiera al plan de los golpistas: hablamos de informes policiales manipulados y de investigaciones no autorizadas por los tribunales, de la acusación falsa contra un patriota español de tener cuentas en paraísos fiscales, del intento de relacionar con el narcotráfico a un alto mando policial que no se plegó a las órdenes de la mafia, de la imputación del único fiscal jefe que estaba investigando, al que apartaron del caso. De hecho, a día de hoy, no existe ningún juzgado en España que investigue esta trama. La única causa abierta por estos hechos está en Andorra y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid impidió que la jueza andorrana interrogara a Perro Sanxe. El poder judicial, controlado por el ejecutivo. Montesquieu ha muerto. Aquí yace la democracia.
Afortunadamente, la prensa seria e independiente, la prensa de derechas, los Eduardo Inda, Losantos y compañía, aguerridos periodistas, han desvelado esta Operación España contra el constitucionalismo español y han puesto al gobierno ilegítimo contra las cuerdas. El Poder Judicial también se ha manifestado con dureza contra la flagrante lawfare practicada por jueces indignos de tal nombre. Y por supuesto, la ciudadanía crítica ha reaccionado para salvar la patria del golpismo comunista. Millares de valientes han salido a la calle en todo el país y han rodeado la sede del PSOE en Ferraz durante semanas para pedir una amnistía para los constitucionalistas injustamente perseguidos. El clamor popular contra la guerra sucia política, policial y judicial es unánime. ¡Amnistía para los presos políticos del proceso antiespañol!
Hasta aquí la ficción. Como ustedes saben, la realidad es justamente la opuesta. Es el Partido Popular el que creó la policía política, de la que Eldiario.es y La Vanguardia están desvelando estas novedades. Fue el ministro del Interior del PP, Fernández Díaz, el que dio las órdenes en 2012, cinco años antes de la declaración de independencia en Cataluña. Son periodistas de la derecha los que han publicado las noticias falsas sobre los independentistas. Son los jueces madrileños los que impiden que interroguen a Rajoy en Andorra. Son el Supremo y el Tribunal de Justicia de Madrid los que han enviado a los afectados a la Audiencia Nacional y allí es el juez García-Castellón el que se ha negado a investigar. Este es el juez mimado por Génova que ha perseguido a Podemos sin éxito y que ahora acusa a Puigdemont de terrorismo para impedir que pueda ser amnistiado, cargándole con la muerte de un hombre que sufrió un infarto en el Prat un día que había manifestación por la independencia. La realidad supera la ficción.
Perdonen que haya tirado de ironía. Pretendía mostrar qué pasaría en este país si hubieran sido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en colaboración con Puigdemont los que hubieran organizado las cloacas contra políticos de la derecha española y mostrar qué pasa cuando lo hace la derecha española contra sus rivales políticos, qué pasa cuando son los “constitucionalistas” los que violan la Constitución: nada. No pasa absolutamente nada. No hay manifestaciones ni tertulias en llamas ni una denuncia del Consejo del Poder Judicial contra la lawfare y contra los jueces que obstruyen la Justicia. No paran las rotativas ni abren los periódicos a cinco columnas para denunciar este atropello al Estado de derecho. Por eso el PP no quiere renovar el CGPJ: para que siga sin pasar nada. Hoy dice Feijóo que no hay Constitución en España porque los españoles no son iguales ante la ley. Y que lo digas, Alberto, y que lo digas.
